Asunción, 11 de junio de 2003 Ante los hechos violentos contra manifestantes campesinos ocurridos el pasado 3 de junio en Santa Rosa del Aguaray ordenada por la fiscalía a cargo de una fuerza militar-policial conjunta, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) expresa cuanto sigue: a.. Un Estado de Derecho se basa en el cumplimiento de una legalidad que se sustenta y legitima en el estricto y riguroso respeto de los derechos humanos de cada una de las personas sujetas a su jurisdicción. b.. La fiscalía autorizó una represión no ajustada al Estado de Derecho al violar los Derechos Humanos de los manifestantes, comprobados por nuestra organización, que incluyó: a.. La golpiza generalizada de embarazadas, niños/as y personas de la tercera edad, además de otros manifestantes; b.. la quema y robo de carpas, ropas y enseres de los campesinos acampados en las inmediaciones; c.. la detención de 5 menores de edad; d.. las torturas físicas y psicológicas de 27 detenidos; e.. la muerte de 1 manifestante, heridas graves a otros 10 y leves a unos 85. 1.. Responsabilizamos al Ministerio Público, representado por el fiscal Lucio Aguilera, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de cometer delitos en el cumplimiento de sus funciones pues no agotaron todas las medidas de solución pacífica del conflicto, utilizaron fuerza excesiva y uso de material antidisturbios indebido para el fin pretendido. La prueba de ello es la muerte de uno de los manifestantes y la gravedad en las lesiones de otros. 2.. Responsabilizamos al Gobierno del presidente Luis González Macchi por adoptar políticas de seguridad que criminalizan las legítimas manifestaciones y protestas de los sectores populares con las sucesivas represiones registradas en los últimos meses en el país a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Por ello exigimos: a.. El retiro inmediato de las fuerzas militares destacadas en Santa Rosa del Aguaray, pues no es su función constitucional y no están preparados para los desafíos que allí se requieren; así como la desmilitarización del Departamento de San Pedro en el cuál periódicamente operan, como es de público conocimiento, fuerzas militares conjuntas, nacionales y extranjeras, bajo la razón oficial de lucha antiguerrillera o antiterrorista. b.. El cumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno con los cedroneros el 24 de abril; c.. El esclarecimiento y justicia a los responsables de la muerte, torturas y tratos crueles y degradantes de los manifestantes campesinos; d.. La reposición o devolución de los bienes destruidos y robados por las fuerzas de seguridad. Por último, es necesario entender que estos problemas sociales han sido generados por los malos gobiernos de las últimas décadas y que la solución no se alcanzará dejándola en manos de los órganos represivos sino con mecanismos de resolución pacífica de conflictos y políticas públicas que favorezcan a toda la ciudadanía carenciada. Para más información comunicarse con: Pilar Royg, Servicio Paz y Justicia - SERPAJ Py. Tel: 481-333 / 481 – 340 / Cel (0971) 284290 Raquel Talavera, Centro por la Justicia y Derecho Internacional - CEJIL Py. Tel: 208-615. Cel (0971) 208995 Eli Burró, Pastoral Social Nacional. Tel: 491-707 / 441-009 Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). Tel: 449- 482 2. Informe Preliminar Una delegación encabezada por Raquel Talavera del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Cejil Paraguay, Pilar Royg de Servicio Paz y Justicia Serpaj Py y Eli Burró de la Pastoral Social Nacional, todas organizaciones integrantes de la Coordinadora por los derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), se dirigieron hasta Santa Rosa del Aguaray para recabar informes, denuncias, testimonios y pruebas de la represión policial en contra de los cedroneros el martes último. Este es un relevamiento preliminar preparado por el SERPAJ Py sobre estos sucesos (*). Relatorio Caso: Represión a los agricultores de Cedrón en Santa Rosa del Aguaray Antecedentes El Cedrón Paraguay se empezó a cultivar en zonas del Departamento de San Pedro hace aproximadamente tres años atrás. Dirigentes colorados, en su mayoría, y liberales de San Pedro que también trabajan como intermediarios para la comercialización de este producto, empezaron a incentivar por aquellos tiempos el cultivo del cedrón. En él vieron un buen negocio al detectar un pequeño mercado en el exterior. Utilizaron sus influencias en la gobernación de la región y en el gobierno de turno para que se aumentarán los incentivos a tal cultivo. Con el paso del tiempo los agricultores que se dedicaron al cultivo del cedrón fueron aumentando. Hoy se sabe, según fuentes gubernamentales y de organizaciones campesinas, que el número de familias campesinas dedicadas al cultivo alcanza aproximadamente 2.300. Los antecedentes del "conflicto de los cedroneros" nos llevan al tiempo en que empezaron las promesas para la comercialización masiva del producto en el exterior, lo que no resultó ser tal. Primero porque el mercado internacional no aumentó su demanda del cedrón. Segundo porque el Estado ineficiente no tomó las medidas apropiadas para que el producto por lo menos se mantenga en su nivel de demanda en el exterior. Y tercero porque, según denuncian los