Montevideo

La sociedad civil uruguaya lentamente ha comenzado a establecer, en forma articulada, una serie de espacios e iniciativas que apuntan a democratizar las comunicaciones y hacer efectiva la libertad de expresión e información.

Si bien desde hace mucho tiempo organizaciones como la APU (Asociación de la Prensa Uruguaya), que reúne a los trabajadores de la prensa y AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) vienen trabajando estos temas, es más reciente la formación de coaliciones amplias y de carácter permanente.

Desde el 31 de agosto de 2004 existe el Foro de Comunicación y Participación Ciudadana (FCPC), una instancia para el intercambio de experiencias, de análisis, de debate, de propuestas y de acción, como forma de ir construyendo “un espacio que permita la incidencia de la Sociedad Civil en la elaboración, definición y seguimiento de políticas públicas en comunicación y TIC”[1].

Según la carta fundacional “las organizaciones y personas involucradas en la creación del Foro buscamos democratizar las comunicaciones y reclamar el derecho a la libre información, que no depende solamente de formulaciones jurídicas sino de una justa redistribución económica de los recursos que permita el ejercicio de esa libertad, según la concepción integral, interrelacionada e interdependiente de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos”[2].

Se reúnen allí diversas organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en que los medios y las nuevas tecnologías jueguen un rol importante en la construcción de ciudadanía, asegurando el acceso de la sociedad civil a la gestión de medios de comunicación y el acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías, desde una perspectiva centrada en los derechos humanos.

Como nunca se había logrado, integran el Foro periodistas de distintos medios, asociaciones de consumidores y organizaciones de mujeres, ecologistas y medios comunitarios, ONGs defensoras de los derechos humanos y la universidad pública, instituciones que trabajan sobre las nuevas tecnologías, personas a título individual y sindicatos de trabajadores.

Desde esta diversidad, el FCPC no aspira a ser una nueva estructura organizativa sino una instancia de articulación, reflexión, elaboración conjunta e incidencia política. Esta decisión implica algunas dificultades obvias de funcionamiento y ha implicado un desarrollo lento, con altas y bajas de participación según las urgencias o las temáticas que se han planteado. Pero también ha permitido construir un espacio abierto y plural, de intercambio de información y debate, como plataforma de acciones que se han ido concretando poco a poco, algunas en conjunto como Foro y otras entre algunas de sus organizaciones integrantes.

Desde esas fortalezas y debilidades, el FCPC se está convirtiendo en un actor legitimado en estos temas, más allá de los enfoques particulares de sus integrantes, que permite visualizar la capacidad de la sociedad civil no sólo de cuestionar y opinar, sino también de proponer.

El FCPC mantiene un sitio Web[3] y una lista electrónica de intercambio como forma de articulación permanente, pero también ha organizado o promovido reuniones y seminarios sobre estos temas. La necesidad y características de un Observatorio de Medios ha estado varias veces entre sus consideraciones[4].

Varias son las iniciativas impulsadas por el Foro o bajo su “paraguas” y que han significado, junto al cambio de gobierno un débil pero creciente involucramiento de la sociedad civil.

Ya desde el gobierno de Jorge Batlle, el FCPC consiguió que el Ministerio de Relaciones Exteriores incorporara las propuestas de la sociedad civil en los debates hacia la etapa final de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Posteriormente, varios integrantes del Foro participaron como parte de la delegación oficial de Uruguay en instancias como las reuniones para aprobar el e-LAC 2007.

Una de las estrategias de incidencia tiene que ver con modificaciones a la legislación en materia de radiodifusión y libertad de expresión. Varias organizaciones integrantes han elaborado dos proyectos de ley que se encuentran  en estudio en el Parlamento. Uno es el proyecto sobre Radio y TV Comunitaria impulsado por AMARC, APU, la central sindical (PIT-CNT), la Universidad de la República, la Federación de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) y varias organizaciones de derechos humanos (IELSUR e ISODE).

En junio de este año el proyecto ha sido aprobado por la Cámara de Representantes (diputados)[5]. Siguiendo los más avanzados estándares internacionales, en la ley se destaca el reconocimiento de la radiodifusión como "un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y la libertad de información".

Según el proyecto aprobado, el espectro radioeléctrico será considerado como "un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y por tanto el uso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración".

El segundo es un proyecto sobre Acceso a la Información Pública, elaborado y promovido por APU, la Universidad, AMARC, Uruguay Transparente, organizaciones de archivólogos y organizaciones de derechos humanos (IELSUR y SERPAJ). Se encuentra actualmente en estudio de una Comisión en la Cámara de Senadores y se prepara también un anteproyecto de ley de Archivos.

Ambas iniciativas ciudadanas fueron tomadas como propias por los legisladores oficialistas (que tiene mayoría en ambas cámaras), sin cambios e ingresadas
al debate parlamentario desde 2005.

Al momento, una Comisión de personalidades y organizaciones sociales preparan un nuevo proyecto de ley, esta vez para despenalizar ciertos delitos de prensa, como el desacato por ofensa contra funcionarios públicos.

Como muestra de su reconocimiento institucional, el Foro de Comunicación y Participación ha sido invitado a participar en la Comisión Nacional de Televisión Digital, que tiene como objetivo formular recomendaciones para las decisiones que el gobierno de Uruguay tiene que adoptar en torno a la TV digital. A diferencia de otros países, donde este tema quedó en manos exclusivas de empresarios y gobierno, esta Comisión incluye actores estatales, empresariales y también de la sociedad civil.

También mantiene reuniones periódicas de intercambio con el presidente de la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones), el organismo regulador de las telecomunicaciones en Uruguay, con agenda abierta.

Como parte de su estrategia de incidencia en las políticas públicas, durante 2006 y los primeros meses de 2007, el FCPC estuvo centrado en una campaña pública para que el gobierno revocara las concesiones de radio de un grupo económico que había defraudado al Estado en varios millones de dólares por impuestos impagos en el uso de sus emisoras.

Se juntaron firmas, se enviaron cartas y se realizaron reuniones con autoridades del gobierno para que fueran devueltas al patrimonio público cuatro frecuencias en uso por estos empresarios (una AM y tres FM), y se solicitó que se priorizara su entrega a medios comunitarios y públicos.

Luego de garantizar el debido proceso, que incluyó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que descartó que se trate de un asunto que afecte la libertad de expresión, el gobierno firmó la revocatoria.

Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC