Hace unos días, el Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, lideró el hundimiento de la reforma política que pretendía depurar al Congreso de la presencia de representantes de grupos armados y mafias del narcotráfico, bajo el argumento de que no se podían perder las mayorías y la gobernabilidad con propuestas como la silla vacía. Ahora, pretendió hundir la ley de reparación integral de víctimas, y aunque no lo dijo explícitamente, quedó una amarga sensación de que el gobierno, no solo quiere conservar la representación política ganada con los victimarios, sino también evitar que estos y el propio Estado vean menoscabados sus recursos teniendo que reparar a las víctimas.

La alianza que llevó a que representantes de los victimarios se tomaran la política en Colombia, tiene un gran componente económico. Las grandes extensiones de tierras, incluidas las que se les arrebato a los hoy más de tres millones de desplazados, hacen parte del macroproyecto que pretende destruir al campesinado colombiano y a las comunidades indígenas y afro-colombianas, relegándolas a engordar los cinturones de miseria en las ciudades porque su presencia en el campo más que incomodar, estorba. Por esto, el mapa del desplazamiento en Colombia es también el mapa de los grandes negocios: la palma africana, la caña de azúcar, el petróleo, las minas y el mismo narcotráfico, están detrás de las grandes olas de desalojos violentos que han sufrido nuestras víctimas. Víctimas de un conflicto más económico que político. Por esto, no es extraño que grupos económicos nacionales y transnacionales, narcotraficantes, políticos y militares concurrieran a impulsar el paramilitarismo como estrategia de control territorial bajo la excusa de la lucha contraguerrillera.

Desde hace un tiempo y a espaldas de los intereses del país, nuestro gobierno ha renunciado al agro como despensa alimentaria y pretende convertirlo en un desierto verde destinado a suplir las necesidades energéticas de las grandes potencias y alimentar los enormes negocios de las transnacionales y unos pocos empresarios nacionales. En esta nueva vocación para Colombia dentro del orden internacional los campesinos no tienen cabida. Y como son estos los que mayor número de víctimas aportan a nuestro infame conflicto, una ley que pretenda repararlos integralmente, empezando por la devolución de las tierras, es un absurdo o un barril sin fondo como lo mencionó el Ministro Holguín el día que pidió hundir el proyecto en la plenaria del Senado de la República.

Contrario a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, a las peticiones de entidades como la Procuraduría General de la Nación, a las exigencias de las organizaciones sociales, al llamado de las víctimas, e incluso, oponiéndose al apoyo, que al proyecto de ley han dado los partidos políticos, incluidos los uribistas, el gobierno insiste en no permitir que se apruebe y ha elevado sesenta objeciones al mismo.

Por esta vía, ya logró que se eliminara el concepto de víctimas del conflicto armado y con esto le dio un duro golpe a la finalidad del proyecto de velar por el respeto y las garantías de las víctimas dentro del derecho internacional humanitario, que es el que regula el respeto de los derechos humanos en medio del conflicto. Y al mismo tiempo, insiste en darle status de delincuentes políticos a los grupos paramilitares, para poder plantear un proceso de amnistía e indulto (ley de punto final) en el marco de un conflicto armado ante el fracaso de la ley de justicia y paz.

También pretende el gobierno eliminar la responsabilidad del Estado y de los victimarios mismos ante los crímenes cometidos por décadas en Colombia. Por un lado, se ha negado rotundamente a incluir como víctimas a los miles de colombianos que han sufrido de los abusos y delitos de lesa humanidad por parte de integrantes de la fuerza pública u otros organismos del Estado. Son millares los casos de violaciones a los derechos humanos donde han intervenido directamente o en colaboración estrecha con grupos irregulares agentes del Estado. Comunidades enteras han sido martirizadas, grupos políticos desaparecidos y miles de colombianos perdieron la fe en las instituciones ante este macabro fenómeno donde las entidades encargadas de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos terminaron por violarlos de la peor forma.

Por otro lado, pretende el gobierno remplazar la verdad, la justicia y la reparación integral por el pago de una reparación administrativa. Falaz compensación, que de forma indigna tasa algunos delitos y, bajo la lógica de la solidaridad y no de la responsabilidad, pretende entregar un dinero a las víctimas para anular la vía judicial, comprar su silencio y fortalecer el proceso de expulsión manteniéndolos en las ciudades con un dinerito y ayudas sociales para paliar su indigencia.

Con la reparación administrativa, como dice la Corte Constitucional, se genera una amnistía de responsabilidad civil. Responsabilidad que asumiremos los ciudadanos con nuestros impuestos, lo cual para la Corte es un contrasentido al ser la sociedad una víctima más del proceso macro-criminal. Por esto el decreto de reparación administrativa es una respuesta del gobierno ante la revisión de la Corte a la ley de justicia y paz, donde lo conminó a: ser responsable de la restitución de bienes, a pagar las indemnizaciones sin el pretexto de la disponibilidad presupuestal y exigió a los victimarios a responder solidariamente por todos los crímenes de su organización, así como a reparar con la totalidad de sus bienes lícitos e ilícitos.

Para terminar, lo que más disgusta al gobierno, y a lo que con mayor saña se opondrá de aquí en adelante, es el tema de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, que le ha merecido un capítulo entero en el proyecto de ley así como al componente de restitución patrimonial. La ley privilegia la vía judicial por encima de la administrativa, con lo cual da al traste con la pretensión del gobierno de limitar todo a la entrega indiscriminada de dinero a través de una de las entidades más inoperantes, excluyentes y captadas por el clientelismo regional: Acción Social. Y en la misma lógica dispone que en los juicios de restitución patrimonial sea el victimario y no la víctima, quien tenga la obligación de probar que el origen de sus bienes no es fruto de la socavación de los derechos de otros.

El impulso que da la ley a la vía judicial como principal derecho de las víctimas al permitir el acceso a la justicia, a la verdad y garantizar la no repetición junto a las reparaciones simbólicas. Sumado a figuras tan novedosas y necesarias como la catalogación de presunción de ilegalidad sobre los bienes de las víctimas, así como la determinación de zonas espurias, abren el camino para garantizar un verdadero proceso de reparación donde sea en primer lugar el victimario y en segundo lugar el Estado, quienes respondan ante los millones de damnificados que ha dejado el conflicto en Colombia.

Mal mensaje ha dejado el gobierno con su oposición al proyecto de reparación integral de las víctimas. Más, cuando se esgrime la falta de recursos como argumento y mientras tanto el país observa como: miles de millones se han invertido en el proceso de reinserción de los paramilitares; como los informantes de grupos armados reciben a diario enormes cantidades de dinero; como se exime de impuestos a grandes empresarios y transnacionales; como negocios como el de la palma merecen una ley para su impulso o como se le da sin problema alguno cinco mil millones de pesos a un criminal por llevar la mano cercenada de su jefe.


Gabriel Bustamante Peña
Integrante del Equipo Jurídico-Político
Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

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