Casi desde el inicio mismo de las políticas de apertura y privatización, desarrolladas a partir del programa de modernización de la economía colombiana en las postrimerías de los 80 y comienzos del 90, sus propugnadores pretendieron hacer creer a miles de ciudadanos que una cosa eran las ventas de la propiedad estatal a las compañías privadas, principalmente monopolios extranjeros –norteamericanos o europeos-, y otra muy distinta, la entrega en concesión para la operación o gestión de las empresas de servicios públicos, particularmente de acueducto, alcantarillado y aseo.

Desde esos días también, quienes nos oponemos a los procesos de privatización, comenzamos a estudiar y explicar este tema, y llamamos a rechazar las diversas formas que adquiere la aplicación de las políticas imperiales -definidas por el Consenso y el Gobierno de Washington- e implementadas desde los organismos multilaterales de crédito, y que, evidentemente están al servicio del gran capital financiero y las multinacionales.

No sobra, dadas las nuevas condiciones de contratación que hoy se imponen, recordar algunas de esas formas, a fin de que muchos ciudadanos, honestos pero incautos, comprendan que cualquiera sea la forma que adquiera la privatización, ésta tiene como finalidad la entrega de la infraestructura, los recursos, el mercado y las utilidades a los agentes privados, y que, por lo tanto, la entrega -bajo la forma que sea- de la gestión u operación de las empresas de servicios públicos, poco o nada le sirve al desarrollo del país y a la necesaria acumulación de riqueza en nuestro suelo.

Dicha forma de gestión u operación, mucho menos le servirá al bienestar -no sólo de los trabajadores sino de los millones de usuarios afectados- dadas las altas tarifas y la pésima calidad en la prestación del servicio. Es claro que en todos los casos lo que prima no es “el servicio” sino “el negocio”, la utilidad, la remisión de exorbitantes ganancias a sus casas matrices en el exterior.

Inicialmente se afirmó que la venta de las empresas tenía que hacerse porque éstas no eran rentables, eran nidos de corrupción, cuevas de rolando de los politiqueros, y no disponían de “músculo financiero” ni de “capacidad técnica” ni “administrativa” para enfrentar los retos de una “economía globalizada”. Y que por lo tanto, a fin de salvar lo poco que valían, lo mejor era salir de ellas al precio que fuera, buscando preservar las inversiones del Estado e invertir los recursos de la venta en el pago de la deuda externa o en el mejoramiento de la infraestructura nacional o el bienestar de la población.

Dicho y hecho, comenzaron a vender -a menos precio- las principales empresas estatales. En algunos casos, que no pocos, se procedió incluso a vender una parte y entregar a través de “convenios entre accionistas” el manejo de las empresas a los nuevos operadores privados, así estos no dispusieran de la mayoría accionaria, como sucedió en Manizales con la empresa de telefonía. Algunas se entregaron a operadores que no disponían de experiencia técnica ni administrativa, y menos aun de la suficiencia financiera. Operadores que se hicieron a ellas con la cédula, el tráfico de influencias y las “mordidas” que recibieron y entregaron los mismos politiqueros y funcionarios corruptos de los cuales -se suponía- nos íbamos a librar. Casos como la venta de Termocerrajero, subvalorada a cual más; la de Telecom, entregada con la venta de la mitad de las acciones más una y fiada al monopolio español en inmejorables condiciones; la que se intentará en Manizales -de entregar la administración del agua y el alcantarillado, a través de un convenio entre una institución privada –el Comité Inter-gremial de Caldas y la Alcaldía de Manizales a través de Infimanizales-, o la de la búsqueda del socio estratégico que pretenden imponerles a los caleños, son algunos de los muchos ejemplos de situaciones en las que bajo diversas modalidades se ferió -o intenta feriarse- el patrimonio nacional o municipal.

