Ante los hechos sucedidos en los últimos días respecto a las ocupaciones de tierras por parte de organizaciones campesinas, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresa:

Estas ocupaciones se enmarcan en un contexto en el cual el Estado paraguayo tiene una responsabilidad y deuda histórica con los campesinos y campesinas, uno de los sectores más pobres del país. El Estado paraguayo es el responsable de una de las peores distribuciones de tierras en la región. Según datos de la Encuesta Integrada de Hogares de 2002, en Paraguay el 29,7% de la población rural no tiene tierras, el 60% de la población con menos tierra posee sólo el 6,6% del total de tierras, y el 10% con más tierra tiene el 66,4% de las tierras.

Es evidente la ineficacia total del Estado, a través de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y de varias instituciones estatales, entre ellas el INDERT, en impulsar una reforma agraria dirigida a garantizar tierra suficiente para el sector campesino y disminuir la pobreza rural.

Preocupa que el Estado, por medio de los funcionarios del sistema de justicia –fiscales, jueces y policías- busque dar solución a esta problemática a través de medidas punitivas, detenciones e imputaciones de campesinos/as que participan en las ocupaciones de tierras. Así tenemos actualmente 2.000 campesinos imputados en los últimos años, y 75 fallecidos y dos desaparecidos en la lucha por la tierra en Paraguay entre 1989 y 2005, según investigaciones documentadas por el Informe Chokokue elaborado por la CODEHUPY.

Es alarmante el accionar de los guardias armados (“capangas”) de las tierras de los grandes propietarios, que actúan con completa impunidad y violencia. Éstos ya fueron responsables de las muertes de varios campesinos/as. La estrategia de utilizar paramilitares como modalidad de resolución de conflictos aumenta la violencia y el enfrentamiento entre ciudadanos/as y ahonda la ausencia del Estado.

En síntesis, las ocupaciones de tierra se dan ante la falta total de respuestas adecuadas por parte del Estado ante esta situación de injusticia social que lleva décadas. La única respuesta estatal ha sido la violencia, la represión y la criminalización de las protestas. El movimiento campesino actúa frente la negación de derechos, ante un Estado que no funciona y es gobernado por agentes corruptos y desinteresados en el bien común.
Por ello, la Codehupy:

Exige la urgente implementación de una reforma agraria integral, único camino para dar una solución de fondo a la pobreza rural y a la exclusión histórica que sufre el sector campesino. Esta reforma agraria debe darse desde la perspectiva de que el acceso a la tierra es un derecho humano, y uno de los derechos esenciales que hacen al derecho a la vida.

En el marco de la reforma agraria, urge también la realización de un catastro o censo de tierras que contribuya a la implementación de una justa redistribución de las tierras, ya que el Estado no conoce si existen tierras fiscales ni dónde están las tierras malhabidas y quiénes deben ser atendidos prioritariamente en la adjudicación de las tierras.
Solicita que cualquier política sobre la tierra y la reforma agraria no sea un obstáculo para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, que sigue siendo otra gran deuda del estado paraguayo.

Exhorta a las instituciones estatales con participación en esta problemática –en especial a fiscales, jueces y policías- a reconsiderar la política punitiva respecto a las ocupaciones de tierras, dejando de lado la respuesta violenta y represiva. La práctica de los desalojos suele llevar a otras violaciones de los derechos humanos, con familias enteras en la intemperie, incluyendo niños, mujeres y adultos mayores. El criterio jurídico que debe aplicarse es considerar que estos hechos, desde el punto de vista legal, recomiendan la no persecución penal a la luz del Art. 19 del Código Procesal Penal. La causal de mínimo reproche y/o insignificancia debe ser aplicada a favor de la búsqueda de una pacificación fundada en el acceso a la justicia.

Por último, manifestamos que en este histórico momento de esperanzas y cambios que vive el país, se requiere de la participación y compromiso de todos los sectores de la sociedad en un franco y sincero dialogo en búsqueda del bien común y de la tan ansiada paz y justicia social.

Asunción, 16 de mayo de 2008.