Medellín

El Estado colombiano, por medio de su presidente Uribe V., de su embajador en la OEA, Camilo Ospina, y de su canciller Araújo Noguera, se comprometieron con la comunidad internacional a respetar la soberanía, a la abstención de uso o amenaza de uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos de otros Estados (Art. 19 de la Carta de la OEA) y, por lo tanto, a no repetir la incursión militar del 1 de marzo en Ecuador (Res. 930 de marzo 5/2008, Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río y Res. de la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores). Pero, el ministro de defensa Juan Manuel Santos ha afirmado públicamente, y con posterioridad a los compromisos internacionales, que Colombia realizó un “acto legítimo de guerra” y que volvería a hacer lo mismo.

El ministro de defensa J. M. Santos amenaza con repetir el “acto de guerra legítimo” y lo dice para justificar la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina, muerto en territorio ecuatoriano, en el bombardeo en donde también murieron 24 personas más, entre ellos cuatro jóvenes mexicanos y el jefe guerrillero de las Farc Raúl Reyes.

La ilícita incursión colombiana en Ecuador empieza a adquirir nuevas dimensiones y a develar serias incongruencias que el Gobierno de Colombia y algunos medios de comunicación, en falsa actitud patriótica, quieren minimizar y esconder.

Ahora no sólo se trata de la violación de la Carta de la OEA (Art. 21), sino también de la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Convención Americana de Derechos Humanos. Ecuador considera que la muerte del ciudadano Aisalla Molina, sea o no guerrillero, es un asesinato de uno de sus ciudadanos en territorio propio por un ejército extranjero.

Surge para Colombia también la pregunta de si el Estado colombiano puede matar a un compatriota (guerrillero, terrorista, mafioso o un simple ciudadano) en suelo extranjero o si la pena de muerte sólo está prohibida en las fronteras colombianas. El Comandante del Ejército ha sido muy enfático en afirmar que fue una operación de asalto 100% colombiana y que no hubo intervención de Estados Unidos ni de Israel como algunos presumen.

Ecuador llevará el caso a la OEA y a la Corte Penal Internacional. A la OEA (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) porque ella solo ha tramitado el ilícito de la violación de fronteras y no ha asumido la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos; y a la Corte Penal Internacional porque considera un delito de agresión la ilícita incursión con la muerte de su conciudadano.

Colombia alegó en la OEA que había actuado en legítima defensa, pero fue derrotada abrumadoramente. La jurisprudencia de la OEA relacionada la define como “una necesidad de legítima defensa instantánea, irresistible, que no dejará la posibilidad de otro medio y un tiempo para la deliberación”.

El Presidente hace caso omiso de un elemento esencial de la legítima defensa, que es el de la inminencia, pero, además, contradice las palabras de los Generales de la República que afirmaron que la Operación Fénix fue una operación de asalto planeada con tiempo.

Un bombardeo aéreo con 10 bombas GBU12 de 500 libras contra un objetivo guerrillero a las 0:25 horas del 1 de marzo, en territorio ecuatoriano, es una operación de asalto y no una legítima defensa (Informe de la Comisión de la OEA que visitó Ecuador y Colombia, Washington, 17 de marzo, página 7).

El ministro Santos argumenta, por otro lado, que la muerte del ciudadano ecuatoriano es un “acto legítimo de guerra” y el presidente Uribe V. dice que se acoge a la OEA, pero insiste en llamar “sitio de terroristas” el campamento de las Farc en territorio ecuatoriano. El Presidente sigue jugando con dos cartas: a nivel internacional dice acoger el mandato de la OEA y a nivel nacional defiende la acción como legítima defensa del derecho a la seguridad.

La dualidad de Colombia en el concierto internacional le ha restado credibilidad. ¿Quién le cree a Colombia? Solo Estados Unidos.

Bogotá-Washington es un eje regional que enfrentado al resto de países. Las incongruencias del Gobierno de Uribe V. han alejado a México y a Perú de la posición colombiana.

En la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores Colombia sufrió su mayor revés, ayudado por la desinformación que quiso introducir con la foto que presentó como de Larrea-Reyes. Las salidas de Colombia siguen siendo desastrosas. No ha podido enmendar su violación al derecho internacional porque su doctrina de guerra preventiva no tiene acogida en el continente latinoamericano.

