En Oaxaca se vive desde hace muchos años en un estado de excepción. Las mismas autoridades utilizan la ley a su antojo y violan de manera recurrente las garantías constitucionales de la población. En Oaxaca no existe la menor voluntad gubernamental para respetar los derechos humanos como lo han constatado la mayoría de los organismos nacionales e internacionales que han conocido la difícil realidad que se vive en ese estado mexicano.

En Oaxaca se mantiene en el poder un pequeño grupo de funcionarios, empresarios y políticos, gracias al apoyo que le han brindado los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón, pero también gracias a una extensa red de cacicazgos locales, bárbaros y violentos, los cuales pueden hacer y deshacer a su antojo a cambio de asegurar en cada proceso electoral una cuota de votos a favor de los candidatos del PRI. En Oaxaca el Partido Revolucionario Institucional mantiene su control por ya casi 80 años gracias a una extensa red de grupos locales y regionales de poder que cuentan con plena impunidad para cometer todo tipo de delitos, atracos y tropelías.

La impunidad de que gozan los caciques priístas ha dado lugar a que estos y sus sicarios actúen una y otra vez y en cada ocasión con mayor saña y crueldad. Sin esta protección oficial es imposible entender como Fortino Alvarado Martínez, quién ante más de 10 testigos asesinara a sangre fría al Presidente Municipal de Tecomaxtlahuaca fuera pocos meses después liberado sólo para participar en el asesinato de José Jiménez Colmenares, un manifestante muerto a balazos en una las movilizaciones de la APPO. Por cierto Fortino pertenece al mismo grupo que ha sido señalado como responsable de la muerte de Felicitas Martinez y Teresa Bautista, las comunicadoras triquis de la Radio Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, asesinadas apenas el mes de abril pasado.

Sin la complicidad de jueces, y agentes del ministerio público sería imposible que un multihomicida como Lucio Esteban Vázquez Ramírez a quién se le imputan por lo menos 50 crímenes en la región de Loxicha, siga libre, atracando y asesinando. Sin esta protección el sanguinario Freddy Morales Arías no hubiera mandado asesinar con lujo de violencia y extrema brutalidad a Melesio Martínez, comisariado comunal de Ixcatlán y a dos ciudadanos más de ese lugar.

Caciques como Freddy Gil Gopar, Agustina Acevedo, Andrés Castro, Elpidio Concha Arellano, los Raymundo o Freddy Morales, quienes han sido presidentes municipales, diputados o delegados de gobierno cuentan con la protección gubernamental y han tenido las manos libres para actuar criminalmente, lo cual les ha permitido seguir ordenando la muerte de sus opositores sin temor a un castigo. Por ello en San Blas Atempa, aún están impunes los crímenes de los zapotecas Faustino Acevedo Baylón y Rosalino Díaz lo que ha permitido que las huestes de Agustina Acevedo asesinen de nuevo, cobrando ahora la vida de Paulino Salud

En Oaxaca a estos caciques se les considera protegidos por el mismo Chucky, sobrenombre que se le da al actual Presidente del Comité Directivo estatal del PRI , quién fuera Secretario de Gobierno y quién sigue siendo el brazo derecho del Gobernador Ulises Ruiz. Jorge Franco, “el Chucky” es señalado públicamente como presunto responsable del asesinato y desaparición de más de veinte personas al encabezar a un grupo paramilitar y se le liga con numerosos actos represivos más, muchos de ellos coordinados por el marino Manuel Moreno Rivas, quién orgullosamente se reconoce como kaibil.

Mientras en Oaxaca se siga asesinando con impunidad; mientras se utilice la ley sólo para encarcelar a los opositores de un régimen bárbaro y brutal y mientras se le brinde protección a los criminales, la ciudadanía se seguirá movilizando de manera intensa como lo ha hecho en estos dos últimos años; sin embargo esta pacífica protesta social hasta ahora no ha sido suficiente para frenar la barbarie gubernamental. La violencia extrema con la que actúan los grupos caciquiles, la ausencia de un estado de derecho y la falta de espacios políticos están creando un ambiente propicio para una explosión aún mayor a la que sacudió a Oaxaca en el 2006. En Oaxaca tanta impunidad esta abriendo la puerta a una revuelta donde la violencia será un elemento sin lugar a dudas presente.

Y sigue la mata dando, y siguen siendo asesinados autoridades comunales, comunicadoras indígenas y líderes sociales, mientras otros muchos opositores pagan con cárcel por el delito de reclamar sus derechos, y los verdaderos criminales cada vez más sanguinarios, siguen libres, matando, robando, gobernando. ¿Hasta cuando?