La situación de los sectores populares organizados se agrava, tras la denuncia de persecución y represión por parte de los organismos de seguridad del estado, señalan en las últimas semanas a través de los medios de comunicación social las organizaciones de Derechos Humanos, sindicales y estudiantiles de la capital panameña como también de Colón, segunda ciudad más importante del país. Detallando la persecución y el secuestro de un militante universitario, perteneciente al Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre (FER-29), el joven indígena Ronaldo Ortiz, de esta agrupación denunció en conferencia de prensa, que desde hace varios meses uno se sus compañeros miembro de esta agrupación estudiantil, residente en la provincia de Veraguas, ha sido abordado en distintas ocasiones por un presunto miembro del Sistema de Protección Institucional (SPI), en la que le solicitaban que abandonara su participación como parte de esta organización, en la segunda ocasión su vivienda temporal en Santiago fue allanada en la que se encontraron las banderas emblemas del grupo al que pertenece totalmente desgarradas y donde no habían señales de robo, en la última ocasión el estudiante Erick Rodríguez, fue interceptado por un FORD RUNNER blanco, al que subieron a la fuerza y donde se encontró con tres personas armadas, indicándole con amenazas que colaborara con ellos, ofreciéndole al mismo tiempo una beca a una Universidad privada, hospedaje y otros gastos si brindaba información en la ciudad capital sobre las actividades del FER-29, el mismo fue advertido, encañonado, que si no cooperaba podría ocurrirle algo, estas personas , según la denuncia se identificaron como miembros del SPI y afirmaron ser los autores del allanamiento de la residencia del estudiante Erick, este joven fue conducido y retenido por más de 3 horas en las proximidades de Puerto Mutis, provincia de Veraguas, en este caso las autoridades indicaron desconocer lo ocurrido. En tanto, estudiantes de secundaria del Instituto Nacional de Panamá llevan más de dos meses realizando diversas actividades de protestas para el reintegro de cuatro de sus compañeros que fueron expulsado, por haber participado en una protesta en rechazo a la privatización de la Caja de Seguro Social, el aumento de las tarifas telefónicas y electricidad; Los adolescentes de este colegio han realizado actividades como cadenas Humanas, encadenamientos y dos manifestaciones a la presidencia de la República sin ninguna respuesta favorable, los mismos alegan que las autoridades del plantel y del Ministerio de educación intentan desaparecer las organizaciones estudiantiles, para evitar otras manifestaciones frente a las políticas económicas que lleva acabo el gobierno y para encubrir malos manejos en los fondos del seguro educativo por parte del director del Instituto, según las afirmaciones del dirigente estudiantil Gerardo Medina, estos actos se tratan de una campaña persecutora del gobierno, ya que ni siquiera se le da la oportunidad a realizar reuniones en el colegio, agregando que el local de la AFIN fue destruida por ordenes de las autoridades del plantel. A las actividades se han unidos profesores y padres de familias, pidiendo la destitución de director Jaime Ruiz, y el reintegro de los estudiantes sancionados. Medina, asegura que las propias autoridades del Ministerio de Educación han estado desinformando a la comunidad y a los medios de información nacionales e internacionales de lo que ocurre, a su vez denunció el intento de desalojo a la fuerza de miembros de la Policía Nacional, el día lunes 30 de Septiembre, estos llegaron sorpresivamente en horas de la noche en varias camionetas a la parte frontal del colegio ingresando violentamente, y encañonando a varios estudiantes, los mismos al percatarse de la presencia de medios de comunicación social se retiraron del área. El día siguiente los estudiantes tuvieron que abandonar el lugar luego que el Director Nacional de Educación Gilberto Solis, diera instrucción para que la policía entrara nuevamente a desalojarlos, ya que este tenía dos días tomado por estudiantes de la Asociación Federada del Instituto Nacional, padres de Familias y estudiantes universitarios solidarios con sus compañeros. Por otra parte miembros de organismos defensores de los derechos humanos como la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA) y Asistencia Legal Alternativa de Panamá, temen ser víctimas de secuestros, incluso de ser asesinados, ya que según ellos son seguidos por los estamentos de seguridad del estado. La reacción en esta denuncia surge según el sacerdote Conrado Sanjur, coordinador del Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía, por las afirmaciones que realizó el director de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización