Las patronales del agro argentino lanzaron una nueva medida contra el Gobierno. Envalentonados por la eliminación de las retenciones móviles, buscan obtener más concesiones.

El 19 de julio pasado el gobierno argentino anunciaba la derogación de la Resolución 125 que establecía las retenciones móviles a las exportaciones de granos. Dos días antes, con el famoso “voto no positivo” el vicepresidente Julio Cleto Cobos sepultaba cuatro meses de disputa entre la Casa Rosada y las patronales del agro.

Con esto, las corporaciones agrarias propiciaban un duro golpe a la administración de Cristina Fernández y alzaban su imagen positiva ante la opinión pública. Luego de esto, los líderes ruralistas desfilaron por los medios de comunicación y escucharon las ofertas de diferentes políticos ávidos de candidatos para las elecciones legislativas de 2009.

Pasada la euforia, la agenda política y mediática se renovó y los hombres de la Junta Agraria perdieron buena parte de su espacio en el cotidiano argentino. Ahora, en busca del lugar perdido, la patronal del agro vuelve al lockout por seis días.

Sin la 125 como excusa, los ruralistas expresan disconformidad por las políticas gubernamentales hacia el sector. Advierten que desde la administración nacional no se escuchan los pedidos del “campo” y pronostican un escenario catastrófico “para el país” sino se desarrollan medidas concretas.

Volviendo al principio, un dato no menor paso inadvertido luego de aquella madrugada en la que las retenciones móviles se derrumbaron. Es que el “triunfo” en el Senado trajo consigo una derrota implícita para los hombres del agro.

Con el “voto no positivo”, los ruralistas más pequeños se quedaron sin los beneficios adquiridos con las modificaciones hechas por Diputados a la 125. Sin embargo, la euforia opositora de la Junta Agraria y sus seguidores dejó en el olvido aquellas concesiones que -poco o mucho- hubieran aportado una mejoría a pequeños y medianos productores.

En aquel momento, la patronal del agro no disimuló su defensa a la causa de los grandes exportadores y olvidó rápidamente sus pretensiones de lograr una política agropecuaria de beneficio para la totalidad del sector. (Ver: “¡Maldita soja!”. APM 20/07/2008).

Con el nuevo lockout anunciado el último día de septiembre, la Junta Agraria reclama una mejoría en los precios de la leche, la carne y el trigo, pero lanzan una ofensiva mayor: hacer desaparecer las retenciones a las exportaciones de granos.

“Queremos la eliminación lisa y llana de las retenciones”, sentenció el flamante presidente de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati. A eso mismo apuntó el titular de la Federación Agraria (FAA) de Entre Ríos, el mediático Alfredo De Angeli, al pedir “retenciones cero” a los productos agrícolas.

He allí la primera contradicción de la Junta Agraria. Por un lado, se exige que el Estado respalde las economías regionales y actúe con urgencia para paliar la grave sequía que afecta buena parte de la zona centro y norte del país. (Ver: “A la espera de soluciones...”. APM 26/09/2008).

Por otro lado, se pide a gritos que el Estado deje de intervenir para regular la renta extraordinaria. “En el lockout anterior se buscaba el debilitamiento del Estado y, ahora, el objetivo es exactamente el mismo”, señala el filósofo Rubén Dri al diario argentino Página/12.

Respecto a esto, un de los reclamos de la llamada “Mesa de Enlace” es que se flexibilicen las regulaciones que aplica la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). Esta oficina y su titular Ricardo Echegaray son un verdadero estorbo por sus acciones tendientes a forzar un blanqueo de la actividad agropecuaria, históricamente caracterizada por su poca afición a la formalidad impositiva.

