La muerte de Raúl Reyes, comandante nro. dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en un ataque aéreo nocturno a su campamento cerca de la población ecuatoriana de Santa Rosa, fue una muerte planeada que viola el derecho internacional y que confirma la existencia de un conflicto armado interno globalizado en Colombia.

Conflicto armado interno que el Gobierno colombiano se niega a reconocer, siguiendo las lecciones norteamericanas de la guerra preventiva, con la convicción de que si lo diagnostica como agresión terrorista puede enmarcar a sus adversarios como combatientes enemigos y los puede eliminar sin respetar los convenios de Ginebra, el Derecho de La Haya sobre conducción de hostilidades o abstenerse de aplicar los principios clásicos de inviolabilidad de la soberanía.

En un Estado de derecho, que proscribe constitucionalmente la pena de muerte, el peor de los criminales no puede ser bombardeado sin que se alegue exceso de fuerza o desproporción en el uso legitimo del poder punitivo del Estado. En un Estado de derecho la policía judicial debe entregar las pruebas al ente investigador y guardar la reserva del sumario y no salir a propalarlas a los cuatro vientos. En un Estado de derecho no se exhiben los cadáveres de los adversarios como se hacía en la edad media. En un Estado de derecho los combatientes recogen primero a los heridos y después a los muertos. Uribe V. está haciendo la guerra desde el Estado de la misma manera que la hacen los paramilitares.

Uribe V. ha logrado imponer su estrategia de guerra en Colombia y su medieval política criminal, por eso muchos de los logros de la llamada seguridad democrática están fundados en las alianzas con organizaciones paramilitares que han asesinado desde sindicalistas, académicos y defensores de derechos humanos hasta líderes guerrilleros. El paramilitarismo y las violaciones a los derechos humanos en el Estado Comunitario son considerados males menores. Por eso no marcha el 6 de marzo en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo y de los crímenes de Estado, sólo condena los crímenes de las Farc.

Muchos de los logros de la seguridad democrática están fundados en las punibles alianzas con el narcotráfico y el paramilitarismo como lo ha sentenciado la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación en los procesos contra cerca de 60 parlamentarios o en el juzgamiento de Jorge Noguera Cote, ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El conflicto armado interno de Colombia se salió de las manos del Gobierno colombiano, de las mismas Farc, de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas. Es un conflicto que en 50 años ha madurado y que ya tiene ejes, simpatías y antipatías allende las fronteras.

Las Farc parecen haber conquistado simpatías en los Gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Están, en la práctica, reconocidas como fuerza beligerante por algunos funcionarios de estos Gobiernos, cuentan con territorio fronterizo para movilizarse desde hace muchos años. Las Farc son el amor “tinieblo” de algunos funcionarios de Gobiernos vecinos. Las Farc tienen un reconocimiento de beligerancia en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y unas simpatías crecientes con otros países de América Latina.

El desprecio de las Farc por las iniciativas de paz de la sociedad civil colombiana las condenó al ostracismo en Colombia. Su pragmatismo militar (“suscribir todo lo que sea ganancia, y consultar todo lo que no sea”, pensamiento del fundador Jacobo Arenas) las distanció de la política nacional. Las Farc tienen un discurso libertario para los foráneos y acciones de indolencia para los compatriotas. Son luz en la calle y sombra en la casa. Tienen gestos de desagravio con Chávez F. y ni un solo gesto humanitario con Colombia. Parecen una guerrilla de ocupación, no tienen cariño por Colombia.

Lamentable es que las Farc en vez de aprender de los procesos democráticos electorales de Ecuador y Venezuela, sean ellas las que quieran dictar cátedra a estos países de su anquilosada revolución. Una revolución que mina los caminos campesinos y extorsiona con la dignidad humana. ¡Qué pereza para quienes tienen que leer los computadores de las Farc!

Washington-Bogotá es el eje que, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo que ellos arbitrariamente definen y pretenden imponer a los otros países, quiere imponer su inicua hegemonía capitalista en América Latina.

El eje Washington-Bogotá ha perdido espacio político en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Argentina. Es el eje que, disfrazado en la guerra contra las drogas y ahora en la guerra antiterrorista, quiere revaluar las reglas de la guerra en su favor, cambiar los estándares internacionales de derechos humanos como lo viene haciendo George W. Bush con la denominada Tortura del agua (waterboarding).

En enero de este año la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Unión Europea, con una votación de 101 contra 3, a revaluar el procedimiento arbitrario mediante el cual se confeccionan las listas de “terroristas” por ser claramente violatorias del debido proceso (Dick Marty, Estrasburgo, 23 de enero).

La lucha contra el terrorismo no tiene dudas, las Farc tendrán que ser juzgadas y condenadas por todos sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero esa lucha no justifica el retroceso en la protección de los derechos humanos o en el respeto de los derechos de los pueblos. La lucha contra el terrorismo no puede ser una excusa para la tortura ni para la vulneración de la soberanía de otros países.

La lucha contra el terrorismo no puede ser el neologismo de las cruzadas oscurantistas. Tomarse los países bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo o teniendo razón en la lucha contra el terrorismo enerva la democracia, envalentona al agresor y lesiona el sentimiento patrio del ocupado.

Uribe V. con la toma de Ecuador revive la doctrina Monroe (“América para los americanos”) y quiere mostrarle al mundo la complicidad de los vecinos con la guerrilla cuando ha sido Colombia el país desquiciado que no ha logrado una salida política al conflicto. Después de seis años de seguridad democrática no puede terminar Colombia echándole la culpa de sus males a los vecinos.

Las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) están en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, puestos 28 y 36 respectivamente (Posición común 2004/309/PESC del Consejo de abril 2 de 2004).

Colombia denunciará las relaciones de Ecuador y Venezuela con las Farc y, maliciosamente, guardará silencio de sus relaciones con las AUC. El presidente Uribe V. debería aprovechar, ahora que va a denunciar a Chávez F. ante la Corte Penal Internacional, y llevarse copia de los 60 expedientes de los congresistas, incluido el de su primo Mario, para que sean tramitados por el mismo tribunal.

Militarmente la muerte de Raúl Reyes es un golpe importante a las Farc, pero políticamente es un falso positivo: Colombia tenía una guerra con las guerrillas, ahora tiene dos más.

Colombia tiene que tramitar sus quejas contra Venezuela y Ecuador ante la OEA y la ONU si considera que hay connivencia de estos Estados con la guerrilla colombiana.

Finalmente, lo que está ocurriendo no es más que el desarrollo del “proyecto hecatombe 2010-2014”, proyecto mediante el cual el presidente Uribe V. genera las condiciones de ingobernabilidad necesarias para continuar su proceso de desinstitucionalización.

Medellín, 4 de marzo de 2008

- Rafael Rincón es director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.
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