contra estas organizaciones, indicando que estos se las pasa defendiendo y tramitando la libertad de ciudadanos Colombianos involucrados en casos de drogas que según la nota que citan " organizaciones sin fines de lucro que a todas luces se encuentran aupando a estos ciudadanos y son financiados por la ACNUR y la Comunidad Europea que atienden estos problemas de refugiados y desplazados". Dicha denuncia es firmada también por Caritas Pastoral Social, el Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional (CEJIL). Desde hace varios años estas organizaciones viene denunciando algunos malos tratos por parte de unidades de la policía de frontera, contra la población darienita y refugiados colombianos desplazados por la guerra que vive el país fronterizo con Panamá. En otra denuncia, trece panameños y panameñas del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), y de la empresa de aseo (AGUASEO S.A.), fueron desalojados a la fuerza y arrestados posteriormente luego que se tomaran por dos horas la oficina regional de Colón del Ministerio de Trabajo, el pasado 1 de Octubre, estas personas rechazan la parcialidad de las autoridades cada vez que son despedidos cientos de trabajadores y trabajadoras de distintas empresas, y si están organizados en sindicatos que forman parte de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), se les obstaculiza su labor, poniendo todo tipo de trabas para que no sean legalizadas dichas organizaciones y los pliegos de peticiones sean dilatados y no lleguen ha ser resueltas, maniobras que son frecuente en el Ministerio de Trabajo (MITRADEL) indicaron los dirigentes obreros durante la toma pacífica de esta sede ministerial. A los miembros del Comité de familiares de Desaparecidos de Panamá COFADEPA- HG, se encuentran preocupado también por los intentos de dividir su organización. Ya que han recibido fuertes críticas y acusaciones por parte otros familiares de desaparecidos de otra agrupación, los cuales están solicitando la disolución de la comisión de la verdad, para anexarla a la defensoría del pueblo , según el comité estas acciones son parte de una conjura para desacreditar la labor que han realizado durante tres años, para acabar con las investigaciones que se continúan realizando y que esta proviene del propio Defensor del Pueblo Juan Antonio Tejada Espino, primo hermano del hijo del fallecido dictador Omar Torrijos Herrera, el cual fue ratificado por la asamblea legislativa por miembros del partido pro dictadura (PRD), en una maniobra política cuando se apoderaron de la mayoría parlamentaria hace varios meses en el denominado "Pacto Meta". Las acusaciones por parte del presidente de otra organización, van desde la supuesta malversación de fondos en la Comisión de la verdad, hasta la acusación de miembros de COFADEPA-HG de ser comunistas que supuestamente apoyan a terroristas en el extranjeros y en Panamá. Esta situación ha hecho que el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Hector Gallego, exprese en un comunicado el declararse en estado de alerta frente ha las maniobras deshonesta e indicar que no desmayaran en su lucha por la verdad y la justicia. En tanto han sido de igual manera frecuente los actos de abuso policial difundidos en los medios de comunicación, en un primer caso una señora de aproximadamente 40 años de edad fue brutalmente golpeada en la cara por una unidad de policía, la cual cargaba a su hijo de 5 años, momentos que quería impedir que su esposo fuese arrestado en un allanamiento, la señora recibió un trauma en el ojo derecho sin que se halla castigado a los actores del hecho, el menor en el forcejeó recibió barios golpes en distintas partes del cuerpo; Otro de los casos a la que hacen referencia los propios afectados, es el de un niño de 13 años de edad que recibió un fuerte golpe en uno de sus ojos al tratar de impedir que fuese arrestado su padre en el populoso barrio de el Chorrillo cuando la policía realizaba batidas en hora de la noche; resalta también el caso de un joven de 34 años de edad el cual recibió una golpiza luego que fuera sacado a la fuerza de su residencia, al ser acusado de libar licor en lugares públicos, otro hecho se produjo en el corregimiento de Juan Díaz, ciudad capital donde barias familias se enfrentaron a la policía cuando estas fueron de igual forma acusadas de libar licor en publico, esto celebraban un cumpleaños, cerca de 8 personas fueron arrestadas sometidas a la fuerza y llevadas los juzgados nocturnos. Diversas organizaciones populares expresan su preocupación por estos hechos que se han estado realizando en estas últimas semanas, lamentando que las autoridades se muestren indiferentes por un lado y en apoyo a algunas de estas medidas. * Abdiel De León es periodista panameño