Justamente esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó denuncias por evasión impositiva del sector agropecuario que rondan los 300 millones de pesos entre 2006 y 2008, según informó Página/12. Un caso llamativo, se dio en la provincia de Chaco, donde el Juzgado Federal de Resistencia (capital provincial) llevó a cabo allanamientos con el objetivo de detectar a los integrantes de una asociación que reclutaba personas de bajos recursos y las hacía aparecer como vendedores de cereal. En las provincias de Córdoba y La Pampa, el fisco detectó accionares similares tendientes a crear falsos contribuyentes que aparecen facturando el cereal comercializado “en negro” por productores agropecuarios que se ocultan a través de estas personas.

En ese sentido, para los líderes agrarios la presencia estatal es un gran inconveniente. “Pretenden retornar a un país que fue un paraíso para el enriquecimiento oligárquico, pero que sólo significó marginación política y social para los sectores populares. Para estas corporaciones en el Estado debe primar la pasividad. Su utopía es el caduco Estado liberal”, afirma Dri.

Sin embargo, las condiciones no son las mismas para los hombres del agro que las planteadas en la etapa anterior. La opinión pública ya no respalda ampliamente la nueva medida, incluso políticos amigos no respaldan el accionar y algunos de los grupos mediáticos aliados se diferenciaron levemente. “Tienen seis días para hallar el equilibrio entre el reclamo justo y la oportunidad”, advierte el diario Clarín, férreo adepto de los ruralistas durante el conflicto.

Vale la pena detenerse en el término “oportunidad”. Casualmente los ruralistas anunciaron la nueva medida de fuerza un día después de que el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, declarara que el Gobierno estaba evaluando cambios en el régimen de retenciones y la implementación de un paquete de ayuda para los productores afectados por la sequía.

Esta claro que si el gobierno anunciaba estas medidas, el margen de acción de la Junta Agraria se reducía considerablemente y anunciar una protesta en esas condiciones hubiera sido más ridículo aún. La patronal del agro sabe perfectamente que resulta difícil que el Gobierno haga esos anuncios ahora que se relanzó el lockout.

“Es muy difícil proponer un diálogo, cuando uno viene a pretender que todo lo que uno trae es lo que hay que resolver”, fustigó Cheppi. La sensación que se tiene en el círculo del gobierno es que cualquier propuesta que haga será rechazada o desoída por los líderes de las patronales. En definitiva, el sentimiento es que detrás de los reclamos sectoriales hay un fuerte componente político que tiende a desprestigiar a la Casa Rosada con fines electoralistas.

Los sectores más duros del Gobierno pronostican que el nuevo lockout es el lanzamiento de campaña de alguno de los líderes de la Junta Agraria. Los mencionados Biolcati y De Angeli, el líder de la FAA, Eduardo Buzzi, y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, manejan diferentes propuestas de cara a las elecciones del año próximo.

Incluso se dice que la protesta que comenzó el viernes servirá como “termómetro” para estos personajes. Es decir, estudiarán la reacción de la ciudadanía y verán cuán favorable es el escenario.

Por ello, los dirigentes han pedido reiteradamente que no haya bloqueos de rutas, una medida altamente antipopular. No obstante, aclararon que si se produjesen serán “espontáneos” y debidos a provocaciones del Gobierno. De hecho, al cierre de esta edición los productores efectuaban cortes en distintas carreteras del país para impedir que circulen productos agropecuarios.

Por último, frente a esto se ubica un Gobierno que desaprovechó una inmejorable oportunidad de desarrollar una política abarcadora pensada para los microproductores, los agricultores familiares y las debilitadas producciones regionales. Del mismo modo, no profundizó un manejo tendiente a “desojizar” el país y proponer un modelo contra el monocultivo.

Al no modificar esas cuestiones, la administración nacional sigue dando lugar a que los sectores más poderosos del agro desarrollen medidas oportunistas bajo el disfraz de reclamos sectoriales.

De paso, los líderes de la Junta Agraria aprovechan el escenario y –como decimos en Argentina- “siembran su quintita” (es metafórico, los referenciados no trabajan la tierra, son empleadores) de cara al escenario electoral de 2009.

- Leonardo Montero desde la Redacción de APM