Parapolítica, en general, es el nombre acuñado a la estrategia de las autodefensas o paramilitares, quienes, en concierto con (otros) narcotraficantes, se articularon para tomarse el poder político en Colombia. Con dicha estrategia, lograron dominar desde gobiernos locales y regionales en diversas zonas del país, hasta llegar al poder nacional invadiendo el Congreso de la República y extendiendo sus apéndices por diversas instituciones del Estado a través del un nuevo tipo de clientelismo armado y una siniestra burocracia mafiosa.

La toma del Congreso y los partidos por los narco-paramilitares

La parapolítica es, particularmente: “el escándalo judicial de mayor gravedad y de mayor proporción que haya sufrido un órgano legislativo de un Estado democrático contemporáneo, no sólo en Colombia, sino en el mundo"[1].

PARLAMENTARIOS INVOLUCRADOS [2]

Además, la parapolítica también es la peor crisis que hayan sufrido nuestros partidos políticos en toda su historia. Partidos que se vieron aplastados en muchas regiones por sospechosas colectividades que de la noche a la mañana parecieron acabar con cualquier rezago de hegemonía bipartidista en el país. Pero, partidos que a la vez, sufrieron también por dentro la avasallante arremetida de esta coalición de terror y mafias que los infiltraron en proporciones aún no determinadas; ya que, día a día, la justicia está destapando los verdaderos alcances del asalto a la democracia realizado por los narco-paramilitares. 

En primer lugar de gravedad, hablamos de partidos captados por el narco-paramilitarismo o nacidos de sus propias entrañas, en su estrategia de recomposición de nuestro sistema político. Partidos que sucedieron el fragor de la sevicia y terror paramilitar con que se llegó a controlar territorios enteros del país. Estos partidos presentan por esto votaciones atípicas, precisamente en zonas de influencia paramilitar, lo que se ha llamado por los investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris: distritos electorales paramilitares. Hoy estos partidos demuestran la rigurosidad de la investigación judicial en ese sentido, al tener más del 50% de sus bancadas parlamentarias involucradas en la parapolítica. Mejor dicho, partidos que, en lo que va de la investigación –que a penas ha comenzado- ya tienen condenados, presos o investigados a la mitad o más de sus congresistas (incluso colectividades que tienen la totalidad, o más del 100% de sus bancadas en la cárcel).

En segundo lugar, hablamos de partidos infiltrados, los cuales, por grave negligencia, o en algunas circunstancias, porque sus estructuras regionales cohonestaron con la entrada de representantes de mafias y grupos armados a integrar sus listas o encarnar candidaturas, hoy se encuentran carcomidos por la ilegitimidad derivada de la parapolítica.       


1.3 PARTIDOS CAPTADOS POR LA PARAPOLITICA[3]

PARTIDOS INFILTRADOS POR LA PARAPOLITICA

El Clientelismo armado y la burocracia mafiosa

OTROS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS[4]

Es a través de la parapolítica (clientelismo y burocracia mafiosa), que estos grupos usan y dispone de las instituciones del Estado y de los recursos públicos para favorecer sus intereses y las de sus aliados. Por esta vía se han apoderado en vastas zonas del territorio nacional de los recursos de la salud, a través de EPS, ARS e IPS fachadas, con las cuales ganan inmensas cantidades de dinero desfalcando al Estado colombiano a través del sistema subsidiado de salud[5], llevándonos a una paradoja macabra donde los recursos que el Estado designa para salvar la vida de los colombianos están siendo utilizados para financiar homicidios, masacres, violaciones y desplazamientos.

Otro ejemplo, es el negocio de la Palma Africana, viabilizado por el Congreso de la República, en senda ley, que terminó beneficiando a narcotraficantes y paramilitares y les facilitó el despojo, el desplazamiento y la falsificación de títulos de las propiedades de comunidades campesinas, negras e indígenas. Negocio levantado sobre la vida de miles de seres indefensos y que se cerró con broche de oro con el estatuto rural y la ley que permite el saneamiento de la venta de inmueble ajeno. Y ni hablar de la ley de beneficios para el proceso de paz con los paramilitares, que fue aprobada con el voto de sus representantes en el Congreso. 

La captación de entidades como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, desde donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales, se planearon falsos positivos y hasta se abrió una oficina clandestina de espionaje al servicio del narcotráfico, fue posible gracias a una cuota clientelista de estos grupos representada en el propio director de la entidad, hoy preso por el escándalo. La infiltración de la Fiscalía, el Incoder, la misión diplomática o de Acción Social continua vigente.

La apropiación de las concesiones viales, del negocio del chance y hasta de las galerías, san andresitos y la prostitución hacen parte de la baraja del control paramilitar.

No gratis, la exportación de cocaína aumentó en el último año, ya que son los paramilitares colombianos el principal cartel que existe en el mundo. Y a los cuales, el Gobierno les ha entregado, para facilitarles sus negocios: las rentas públicas, las concesiones, los grandes proyectos agrícolas, los subsidios y las tierras que pertenecen a los desplazados.