¿Quién gobierna en Colombia? ¿Existe un vacío de poder? ¿Sabía el presidente Uribe V. de la incursión armada en Ecuador o le correspondió legitimar una acción atrevida del Ministerio de Defensa? ¿Por qué el ministro de defensa J. M. Santos le rinde cuentas a John Dimitriv Negroponte (Funcionario de la Secretaría de Estado de EE. UU.) a espaldas del presidente Uribe V.? ¿Por qué los Generales le entregan primero la información al periódico El Tiempo que a la Fiscalía General de la Nación? ¿Por qué Chávez F. le pide a Uribe V. que calle a Juan Manuel Santos? ¿Gobierna J. M. Santos? ¿Gobierna Uribe V.? ¿Es Juan Manuel el nro. dos de Uribe V. o es Uribe V. el dos de Juan Manuel? ¿Está Uribe V. atosigado de poder? ¿Le entregó Uribe V. la política de seguridad democrática a los Santos? ¿Es más militarista J. M. Santos que Uribe V.? ¿De dónde salió la orden de operación hacia el campamento de Reyes? ¿Quién tomó la decisión de incursionar en Ecuador? ¿Fue considerado el costo de la operación? ¿Fue una reacción a la liberación de los secuestrados?

Uribe V. reina pero no gobierna. Los mismos que aceptan a Uribe V. reconocen en mayoría que el país no va bien. El viernes 29 de febrero se generó un vacío de poder en Colombia, uno parecido al del 6 de noviembre de 1985 cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Igual que en esa fecha el Presidente salió a asumir toda la responsabilidad de la operación, pero no dirigió la operación. Con una diferencia: un civil (J. M. Santos) estuvo al frente del ex abrupto y el Presidente, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, estuvo ausente de la Operación Fénix.

La incursión de Colombia en Ecuador quiso ser justificada por Colombia y por EE. UU. en la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA con el precario argumento de la legítima defensa. El mismo con el cual se ha justificado la violencia paramilitar y se ha legitimado la violencia oficial como un mal menor.

Colombia es el Estado agresor en esta crisis diplomática y así ha sido aceptado por el Gobierno Uribe V. en la OEA, pero el Gobierno no maneja la misma actitud hacia adentro. Colombia reconoció oficialmente que no tramitó legalmente su derecho a la seguridad. La forma como lo hizo también la lleva a ser considerada como un Estado que puso en riesgo la paz regional, que incurrió en un crimen contra la paz y contra la seguridad de los Estados.

Colombia no renuncia a la doctrina que ha construido y que denomina Seguridad “Democrática”, doctrina que se funda en la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, en la connivencia con el paramilitarismo, en la legítima defensa preventiva y en los dañados y punibles ayuntamientos con el narcotráfico para derrotar a su enemigo político y militar: la guerrilla.

Ecuador, como Estado lesionado, y contando con la confesión solemne de Colombia, tramitará internacionalmente sus quejas con grandes posibilidades de éxito. A estas demandas se adherirá México y serán ventiladas también ante las instancias de derechos humanos de Naciones Unidas.

Colombia, con el auxilio de Estados Unidos, estará inmersa en una guerra fría con sus homólogos latinoamericanos. Uribe V. lleva diez años trabajando con la combinación de las formas de lucha, pero J. M. Santos nunca ha escondido su aversión hacia Chávez F., y sus enormes deseos de agradar al Norte y ahora a Israel.

El presidente Uribe V. empieza a sentir las consecuencias del nombramiento en la cartera de defensa de J. M. Santos. El nombramiento de Santos fue un desafío a Venezuela y un guiño a Estados Unidos. Salir de él ahora sería un gesto de inamistad con las Fuerzas Armadas y Uribe V. las quiere tener siempre a su lado. ¿Aguantará o lo pondrá en cintura?

Colombia le tiene miedo a Uribe V. y a toda la violencia que él representa, algo tan evidente como la pena de muerte, prohibida en la Constitución, así sea un delincuente reconocido o a un ciudadano desconocido no es cuestionada ni por el Congreso, ni por la Justicia, ni por los órganos de control (Defensoría del Pueblo o Procuraduría General de la Nación), ni por los medios de comunicación. Existe un silencio connivente.

Uribe V. reina en Colombia, en el sentido medieval, es decir recoge los impuestos, los honores y hace las guerras, y J. M. Santos, gobierna, también en el sentido medieval, es decir, J. M. Santos, como todo un cruzado, ejecuta.

Colombia está lejos de su mayoría de edad democrática porque tiene una Constitución Política que le sirve de maquillaje a un gobierno autoritario que viola los derechos humanos en nombre del derecho a la seguridad.

- Rafael Rincón es Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.
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