Mientras los antimotines que protegen el acueducto privado del grupo Mapache garrotean al pueblo de Sardinal, el Gobierno de los hermanos Arias hace público su nuevo proyecto de "Ley de Recurso Hídrico", que expresamente elimina el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental.

¿Coincidencia? De ninguna manera. Lo que está pasando en Sardinal no es otra cosa que un nuevo capítulo de la guerra por el agua que ya estamos viviendo en Costa Rica. Son muchas las comunidades que han sufrido o sufren conflictos similares por el derecho a usar el agua, incluyendo la necesidad de conservarla libre de contaminación y sobreexplotación: Huacas y Lorena en Santa Cruz, Monteverde en Puntarenas, Milano, El Cairo y La Francia de Siquirres, La Perla de Guácimo, Poás y Desamparados de Alajuela, Barva de Heredia, entre muchas otras.

La lista es interminable. Las circunstancias de cada caso pueden variar. Pero en todos el común denominador es el mismo. La contradicción insostenible entre los derechos más elementales de la gente, de las comunidades locales y la voracidad de poderosos grupos económicos, en su mayoría trasnacionales, que presionan por la explotación intensiva de los recursos naturales para sus megaproyectos turísticos, inmobiliarios, de monocultivos o de industrias extractivas. En el fondo lo que está en discusión es si el agua es y seguirá siendo algo más que una simple mercancía.

¿Por qué protesta la gente de Sardinal? Como consecuencia de la proliferación descontrolada de proyectos inmobiliarios construidos sin permisos en regla y sin ningún tipo de planificación ni estudios previos, se han sobreexplotado al límite del agotamiento los acuíferos que abastecen de agua a la zona de playas del Coco y Ocotal (cantón de Carrillo) La explotación irracional de los recursos naturales se ha llevado al extremo de que se han construido nuevas urbanizaciones y condominios de lujo donde sencillamente no existe posibilidad de extraer más agua. Ante esta realidad, la "solución" encontrada por el Gobierno y los dueños del negocio, ha sido la construcción de un acueducto privado para traer agua de otras regiones hacia sus proyectos, en este caso, de los acuíferos que abastecen al pueblo de Sardinal.

Con tal fin 22 inversionistas vinculados al Grupo Mapache y agrupados en una sociedad denominada "Cocowater", firmaron y una "carta de entendimiento" con el AYA y constituyeron un fideicomiso para financiar la construcción del acueducto privado. Los funcionarios de esta institución, que durante años se ha olvidado de dar mantenimiento al acueducto público de Sardinal, no han escatimado esfuerzos ni recursos para favorecer el proyecto privado de "Cocowater", incluyendo prestar el nombre de AYA para facilitarles la evasión de requisitos legales.

Las obras se iniciaron sin contar con los permisos municipales y una evaluación de impacto ambiental debidamente aprobada. Los estudios realizados por AYA (con fondos públicos) para justificar la extracción de agua son parciales e incompletos. No contemplan el impacto acumulado sobre los acuíferos de la gran cantidad de proyectos que se están construyendo en la zona. El SENARA, la institución que cuenta con el conocimiento especializado en materia de aguas subterráneas ha denunciado que su criterio nunca fue tomado en cuenta para determinar la viabilidad del proyecto. La auditoría interna de AYA ha detectado graves irregularidades en el mismo.

Sardinal es un pueblo pacífico. Pero ya es demasiado el abuso, el irrespeto y la arbitrariedad. Con indignación, estos pobladores ven como los mismos que se han apoderado de prácticamente toda la zona costera y los han ido desplazando de las mejores tierras, ahora también quieren llevarse el agua que necesita la comunidad.

Por eso se están levantando en todo el territorio nacional cada vez más comunidades como el valiente pueblo de Sardinal. Pelean por su derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, por su derecho a satisfacer sus necesidades básicas, pero también por su derecho a no ser forzados a abandonar los territorios que habitan, a decidir como se utilizarán y protegerán los recursos naturales ubicados en esos territorios, a definir su propio modelo de desarrollo.