Parte del grave problema que sufre Colombia está en el Congreso, hoy preso por la parapolítica, pero hunde sus raíces en que los paramilitares nunca se desmovilizaron y continúan, no sólo asesinando y amenazando gente bajo otros nombres y denominaciones, sino profundizando sus actividades de desfalco de lo público y diversificando su lucrativa actividad del narcotráfico, que cuenta hoy con toda una gama de negocios impulsados desde el gobierno para llevar a cabo el lavado de sus activos[6].
Por esto tienen razón los que promulgan que está anomalía violenta y corrupta que se tomó la política no se arregla con medidas coyunturales como la reforma política, que hoy cursa en el Congreso de la República, y proponen soluciones más estructurales por medio de un referendo para sanear la política y que incluya el adelanto de elecciones, o los que van más allá y proponen replantear el contrato social en su conjunto por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.

Alternativas a la crisis

Tanto el Referendo constitucional y la asamblea nacional constituyente, son medidas a mediano y largo plazo respectivamente, y mientras no se llenen de contenidos no pasan de ser instrumentos pero nunca propuestas verdaderas de salida a la crisis.

El referendo y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente son herramientas previstas en la Constitución para reformar la Carta Política parcial o, totalmente en el caso de la asamblea. Un referendo, por ejemplo, podría permitir algunos ajustes puntuales al actual sistema político, al sistema de partidos, al modelo de oposición, al financiamiento de las campañas, a construir un mejor blindaje frente a las mafias armadas y de narcotraficantes, e inclusive, a ordenar y convertir en eficaz la jurisdicción electoral y a los órganos de control político que hoy lucen más pálidos que nunca ante su impotencia frente al escándalo y a la crisis.

Una asamblea nacional constituyente, por el contrario, no sirve para el mediano plazo y mucho menos para la coyuntura actual que exige medidas de inmediata aplicación (sanciones políticas). La Asamblea tiene por esencia replantear el contrato social de fondo, implica una gran discusión nacional de qué modelo de Estado queremos construir y, una vez instalada esa discusión por medio de la elección dicha constituyente, esta se torna soberana y puede entrar a discutir y replantear toda nuestra institucionalidad creando una constitución nueva y totalmente diferente a nuestro marco normativo actual. La asamblea constituyente de temas limitados no existe en la práctica, es más para esto la misma constitución dispone del referendo constitucional y los actos legislativos.

Las salidas urgentes

Nuestra ingeniería constitucional determina que, cualquier cambio institucional tenga que pasar por el Legislativo, órgano que precisamente sufre en este momento de la más grave infiltración de toda su historia. Paradójicamente, la reforma política que pretende impedir que grupos armados y mafias de narcotraficantes se tomen el poder legislativo, por medio de sanciones políticas estrictas y normas de responsabilidad a los partidos, debe llevarse a cabo por un Congreso tomado por dichas organizaciones delincuenciales. Es más, un Congreso en su mayoría perteneciente a la coalición del gobierno y cuya bancada parlamentaria es la que mayoritariamente está implicada en este aberrante escándalo judicial.
Por esto, la necesidad de que la sociedad en su conjunto, y en un pacto con los sectores políticos ajenos a está podredumbre, presionen la aprobación de las sanciones políticas y de aplicación inmediata, contenidas en la actual reforma política. Lo contrario, sería dejar al país en una sin-salida institucional bastante peligrosa, más cuando las investigaciones judiciales cada vez se acercan al ejecutivo, cuya imagen personal (a pesar de los escándalos) llega hoy a un 79% de favorabilidad. Ejecutivo cuestionado moralmente, pero empeñado en atornillarse al poder por medio de la aprobación de la reelección indefinida, sea por la vía legislativa de éste mismo Congreso, o por su cierre de facto y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente basada en la ilegitimidad ética pero sustentada en la popularidad del mandatario.

4.1 La reforma política y sus consecuencias inmediatas

Una reforma constitucional es intemporal y por ende, de aplicación inmediata. Por esto la propuesta de aplicar sanciones aquí y ahora debe estar encaminada  a llevar al Congreso a un proceso de auto-sanción y auto-depuración. Proceso que empieza con la reforma y que necesariamente debe continuar con la reestructuración del marco de variables generales de la crisis (narcotráfico, conflicto armado interno, clientelismo, monopolio comunicacional, latifundismo mafioso, educación política, presidencialismo, etc.) 

Entre las sanciones políticas de aplicación inmediata están: la silla vacía o congelada a partir de la medida de aseguramiento[7]. Que impide el reemplazo de la curul de quien ha sido detenido, en procesos por vínculos con grupos armados o mafias del narcotráfico, que actualmente es remplazado por quien le sigue en votos o en orden en las listas de los partidos. Una vez el congresista es condenado el partido perderá la curul y si es absuelto le será devuelta.

Hasta hoy, existen cinco congresistas condenados que ya cambiarían la composición del congreso. Pero, inclusive, y dependiendo de cómo se aprueba finalmente la reforma, podrían desaparecer entre 5 y 6 partidos por efecto de la misma.  


CONGRESISTAS CONDENADOS [8]

Además de perder la curul, los partidos pierden sus votos obtenidos y deben devolver los dineros que el Estado les entregó, fruto de la reposición electoral. De esta forma, y con los congresistas hasta ahora condenados, la composición de el umbral y la cifra repartidora cambiarían; afectando, tanto las personerías jurídicas, como el número de congresistas elegido por partido.     

PERDIDA DE LA CURUL, ANULACION DE VOTOS  POR PARTIDO Y REPOSICION DE DINERO

PERDIDA DE LA PERSONERIA JURIDICA
POR SANCION DEL 50% o del 30%

- Gabriel Bustamante Peña es miembro del Equipo Político-jurídico de Corporación Viva la Ciudadanía, www.vivalaciudadania.org