Una mezcla de indignación, pavor y miedo provocó el ataque indiscriminado en contra de los asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia en la ciudad de Morelia. Varios importantes medios llegaron a bautizar a este condenable hecho como el primer acto de terrorismo ocurrido en la historia de México. Sin embargo si nos atenemos a la definición que dan los diccionarios sobre el concepto terrorismo, pensamos sin temor a equivocarnos que en nuestro país han ocurrido ya desde hace muchos años sucesiones planeadas de violencia que han tenido como objeto el infundir el terror entre la población.

En estos últimos años ningún grupo fundamentalista de tipo religioso o la misma delincuencia organizada han utilizado métodos terroristas para atemorizar y amedrentar de manera deliberada a la población, tampoco hay antecedentes de que los grupos armados de izquierda hayan actuado con esa lógica. En la historia reciente de México el único grupo que de manera sistemática ha orquestado acciones violentas para provocar miedo entre la ciudadanía con el fin de mantener su control, ha sido el grupo que detenta el poder del Estado. Ante su manifiesta incapacidad de construir consensos y por la inveterada costumbre autoritaria de imponer sin consultar, los gobernantes pertenezcan al partido que sea han recurrido de manera constante y abierta al uso de la violencia institucional buscando con ella provocar miedo y parálisis entre la población.

Durante la larga noche del Príato, los maestros, ferrocarrileros, mineros, indígenas y campesinos y por supuesto los estudiantes e intelectuales sufrimos de manera metódica la violencia gubernamental, la cual llego a extremos de brutalidad y sadismo con la llamada “Guerra Sucia”. Sin embargo el despotismo priísta fue sustituido –en una abortada transición democrática- por el autoritarismo de la derecha panista, la cual en los últimos ocho años ha demostrado que en la defensa de sus intereses, que son los mismos que los de las grandes corporaciones trasnacionales, es capaz de orquestar acciones de extrema violencia que buscan inhibir la protesta ciudadana a través del terror.

La audacia de los atenquenses en su resistencia a un megaproyecto aeroportuario fue castigada de manera brutal por la dupla prianista del Gobierno federal y del gobierno del estado de México; dos muertos, más de dos centenares de heridos, decenas de detenciones arbitrarias, y golpizas extremas que fueron trasmitidas por las televisoras en horario estelar no fueron suficientes para que algún funcionario federal o estatal fuera sancionado por las gravísimas violaciones ahí cometidas. Sin embargo y como escarmiento a los dirigentes y algunos miembros del Frente en Defensa de la Tierra les fueron dictadas largas condenas de prisión por el supuesto secuestro de un funcionario.

En Oaxaca el siniestro gobernador Ulises Ruiz contando con respaldo del régimen foxista y del mismo Felipe Calderón logró crear un clima de terror, diseñando para ello una brutal escalada de represión y violencia, que según múltiples testimonios repitió el libreto de actos propios a las feroces dictaduras latinoamericanas. Torturas, ejecuciones, amenaza de lanzamiento desde helicópteros, escuadrones de la muerte y otras ilegalidades no han sido hasta ahora castigadas, permaneciendo en total impunidad 26 homicidios, y en el único asesinato en el que se ha actuado, los verdaderos homicidas del periodista Brad Will fueron convertidos en testigos y así protegidos. Eduardo Medina Mora quién orquestó en octubre del 2006 la entrada de la Policía Federal a la ciudad de Oaxaca en un operativo que le costó la vida a tres personas, actuando ahora como Procurador General de la República ordenó encarcelar a miembros de la APPO acusándolos del asesinato del periodista norteamericano.

Bajo el gobierno calderonista se han incrementado de manera preocupante e indignante, los actos de violencia gubernamental, actos que contienen un elevado componente de violencia desmesurada cuyo objetivo principal ha sido el escarmentar a los ciudadanos inconformes. Lo mismo en la zona chontal de Tabasco que en perdidos poblados de la Huasteca potosina se han denunciado asaltos masivos de policías federales y locales que actúan de manera extremadamente violenta y que buscan a través de esas acciones no sólo frenar la resistencia social sino inhibirla y acabarla de raíz provocando para ello miedo y terror entre los ciudadanos. Si por los siguientes hechos nos guiamos, al parecer el Estado mexicano le ha declarado la guerra a los habitantes de este país.

