El Salvador, después de la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, ha vivido cambios importantes.  Cambios que todavía son insuficientes para garantizar la profundización de su democracia y la consolidación de la paz, ya que la tendencia a la acumulación de la riqueza en pocas manos no solo se ha mantenido sino profundizado.

Los Acuerdos de Paz propusieron reformas para garantizar la desmilitarización de la sociedad, haciendo cambios sustanciales al rol de la Fuerza Armada y la eliminación de los entonces llamados Cuerpos de Seguridad.  Se hicieron cambios en el sistema político y judicial, y se crearon instituciones que tutelarían la promoción y defensa de los Derechos Humanos.  Los acuerdos menores fueron los relacionados con las transformaciones económicas, ya que el sistema de acumulación de riqueza quedó intacto.

La otra gran deuda que se ha venido arrastrando es la falta de una democratización de las comunicaciones, como mecanismo para contribuir a la democracia, la libertad de expresión y la paz.  La tendencia que se mantiene es el fortalecimiento de grupos oligopólicos que buscan controlar la mayor cantidad de frecuencias radioeléctricas y medios de comunicación social.

Con la privatización de la telefonía, en la década de los 90, los sectores comerciales, en acuerdo con los partidos políticos de derecha, se garantizaron una Ley de Telecomunicaciones que no solo vino a legalizar el pasado y la forma perversa en la administración de las frecuencias de radio y TV, sino que también puso cerrojo para impedir iniciativas comunicacionales de la sociedad civil.

El Salvador continúa siendo un país con graves diferencias, donde la brecha entre los pocos que tienen casi todo y los muchos/as que no tienen casi nada se profundiza.  Una nación que, para poder consolidar su sistema económico, tiene que expulsar diariamente a más de 600 personas que salen en busca de su “sueño americano”.  Una sociedad que pierde rápidamente su identidad y en  la que los medios de comunicación comerciales abonan a la pérdida de su memoria histórica.

La historia de El Salvador, desde su nacimiento como Estado, se ha caracterizado por la apropiación de la palabra y el manejo de la información en muy pocas manos.  El autoritarismo y la concentración del poder han sido las constantes, lo cual se ha visto reflejado en los medios de comunicación.  En efecto, un rápido vistazo a la historia de la comunicación en nuestro país nos demuestra la existencia de fuertes monopolios y oligopolios en los medios de comunicación social y, derivada de esta circunstancia, su alineamiento casi total con los intereses de los grupos dominantes.

En las décadas de los setenta y ochenta, cualquier intento de combatir la concentración de la palabra y la sola intención de utilizar la libertad de expresión para criticar al régimen económico y político imperante traía como consecuencia la amenaza, tortura, desaparición y muerte.  Uno de los casos más sonados fue el asesinato del Arzobispo Monseñor Oscar Romero “la voz de los sin voz”, por parte de los Escuadrones de la Muerte y que según el Informe de la Comisión de la Verdad, de las Naciones Unidas, fue planificado por quien fuera fundador de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, partido que desde hace más de 15 años gobierna el país.

La Comisión de la Verdad concluyó, entre otras cosas, que “el silencio informativo, la desinformación y la impunidad ante el crimen forman parte de una realidad que la prensa escrita contribuyó a forjar”.  Estas afirmaciones sobre la conducta de la prensa escrita durante la guerra pueden perfectamente aplicarse a los medios de comunicación radial y televisiva de la época, aunque, por supuesto, con honrosas y contadas excepciones.  En gran medida, esa conducta persiste hoy disfrazada de objetividad y de balance informativo.

En la actualidad hay una brecha gigantesca entre la gran prensa comercial, asociada a los grupos de poder político y económico, y algunos esfuerzos informativos cuya sostenibilidad está en alto riesgo.  Las frecuencias de radio y TV (la mayoría) están prácticamente acaparadas por un pequeño grupo de personas y por organizaciones religiosas (éstas poseen un 60% de las frecuencias en AM).  Por razones políticas, por ejemplo, se le está impidiendo a la Universidad de El Salvador (UES) tener acceso a una frecuencia de radio AM.

No se puede negar que durante la posguerra han existido progresos en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo por la posibilidad de hablar sin enfrentar una política de represión abierta del Estado, sino además por la aparición de medios de comunicación alternativos que han intentado, con algún éxito, romper el monopolio de la opinión oficial en el país.

En ese ámbito de apertura ideológica de la posguerra, surgió en El Salvador un fenómeno comunicacional importante, con escasos precedentes nacionales pero con una lucha significativa en América Latina: la radiodifusión comunitaria.  Las radios comunitarias se definen como espacios alternativos de comunicación movidos, más que por el ánimo de lucro, por la satisfacción de las exigencias de la dignidad humana de las comunidades en las que se insertan y a las que se dirigen.  La radiodifusión comunitaria ha nacido con la convicción de promover el desarrollo humano de los pueblos y comunidades con la palabra y la imagen transmitida a través del espectro radioeléctrico.

El surgimiento de las radios comunitarias, aglutinadas en la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), ha significado un esfuerzo importante en la democratización de la palabra.  Desde su nacimiento, estas emisoras han debido enfrentar un marco jurídico que ha sido diseñado en función de la concentración, sin tomar en consideración ninguna otra lógica que la razón de “mercado”.  La lucha de ARPAS por legalizar la radiodifusión comunitaria durante la década de los 90 y las dificultades que actualmente enfrenta para subsistir, en un medio profundamente marcado por una visión comercial de la libertad de expresión, demuestran lo mucho que falta avanzar en la verdadera democratización de las comunicaciones.

Al igual que las radios participativas,  existen otros esfuerzos comunicacionales escritos que buscan democratizar las comunicaciones, como los periódicos Co-Latino, El Independiente, Nuevo Enfoque, El Faro y RAICES (por Internet), y nuevas revistas como Rumbo.  Junto a estos esfuerzos, se suma el trabajo de AMARC-El Salvador, que se da a través de sus radios y centros de comunicación.

Sin duda, existen fuertes presiones para competir con las radios y televisoras comerciales, a fin de lograr la continuidad de los proyectos alternativos, expuestos a la voracidad del mercado y las presiones políticas.  Estas circunstancias muchas veces terminan por deformar el carácter de los medios alternativos.  Por ello, la lucha por sostener los proyectos comunicacionales es permanente y creciente.

Oscar Antonio Pérez es Coordinador Subregional de AMARC-Centroamérica y Presidente de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (COMUNICANDONOS)