Colombia

La transición democrática: de la guerra a la paz

Gabriel Bustamante Peña

19/10/2012

Opinión

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La agenda pública de Colombia durante los próximos años, va a estar necesariamente ligada al proceso de paz, sea que se concrete exitosamente, o sea que fracase a lo largo del camino. Sin embargo, sin pecar de optimismo desbordado, todo parece indicar que la negociación política del conflicto será la salida más probable dadas las actuales circunstancias; ya que, por un lado, existe un debilitamiento militar de las FARC y el ELN, logrado en los últimos años del gobierno de Uribe y consolidado en lo que va del gobierno de Santos, pero por otro, los costos financieros, técnicos y humanos de la política de seguridad democrática son tan enormes, que se convirtieron en insostenibles, y fracasaron al no poder cumplir su objetivo de derrotar a las guerrillas.

Además, este proceso tiene la ventaja de ser irreversible en cuanto a las consecuencias que va a generar, ya que, un eventual fracaso, afectaría gravemente tanto al Gobierno de Santos, que está buscando reelegirse en medio de una agenda reformista sin precedentes en los últimos años, como a las FARC, que tienen una última oportunidad histórica de convertirse en una expresión política, sin referente mundial en el siglo XXI. Por primera vez, FARC y Gobierno tienen todo que perder ante un descalabro del proceso de paz, y gracias a la Providencia existe Uribe, para recordárselos todos los días.

Hoy la paz tiene cabida, porque el cansancio y hastío de la guerra para ambos bandos está en el grado más alto, y la posibilidad de una solución bélica definitiva, a corto o mediano plazo, ya no está en las cuentas de ninguno. Y si bien es cierto, la consolidación de la democracia liberal, especialmente en América Latina, hoy dejó sin legitimidad la búsqueda armada del poder, también es cierto que el conflicto colombiano es un asunto sin resolver desde mediados del siglo pasado, lo que lo hace histórico y totalmente sui generis; por lo que el país deberá ser muy creativo al momento de concretar las soluciones a un problema de tipo feudal, incrustado con sangre en la era de la información y la tecnología.

Por esto nuestro conflicto, aunque político, no es ético. Y sólo se explica su continuidad en el tiempo, por ser un conflicto esencialmente rural, que no llega al corazón de las élites (llamadas históricamente a resolverlo), lo que ha degenerado en su injustificada prolongación y envilecimiento. El conflicto colombiano, que en su última versión inicia en la década de los 60, con la mutación de las autodefensas rurales liberales en la época de la violencia, a guerrillas campesinas y de izquierda, sigue respondiendo a las mismas causas de despojo y explotación campesina, al abandono y la violencia estatal, a la iniquidad en el acceso a la tierra, y a la falta de oportunidades de los excluidos sectores rurales.

Ahora, hay que reconocer que el presidente Santos se la jugó totalmente por la solución política del conflicto, con un sentido de oportunidad histórica y un cálculo de escenarios en el que fue, paso a paso, generando un campo de viabilidad política para la paz. Primero, con actos como el reconocimiento del conflicto armado y la promulgación de la ley de víctimas y de restitución de tierras, que puso la discusión de la guerra por fuera de la visión narco-terrorista, y la llevó al campo de lo político y lo humanitario; segundo, con el restablecimiento de las relaciones con los países vecinos, especialmente Venezuela y Ecuador, con quienes además adelanta hoy una agenda conjunta de relaciones internacionales, que le quita espacio político a las guerrillas, y a la vez, se convierte en una amenaza a sus estructuras de frontera; tercero, por el planteamiento de una agenda realista para desactivar el conflicto, donde confluyen los problemas históricos que dieron origen a la subversión, pero elevados a su justa proporción; cuarto, por el apoyo unánime de la comunidad internacional al proceso, especialmente la Unión Europea y EEUU; y quinto, por el respaldo mayoritario de la sociedad colombiana, que está creando un ambiente propicio para la paz, pero con una mirada más crítica y reflexiva que en el pasado.

Este marco de condiciones favorables para que el proceso de paz se materialice, coloca a la sociedad civil en la enorme tarea de organizar una agenda que, no sólo ayude a llevar a cabo de la mejor forma la superación del conflicto armado, y haga seguimiento a los acuerdos y compromisos de las partes; sino que prevea también un escenario de postconflicto, entendido éste como un verdadero espacio de superación de la guerra con las guerrillas, más no de la violencia. Violencia que incluso, puede llegar a agudizarse más, si no se realiza debida e integralmente la transición de la guerra a la paz.

Por esto, esta agenda debe incluir una fuerte incidencia en los factores de desmovilización de las tropas guerrilleras, para evitar que la violencia que ejercía y controlaba la subversión se desboque hacia el narcotráfico y otros tipos de ilegalidad. De igual manera, debe buscar prevenir la generación de coletazos urbanos de violencia, por la vía de la aparición de bandas criminales, alimentadas con los rezagos de ex combatientes de todos los bandos. Lo anterior, proponiendo una política integral de reinserción, inmersa a su vez en una nueva y estructural política económica y social, que de entrada tendrá que buscarle oficio a más de 40.000 guerrilleros (entre combatientes y sus bases sociales), y a gran parte de los miembros de la fuerza pública (ejército y policía), que hoy se acercan a los 500.000 hombres.

Se viene un enorme esfuerzo en la labor de velar por los derechos de las víctimas, construir un país más equitativo y justo, cerrar las brechas sociales y tecnológicas, modernizar el campo colombiano y luchar contra flagelos como el narcotráfico, pero ya no en medio de la guerra, que es lo más valioso del proceso; ya que, poder hablar de un país en paz, después de más de cincuenta años de conflicto, es hablar de un país totalmente distinto al que hasta ahora hemos conocido.

- Gabriel Bustamante Peña es Asesor jurídico político, Corporación Viva la Ciudadanía

@bustamantep

Edición N° 00325 – Semana del 19 al 25 de Octubre de 2012

Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía

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