El Modelo de las Organizaciones Populares de Vivienda y de la organización social, no solamente está vigente, sino que representa la alternativa a las políticas públicas de vivienda.

El pasado 30 de mayo la FENAVIP entregó 630 viviendas en las localidades de Suba y Bosa y en agosto próximo, hará entrega de 600 más, es decir que en 9 meses se habrán entregado más de 1200 viviendas de interés prioritario o tipo uno en Bogotá. Paradójico resulta, a lo menos, que mientras la actual Administración Distrital no ha logrado entregar una sola casa de interés social, sea justamente la Federación Nacional de Vivienda Popular, FENAVIP, sin apoyo ni respaldo institucional, la encargada de brindar soluciones reales de vivienda de interés social a los sectores más vulnerables de la capital.

“Con Samuel vamos a pagar la deuda de la ciudad con los bogotanos en el tema de la vivienda social y especialmente de la vivienda popular, lo que se conoce como la vivienda tipo 1". Este fue el principal argumento con el que el actual concejal Fernando Rojas y la FENAVIP, reconocida como una de las organizaciones de viviendistas más importantes del país, adhirieron a la campaña de Samuel Moreno por la Alcaldía Mayor de Bogotá[1]. Ha transcurrido un año y ocho meses desde que Moreno fue electo alcalde, y aún no se tiene claridad sobre las políticas y gestiones que adelanta su Administración en esta materia.

“Recientemente las directivas de CAMACOL afirmaron que la vivienda de interés prioritario desaparecería en los próximos días en Bogotá. Se hablaba de una oferta de mil viviendas de interés prioritario que existía por parte de los sectores privados, sin opciones de construcción; lo cual indica claramente que en los próximos años el sector privado de la construcción no va a generar ningún tipo de oferta a los sectores más pobres de la ciudad” declaró Germán Ávila Plazas, director Ejecutivo Nacional de la FENAVIP.

Pocos, pero muy pocos en Colombia pueden decir, que en un plazo de 9 meses construyen 1.000 viviendas en medio de la crisis económica y teniendo a un gran número de entidades públicas, obstaculizando el logro de estos objetivos. Las Asociaciones Populares de Vivienda le dicen al país: sí es posible asignar suelos a la construcción de vivienda de interés prioritario y si es posible transformar la política de vivienda social en el país. Prueba de ello, es que la Federación Nacional de Vivienda Popular, en alianza con la Cooperativa Financiera Confiar, viene produciendo en Bogotá más viviendas de interés prioritario que todo el sector privado de la construcción.

La alianza constituida entre la Cooperativa Financiera CONFIAR que recibió a la Cooperativa CREAR en una fusión recientemente realizada, facilitó la financiación final de las obras y de los créditos de las familias afiliadas a los programas, con una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos. “Esta alianza entre Confiar y FENAVIP, representa una verdadera esperanza para la vivienda popular en Colombia”, afirma Ávila; máxime cuando la realidad colombiana demuestra la falta de políticas concretas por parte de los gobiernos nacional y distrital para atender satisfactoriamente su creciente demanda, incluyendo a los más de cinco millones de desterrados –desplazados- que se estima deambulan por todo el país.

“En la primera administración del presidente Uribe, los recursos (para vivienda) cayeron en 51 por ciento en comparación con los vigentes entre 1994 y 1998. Y el Fondo de Subsidio es 22 por ciento menor, lo que indica que cada vez empeora más la calidad de la vivienda que se ofrece a los estratos bajos de la población. El problema tiende a agravarse, porque el país está entrando en una grave crisis, como producto de las malas políticas económicas” denunció el senador del PDA Jorge Enrique Robledo, en el debate que le realizó al ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Carlos Costa Posada ante la Comisión Quinta del Senado de la República, el pasado 3 de junio.

Las cifras del DANE prueban que la política de vivienda del actual Gobierno está fracasando. Entre 2007 y 2008 la construcción de vivienda comercial decreció en un 24% y la de interés social o VIS en un 32%.

La realidad de la problemática de los destechados en Colombia, demuestra no sólo que el Gobierno Nacional ha sido incapaz de alcanzar  las metas propuestas en esta materia, sino que además, tal como lo denunció el senador Robledo, “presenta amañadamente las cifras, mezclando los subsidios aprobados con los asignados, los movilizados y los construidos, y los otorgados por el Ministerio con los que conceden las Cajas de Compensación Familiar y el Fondo Nacional del Ahorro, con la clara intención de confundir a la opinión pública”.

