Los acontecimientos de las últimas semanas confirmaron lo que los mandos paramilitares han confesado y que los funcionarios del Estado se niegan a reconocer.

Después de que se descubriera la atrocidad de los falsos positivos que condujeron a la muerte a un grupo de jóvenes de Soacha, el Gobierno no puede seguir afirmando que los informes de Organismos Internacionales y de la Procuraduría relacionados con homicidios en “persona protegida” son montajes que buscan hacer daño al país y atentar contra la credibilidad de la fuerza pública.

La destitución de 27 oficiales del Ejército y la renuncia del general Montoya, son hechos contundentes que no pueden maquillar la verdad. Una verdad que va más allá del quiebre de la doctrina militar. En efecto, más allá del grado de culpabilidad de los militares destituidos, lo que se evidencia es una pérdida de soberanía, una ruptura del Estado de derecho y una degradación de la democracia.

¿Es soberano un Estado que no puede garantizar unos mínimos razonables de seguridad a sus ciudadanos? ¿Se puede hablar de democracia en un país donde los electores son amenazados por grupos armados, los candidatos secuestrados o eliminados físicamente, el narcotráfico toma decisiones políticas, la compra de votos es un mal consuetudinario y la violencia ejerce un influjo siniestro?

Hablar de democracia es referirse a la supremacía de las libertades civiles, a instituciones sólidas, a una cultura política que garantiza un mínimo de capacidad reflexiva del electorado.

En Colombia se impone una democracia sin pueblo pero pletórica de populismo, un régimen en el que el Ejecutivo se enfrenta a las Cortes y cambia las reglas a voluntad fomentando, de esa manera, la desinstitucionalización y una cultura desmoralizadora de escepticismo y de insolidaridad.

Sí es cierto que no puede haber democracia sin ciudadanos, sin sentido de pertenencia y confianza en el futuro, también lo es el que no se puede hablar de ciudadanía en ausencia de libertad para expresar opiniones y creencias propias, sin lealtades ligadas a una cultura democrática, sin una regulación de la vida pública que permita sobreponerse a la cultura de la queja y abrir el camino a una cultura de la acción sustentada en el reconocimiento de los derechos de todos, y en primer lugar de derecho a la vida.

Mientras ello no ocurra será muy difícil recuperar el Estado de la delincuencia que campea en todas las esferas de la vida nacional al amparo de una ética mediante la cual la eficacia justifica el asesinato y la guerra sucia.

Noviembre de 2008

- Rubén Sánchez David es Profesor Universidad del Rosario

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org