También es importante conocer que, en muchos casos, como no pudieron privatizarlas en su totalidad por la resistencia de usuarios, sindicatos o comunidades organizadas, procedieron entonces a entregar áreas de negocios a particulares -incluso monopolios extranjeros- como sucede en Bogotá, en donde operadores privados manejan la planta de Tibitóc -con inmensas pérdidas para los usuarios y para la EAAB-, tal y como lo denunciaran el Sindicato de la Empresa, analistas independientes como Aurelio Suárez Montoya, y organizaciones de Usuarios, Vocales de Control y Ambientalistas, reunidos alrededor del Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida.

En otros casos, han procedido a entregar la lectura de medidores, el corte y la reconexión del servicio, la administración y mantenimiento de plantas y equipos, la facturación, los sistemas de vigilancia y transporte, la cafetería, el aseo y hasta el cuidado de los jardines, de manera tal, que lo que se presenta al interior de muchas empresas públicas es una cantidad de empresas privadas, cooperativas de trabajo asociado y concesionarios que manejan a su antojo áreas enteras de las compañías, -cada una interesada en hacer su mejor negocio- y unos gerentes y juntas directivas, cuyo interés está en facilitar la operación privada, rebajar los salarios de los trabajadores y hacer utilidades particulares con la firma de los contratos para la prestación de servicios de los ahora llamados contratistas especializados.

Esta situación ha conducido a que las empresas tengan que cargar con los múltiples reclamos de los usuarios por los ingentes maltratos y errores derivados de esta forma de contratación o de ¿prestación del servicio? Se presentan casos aberrantes como el de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, en la cual una compañía privada facturó durante muchos meses -a más del 30 por ciento de los usuarios de una localidad caldense- tan sólo cinco metros cúbicos de agua/mes en desmedro de los ingresos normales de la empresa y creándole un grave problema a los usuarios.

Corrupción, desgreño administrativo, tráfico de influencias para favorecer electores y elegidos, cualquiera sea el caso, lo cierto es que las empresas terminaron convirtiéndose -por uno u otro camino- en fuentes de negocios, -de muchos negocios- que se hacen en contra de los usuarios y las entidades estatales, a más de golpear la estabilidad, los derechos de organización y los ingresos de los trabajadores.

La última modalidad de la política privatizadora es la que ha puesto en boga el gobierno del presidente Uribe Vélez, que consiste en entregar inmensos subsidios a las compañías extranjeras privadas, como en la Costa Atlántica, donde, para que realicen la “prestación del servicio”, les entrega -a través de “Energía Social”- miles de millones de pesos para que puedan reponer los faltantes que no pueden cubrir los usuarios de los estratos pobres de la población, debido a la imposibilidad de pagar las altas tarifas.

Otra modalidad -del gobierno de Álvaro Uribe- es la que está contemplada en los Planes Departamentales de Agua, por medio de los cuales “echa mano de los dineros”, de departamentos y municipios en el Sistema General de Participaciones SGP, de las regalías y de los créditos que consigan para el desarrollo del plan, y se los transfiere, inicialmente a los encargos fiduciarios, después a los contratistas privados para el desarrollo de las obras y finalmente –si usuarios, comunidades, alcaldes y gobernadores se lo permiten- a operadores especializados -léase privados- que administren los acueductos.

Cientos de miles de millones de pesos generados, adquiridos o pagados por el Estado y los usuarios, terminarán para el disfrute del capital privado que en este programa no invertirá un solo centavo, sino que disfrutará de esas inversiones por su condición de “Operador Especializado”, una nueva categoría para que unas cuantas firmas de monopolios privados, se apropien y disfruten las utilidades que produzcan los acueductos y alcantarillados municipales o de las empresas regionales que nazcan.

Enfrentar y reversar todas estas modalidades de apropiación de las empresas y de los recursos de la nación, es parte de nuestra tarea y el Referendo del Agua es una manera concreta y factible de alcanzar este objetivo. Por eso es tan importante hacer un entusiasta esfuerzo en esta etapa de recolección de firmas, de manera tal que avancemos en la explicación de los males derivados de la privatización e impidamos que, bajo nuevas formas, los privados se tomen lo que aún nos queda de propiedad pública y estatal en muchísimas empresas de servicios públicos del país.

Editorial periódico El Usuario, Manizales, septiembre 3 de 2008