Son pocas las tierras disponibles en Bogotá, es verdad, pero las que hay deberían colocarse a disposición de la construcción de vivienda popular y de tipo uno. Las tierras que están en poder de entidades públicas deben orientar su uso en función de ese objetivo y las tierras que están en el sector privado deben ser objeto de una reglamentación lo suficientemente coherente como para garantizar un oferta de vivienda para interés prioritario capaz de dar respuesta efectiva a la demanda existente. Se estima que en Bogotá hay un promedio de 500 mil familias sin vivienda o habitando en inquilinatos; otras tantas viven en condiciones de hacinamiento, sin servicios públicos, en condiciones de insalubridad y precariedad extremas y en riesgo inminente de derrumbes, dada la pésima ubicación de sus lugares de habitación. Si a ello se suma la llegada a Bogotá de las familias de desplazados a causa del conflicto social, político y armado que vive Colombia, el drama social de la vivienda, adquiere proporciones alarmantes. La secretaría de Gobierno Clara López, manifestó en días pasados su preocupación porque el problema de desplazamiento en la capital cada día aumenta de nivel. “Diariamente llegan 50 familias desplazadas en total inopia y sustraída de cualquier posibilidad de subsistir”, declaró la funcionaria.

Buena parte de las tierras que podrían emplearse para la construcción de vivienda tipo uno, se encuentra en entidades públicas como Metrovivienda, entidad con la cual la FENAVIP viene terminando la construcción de dos proyectos: uno de 870 viviendas y otro de algo más de 950 viviendas. Esto demuestra que si existen las entidades con capacidad de aportar significativamente a la construcción de vivienda social, y que sólo hace falta la voluntad política por parte de las entidades de Gobierno para dar cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 51 del Capitulo segundo de la Constitución Política de Colombia, sobre derechos sociales, económicos y culturales: “Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas”

La FENAVIP ha demostrado que está en capacidad de producir cantidades significativas de vivienda de interés social, con calidad y eficiencia, desde que cuente con la organización comunitaria necesaria y la financiación requerida. La enorme capacidad productiva de la Federación, reconocida por todos los sectores de la construcción,  evidencia unos ritmos de producción de alta eficiencia y una capacidad de generación de vivienda masiva no sólo en Bogotá, sino también en otras ciudades del país.

El éxito de la FENAVIP, demostrado a lo largo de 17 años de trabajo continúo, tiene como estrategia fundamental la combinación de dos factores determinantes: la organización de la demanda es decir la organización comunitaria con la potencialidad que genera la organización social por un lado, sumado al respaldo que brinda una entidad financiera  y productiva, como Confiar, que garantice los insumos económicos requeridos para la ejecución de los proyectos.

La FENAVIP surge en el año de 1992 como una propuesta social que busca articular los esfuerzos de Organizaciones Populares de Vivienda, OPV que desarrollan programas de vivienda a partir de organizaciones comunitarias de carácter autogestionario. A lo largo de su historia ha logrado brindar solución de vivienda a más de 20 mil familias de bajos recursos en todo el país.

Frente al trabajo que desarrolla la Federación, sus logros y reconocimientos internacionales como gestores de vivienda digna de calidad a un costo razonable, el Distrito tiene  que asumir el reto de empezar a despolitizar el tema de la vivienda de interés social para entender la dimensión de esta problemática en Bogotá, y por esa vía determinar cuales son las entidades constructoras que cuentan con los niveles de eficiencia y honestidad óptimos para el desarrollo  de este tipo de vivienda en la capital.

Actualmente, la FENAVIP, a través del programa “Colombia Solidaria”, el cual se inició hace 4 años, está terminando la construcción de cerca de 4 mil viviendas en la capital. Para el próximo año, la Federación, espera  producir algo más de 2 mil viviendas en Bogotá, constituyéndose así en la única alternativa de vivienda tipo uno para los sectores más deprimidos de la ciudad. Los únicos requisitos exigidos para aplicar al programa, es no ser propietario de vivienda y reunir las demandas que establece  la asociación comunitaria.

Si bien la FENAVIP llena el vacío que la inoperancia administrativa no logra satisfacer, urge la realización de alianzas estratégicas que le permitan a la Administración Distrital dar cumplimiento con los planes de vivienda proyectados para los próximos años, y que esfuerzos organizativos como los que se vienen realizando en las distintas localidades de la capital, sean respaldados y estimulados mediante la asignación de tierras y recursos que hagan viable saldar la vieja deuda que en materia de vivienda viene acumulando el Distrito con la ciudadanía, desde las administraciones anteriores.

- Maureén Maya es periodista e Investigadora Social

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 161, Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, junio 5 de 2009. www.viva.org.co