campesinos, CADELPA boicoteó el cultivo al ver que afectaría la mano de obra que se dedica al cultivo del algodón. El conflicto propiamente comenzó en febrero pasado con la primera movilización de los cedroneros. Un primer contingente aproximado de 670 campesinos había solicitado al Ministerio de Agricultura indemnizaciones para resarcirlos del daño del fracaso del proyecto del cultivo del producto. Agricultura accedió al pedido. Inmediatamente después un segundo contingente de 1.680 aproximadamente también solicitó las indemnizaciones. Agricultura , luego de la primera movilización de los labriegos, también aceptó el pedido. Pero pasó el tiempo y no vino la efectivización de la indemnización. El 23 y 24 de abril pasados hubo otra movilización para presionar por el desembolso inmediato. El 24 de abril, como fruto de las presiones, el gobierno accedió a firmar un acuerdo. Este contempla: a.. verificación al azar del 20% de los cultivos de cedrón b.. pago de 2 millones de gs. por hectárea en un plazo no mayor de 8 días. c.. inicio de arreglos de camino en la primera semana de mayo d.. distribución gratuita de útiles escolares e.. Inmediata apertura de una filiar de la UNA. El monto total de las indemnizaciones ascendía a 3.500 millones de guaraníes. Ninguno de estos puntos fue cumplido por el gobierno. El conflicto se reavivó. Los cedroneros volvieron a la cargada el pasado 20 de mayo con una movilización más, ante lo cual el Poder Ejecutivo autorizó por decreto a Hacienda la transferencia de los 3.500 millones para el pago de las indemnizaciones. Pero Agricultura volvió a trabar el pago sosteniendo que deben ser verificadas la extensión total de los cultivos (finca por finca) y que sólo desembolsará la plata a aquellos que pasen la prueba de la verificación. Así llegamos a la última manifestación que se inició en los últimos días de mayo y que desembocó en la movilización con corte de ruta del 3 de junio, la que fue brutalmente reprimida. Relevamiento de datos de la represión. La delegación de SERPAJ Py que se trasladó el fin de semana pasado hasta Santa Rosa del Aguaray y San Pedro recabó las siguientes informaciones sobre la represión a los cedroneros: a.. Los cedroneros, apoyados por asentamientos de otras organizaciones como la Coordinadora de Productores de San Pedro Norte (alrededor de 400 manifestantes), cierran la Ruta III cerca de las 11:00. b.. El fiscal Lucio Aguilera y el oficial policial Oscar López comunican a los manifestantes de la ilegalidad de la medida de fuerza y advierten que si no abandonan la ruta, serán desalojados. Los cedroneros se mantienen en la ruta. c.. Un acción conjunta de las fuerzas publicas (militares y policías, efectivos de la comisaría y antimotines) integrado por cerca de 400 uniformados intervino. Se movilizaron dos carros hidrantes. Primero lanzaron gases lacrimógenos y luego dispersaron a los manifestantes de la ruta a cachiporrazos. d.. Las fuerzas conjuntas persiguieron a los manifestantes y empezaron a sonar las armas de fuego. Los campesinos alcanzados por los efectivos fueron brutalmente golpeados con golpes de puño, de pies, cachiporras, culatas de fusil. Los 32 atrapados fueron sometidos a durísimas golpizas. Los campesinos que se refugiaron en el local del IBR, a 100 metros del lugar, fueron castigados con furia por la policía. También destruyeron el campamento de los campesinos, cercano al lugar de la manifestación. e.. El resultado de la represión: tres campesinos heridos gravemente con arma de fuego (uno ya falleció), 20 heridos con armas contundentes, 32 detenidos. Las fuerzas públicas destruyeron completamente el campamento de los campesino: hurtaron objetos y bienes, quemaron carpas y ropas. Durante la visita a la Penitenciaria de San Pedro se verificó el estado de salud y se conversó con los 27 detenidos (5 menores fueron puestos en libertad). Ernesto Benítez, José Rodríguez, Salomón Ocampos, Ramón Morel, Rigoberto González, Aníbal Maíz y varios otros relataron que fueron torturados física y sicológicamente en la comisaria de Santa Rosa y en el local del IBR. Se ensañaron con los líderes detenidos a quienes sometieron a escarnios frente a sus compañeros. Los referentes, dijeron, recibieron abierta amenaza de muerte de la policía. El testimonio de Cristino Peralta, periodista corresponsal del diario ABC Color en San Pedro (el único hombre de prensa presente en el momento de la represión) es revelador. Peralta dijo: "Fue una masacre. La correlación de fuerzas fue desproporcionada. Centenares de efectivos militares y policiales garrotearon y jugaron a matar con armas de fuego a los campesinos. Los que fueron atrapados tras la persecución fueron sometidos a golpes terribles. La policía y los militares se ensañaron con ellos. Yo observé a un francotirador cuando se iba a apostar en un techo. Cuando se percató de que lo había visto, se escondió. He visto cómo golpearon a Ernesto Benítez entre cinco o seis. También vi cómo el fiscal Aguilera prácticamente dirigía a los policías en la represión, alentándolos a golpear a los campesinos. A mi me amenazaron de muerte el día siguiente de la represión, porque no les gustaron las fotos que quite de la represión". (*) Informe elaborado por Arístides Ortiz del SERPAJ Py Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)