Cuando el tema del desplazamiento en el mundo ocupa titulares y páginas enteras en los principales periódicos, en Colombia, que tiene más personas que Irak, según cifras de ACNUR, se prende una luz de esperanza para estas víctimas. El Talón de Aquiles de la Seguridad Democrática ha sido el desplazamiento que para muchos, en lugar de frenarse, ha aumentado en los últimos años. Esta crisis humanitaria no es una prioridad para el Gobierno como se evidenció durante el debate sobre Carimagua. Por ello, uno de los principales logros del Senado de la República en la presente legislatura es el haber aprobado en segundo debate el proyecto de ley que protege a las víctimas del conflicto armado, incluidos los desplazados. La forma como este proyecto fue debatido, a pesar de las objeciones del Gobierno y sus intentos por hundirlo, demuestra la conciencia cada vez mayor sobre la necesidad de construir condiciones ciertas y beneficiosas para grupos específicos que han visto sistemáticamente vulnerados sus derechos en la guerra que vive el país.

Ese imperativo ético, que demanda la búsqueda de acciones y estrategias reales para reparar a las víctimas, encuentra en el tema de las tierras uno de los indicadores más importantes para valorar el esfuerzo de garantizar la dignidad y los derechos. De acuerdo con esto, no queda duda de que la propuesta sobre protección de tierras de los desplazados de este proyecto, ahora en manos de la Cámara, es una apuesta seria y coherente que permite asumir el compromiso moral que tenemos como sociedad.

Como lo ha señalado el analista Héctor Mondragón, con la ley 1152 que establece el Estatuto de Desarrollo Rural, y la ley 1182, que determina procedimientos para sanear la falsa tradición, se han generado condiciones claramente regresivas que impiden a los desplazados garantizar la propiedad sobre sus predios, y facilitado a los desplazadores --léase paras y narcos— obtener sencilla y rápidamente títulos de propiedad sobre miles de hectáreas. En la práctica, las normas mencionadas someten a las víctimas a cargas exageradas para mantener la propiedad de sus tierras. Es muy difícil saber si sobre el predio del afectado se están adelantando procesos para titular el mismo a terceros; las amenazas sobre sus vidas les impiden participar físicamente en procesos judiciales cuando por seguridad la persona no puede volver a su propiedad. Y por último, se imponen cargas económicas muy altas para hacer valer sus derechos en un proceso cuando se ha perdido el patrimonio por causa del desplazamiento.

El proyecto de Ley de víctimas le da un gran vuelco a esta situación. De aprobarse la nueva normatividad, se establecerían presunciones y herramientas judiciales que favorecerían la propiedad de los desplazados. Por ejemplo, de convertirse en ley, la responsabilidad de probar la legalidad de la propiedad ya no sería del desplazado sino del victimario. En segundo lugar, se crearían zonas objeto de protección para aquellos territorios donde se presume han existido hechos de violencia y realizado negocios ilícitos, estableciéndose reglas específicas para la restitución de los bienes en favor de los desplazados. Con el objeto de evitar la titulación de los predios obtenidos con violencia o como resultado del conflicto armado, correspondería al victimario probar la transparencia y legalidad de la forma como los adquirió.

Para los más de tres millones de colombianos desplazados y empobrecidos, cuyo desarraigo ha causado inmenso dolor y le ha costado al país grandes pérdidas económicas, surge finalmente la posibilidad de retomar su historia y volver a ser productivos en lo que saben hacer: trabajar la tierra. Esto no era lo que quería el Gobierno, específicamente su Ministro del Interior, que fue claramente derrotado no solo por la oposición sino por la coalición uribista. ¿Será esta la explicación de la salida inmediata del Ministro Holguín? Perdió el Gobierno al demostrar su poca sensibilidad pero, ganaron las víctimas, los desplazados y, por consiguiente, el país.

- Cecilia López Montaño, Senadora de la República

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org