En este último año han ocurrido de manera constante actos de extrema violencia gubernamental que rayan en el terrorismo por ejemplo en la región mixteca de Oaxaca, los pueblos de Ixcatlán, Copala o Yosotatu viven cotidianamente en la zozobra, aterrorizados por la operación de pistoleros que cuentan con el respaldo y la protección del propio gobierno. Sicarios que actúan a plena luz del día y que en el caso de Ixcatlán llegaron a asesinar y desmembrar el cadáver del representante comunal y quemar vivo dentro de un auto a un comunero, con el fin de sembrar el miedo en la población, lo cual lograron.

En otra zona de Oaxaca en la región de la Chontal Alta, recientemente los pobladores de la comunidad de Santiago Lachivia, enfrentaron una situación extrema cuando irrumpieron violentamente en el poblado dos decenas de militares asesinando a dos campesinos, uno de ellos el representante comunitario a quién balacearon por la espalda. Después de este hecho de violencia, la partida militar se estableció en el pueblo por varios días hostigando a sus habitantes.

Hace apenas unos días en el municipio de La Trinitaria, policías federales y del estado de Chiapas disolvieron una protesta de indígenas que reclaman sus derechos sobre el acceso a las ruinas de Chinkultik, una vez replegados los inconformes, los policías, muchos de ellos drogados, asesinaron y ejecutaron a seis personas además allanaron domicilios, y golpearon a mujeres y a personas mayores; al día siguiente en una actitud que raya en el cinismo pleno el gobernador perredista Sabines, ofreció dinero a los deudos de los campesinos asesinados, como si el dinero curara el sufrimiento y el dolor de un huérfano o de la madre de una víctima.

Recientemente en el estado de Morelos, el gobierno calderonista siguiendo con su libreto de “escenarios de guerra”, sacó a los militares de sus cuarteles para realizar un operativo en contra de la población civil de Xoxocotla, en donde más de 2,000 policías federales y estatales cometieron una gran cantidad de actos violentos. Son numerosos los testimonios de habitantes de Xoxocotla, pero también de Amayuca donde se denuncian actos de extrema brutalidad policíaca: niños vomitando por los gases o por los golpes, ancianos agredidos e injuriados, mujeres vejadas, casas allanadas, golpizas y detenciones arbitrarias, todo con el fin de escarmentar a los opositores y sus aliados.

Cuando vemos esta sucesión de hechos de violencia gubernamental, cuando sabemos que no están ocurriendo de manera aislada, podemos concluir que el gobierno de Calderón ha optado por el uso de la violencia extrema en contra de la población inconforme como método principal para contener y frenar la protesta ciudadana. Los actos de violencia gubernamental propios al actual régimen y la criminalización de la protesta ciudadana sólo son una evidencia más de su manifiesta incapacidad por impulsar acuerdos y de respetar los derechos y las garantías de la población.

La profunda crisis de gobernabilidad democrática que atraviesa nuestro país es sin duda ocasionada por la imposición de políticas impopulares y por el uso creciente de la violencia gubernamental en contra de la población inconforme. Para el grupo gobernante ha sido preferible el utilizar la fuerza policíaca para resolver conflictos que darles atención y operación política, lo cual se debe también a la falta de oficio de un Secretario de Gobernación altamente impugnado no sólo por su origen sino también por representar los intereses de las empresas que han venido saqueando al país.

El autoritarismo y la evidente falta de voluntad política para atender las demandas de los sectores mayoritarios del país, aunadas a una guerra en contra del crimen organizado que ha cobrado ya numerosas victimas entre la población, nos han conducido en espiral acelerada a una peligrosa situación de violencia y de desesperanza que afecta ya a muchos millones de mexicanos. México es un país peligroso y violento para sus habitantes y ello en buena medida se debe al otro terrorismo, al que como politica de Estado se ejerce en contra de la población que legitimamente reclama sus derechos. Reprimir es un delito y protestar es un Derecho, no lo olvide usted señor Calderón.