A pesar de haberse vencido todos los plazos legales, el Grupo Marsans sigue sin presentar los balances de Aerolíneas Argentinas y Austral, mientras amenaza con pleitear ante el tribunal del CIADI (Convenio Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), en caso de una eventual expropiación.

Según lo ha planteado correctamente el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, es imprescindible que el Estado nacional determine “los alcances jurídicos de estas irregularidades” para sentar un precedente en caso de que el grupo español considere que se están vulnerando sus derechos y decida recurrir al CIADI, un tribunal creado expresamente por el Banco Mundial para favorecer los intereses de los “inversores”, en detrimento de los países receptores de las inversiones.

El presidente de la AGN ha sugerido a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones “que se debería presionar –vía Inspección General de Justicia– para que Marsans transparente sus estados contables lo antes posible. El Estado no puede posponer ni un segundo los señalamientos de estos incumplimientos. El momento para hablar es ahora”.

En un documento borrador presentado por la Auditoría ante el Senado, se informa que Aerolíneas y Austral tendrían un patrimonio neto negativo de 102.570.686 pesos y pérdidas netas superiores a los 585 millones de pesos. Se trata obviamente de datos provisorios, aportados por la gerencia de finanzas de Aerolíneas Argentinas y elaborados por la consultora Price Waterhouse Coopers, cuya fiabilidad dejó bastante que desear en el litigio entre Carrefour y el Grupo Exxel en la compra del supermercado Norte. No obstante lo cual, es importante que los empresarios españoles reconocieran ante el Senado lo que no admitieron en Diputados: que el año pasado tuvieron un patrimonio neto negativo.

Como se recordará, cuando el Congreso votó la reestatización de Aerolíneas Argentinas, se estableció que el precio de la compañía sería evaluado sucesivamente por el Tribunal de Tasación, la Auditoría General de la Nación y el propio Parlamento. El escamoteo permanente de las cifras reales por parte del grupo español anticipa que la evaluación será difícil y conflictiva.

Mientras tanto el gobierno nacional no está movilizando todos los resortes institucionales para que los empresarios españoles cumplan sus obligaciones.

No lo ha hecho a través de sus principales instrumentos, como son el Ministerio de Economía, la Inspección General de Justicia y la AFIP. Esta inacción –señalada por la AGN– refuerza la amenaza de caer en el CIADI si el Congreso no fija un precio a gusto y paladar de quienes vaciaron la aerolínea.

Lo que la sociedad debe saber es que si las cosas no se hacen bien y llegamos a ir al CIADI, corremos el serio riesgo de que nos fallen en contra. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el sonado caso de Siemens y los DNI. A pesar de que la empresa teutona está investigada judicialmente en Alemania y la Argentina por coimear a funcionarios gubernamentales, el CIADI ha hecho lugar a su reclamo, obligando a nuestro país a pagarle 258 millones de dólares.

Lo que otorga ese poder discrecional al CIADI son los famosos Tratados de Promoción de Inversiones, o tratados bilaterales de inversión (TBI), firmados durante la década del noventa, para “atraer capitales” y “abrirnos al mundo”, lo que –según los principios del Consenso de Washington– modernizaría nuestra economía y nuestra sociedad.

Uno de los ganchos principales para recibir el maná del cielo consistía en ofrecerle al inversor “seguridad jurídica”, y esa seguridad no podían garantizarla los tribunales nacionales sino un megatribunal internacional, supuestamente imparcial y transparente.

En un trabajo que data de 2005, el economista Alejandro Peyrou recordó que la Argentina había suscripto 58 tratados bilaterales de inversión, a diferencia de Brasil que no firmó ninguno, con excepción de los convenios a que está obligado por su pertenencia al Mercosur.

Brasil ha recibido, pese a eso, muchas más inversiones extranjeras que la Argentina.

Según Peyrou, “entre países desarrollados no existe la práctica de firmar tratados que incluyan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales”, como el CIADI. Y agrega: “En rigor, los TBI aparecen como una práctica para garantizar inversiones en países subdesarrollados”.

Esa garantía surge de una asimetría a favor del inversionista extranjero en detrimento del nacional, que llega a violar el principio constitucional de igualdad ante la ley. La mayoría de los tratados firmados por la Argentina tienen una duración de 10 años y en caso de no ser denunciados, se prorrogan automáticamente, en general por un año o dos y así sucesivamente. En caso de controversia le ofrecen una doble alternativa al inversor: la primera es acudir a los tribunales nacionales del Estado receptor y la segunda, presentarse ante el órgano arbitral internacional que es el CIADI. Su laudo tiene el valor de una sentencia firme dictada por un tribunal del Estado.

Peyrou recuerda que todos los TBI disponen que el tribunal arbitral “debe resolver de acuerdo con las disposiciones del tratado bilateral en cuestión, el derecho interno del país que recibió la inversión y las normas del derecho internacional aplicables. Se asegura con ello la inmunidad del inversor extranjero frente a cambios legislativos del Estado huésped que resulten contrarios al TBI o al derecho internacional general”.

Como resulta obvio, lo más importante es que la interpretación de cualquiera de las legislaciones mencionadas la hace el tribunal arbitral. Y sus decisiones no son apelables.

Una vez más Estados Unidos nos indica el camino, al ejercer la soberanía y los métodos heterodoxos que nos niega a todos los otros Estados: la Trade Act de 2002 dispone la supremacía de la ley interna en todo lo relativo a las inversiones extranjeras y garantiza que los inversores extranjeros no tendrán mayores derechos que los que gozan los inversores locales.

A partir de 1992, el Congreso nacional fue ratificando todos los TBI firmados por el Ejecutivo. Ya es hora de que vuelva sobre sus pasos y acabe con esta herencia del menemismo, que extranjerizó la economía y nos impide tener una política económica verdaderamente independiente.

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- Miguel Bonasso es periodista y diputado nacional argentino.