Yehude Simón ya parece estar pesando en su defensa ante la justicia. Ayer día 8 de junio ha alegado ante el Congreso que el gobierno presidido por él no dispuso en ningún momento la utilización de armas letales, sino que siempre ha optado por el diálogo y la persuasión. Según la Constitución de la República del Perú, “velar por el orden interno” así como “presidir el Sistema de Defensa Nacional, y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” (art. 118.4 y 14) son competencias del Presidente de la República, Alan García ahora, y no del Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón por el momento. Hay que darle a éste último la razón constitucional respecto a este estricto punto de la responsabilidad, pero éste es el único aspecto en el que la razón puede concedérsele.

Los responsables constitucionales de la orden de atacar a indígenas la madrugada del pasado viernes 5 de junio, por aire desde helicópteros con bombas de gas y por tierra con ráfagas de metralleta, es el Presidente de la República, Alan García, y al mando militar que se prestó a un operativo de efecto letal asegurado. Si el primero lo hizo sin consejo de sus ministros con su presidente a la cabeza, no se entiende el comportamiento posterior de los mismos, particularmente de la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y del Ministro de Defensa, Antero Flores-Araoz, respaldando incondicionalmente la operación, ni, aún menos, la postura del Presidente del Consejo, Yehude Simón, eximiéndose a sí mismo de responsabilidad. Pero tomemos en serio sus palabras. Resultan graves sus implicaciones.

Si el Consejo de Ministros, como asevera su Presidente, no dispuso, lo que constitucionalmente no le cabe, ni aconsejó, lo que constitucionalmente le corresponde, el operativo militar y policial, entonces las palabras de Yehude Simón están de hecho imputando la responsabilidad por los crímenes ante todo a Alan García. Por otra parte, si lo que se asevera es cierto, no se entiende cómo el entero Consejo de Ministros, con su Presidente a la cabeza, no presentaron de forma inmediata su dimisión fulminante. Con sus palabras, Yehude Simón está también reconociendo la cuota seria de responsabilidad criminal que le corresponde junto a todos sus ministros, con Antero Flores-Araoz y Mercedes Cabanillas en primera línea.

No se olvide que la responsabilidad penal es individual. Responsabilidad al Estado le corresponde en cuanto al importante capítulo de la reparación y la compensación. Son responsabilidades distintas. Tratándose de un crimen de sangre al que se ha llegado por la práctica empeñada de una política genocida, pues busca el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, art. 2.c), las responsabilidades individuales podrían depurarse, si la justicia peruana no procede, ante la Corte Penal Internacional y la del Estado, ante la Corte Internacional de Justicia.

Las implicaciones de las palabras del Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso también interesan al escenario del crimen. Si, según afirma, se mantenía una posición de diálogo es porque el diálogo cabía, como indudablemente cabe. Las medidas indígenas de bloqueo de comunicaciones responden a la determinación de defender unos derechos atropellados por decretos y políticas gubernamentales que respaldan y promocionan la invasión empresarial de sus territorios y depredación consiguiente de sus recursos. Es una posición la indígena con buenas razones de derecho, a la luz tanto del derecho constitucional peruano como del derecho internacional de los derechos humanos, mientras que el Gobierno no ha hecho ni el intento de formular la suya en términos jurídicos, constándole como le consta que carece de razones de derechos ni constitucionales ni humanos o de derechos sin más. Su lenguaje es el de los intereses con el añadido encima de un racismo rampante.

No debe pasarse por alto que las explicaciones suplementarias de Yehude Simón ante el Congreso, tras intentar en vano desprenderse de responsabilidad, abundan, con lenguaje ciertamente menos combativo, en el racismo paladino del que hace alarde estos días el Presidente de la República Alan García. Mirando a las víctimas, se identifica emotivamente con las de la policía al tiempo que guardan un silencio vergonzoso sobre las indígenas. Para Simón y García, las unas merecen conteo y honores; las otras, ocultación y desprecio. Según la perspectiva expresada por los máximos responsables de la política peruana, la que está inspirando sus decisiones, se trata de nosotros y ellos, de gente de razón y gente irracional, de defensores naturales e infractores inveterados del orden, de peruanos e indígenas.

Todavía peor. Tanto Simón como García presentan el conflicto como si se estuviera poco menos que produciendo una invasión del Perú, como si los indígenas fueran invasores en sus propios territorios, los territorios que son suyos desde antes de la existencia de la República del Perú. La misma inverosimilitud de las palabras de Yehude Simón sólo se explica en este contexto de convicciones racistas profundas. Dándose por hecho que las palabras se dirigen a gentes igual de racistas, se muestran confiados en que se les de crédito. El insulto se añade al crimen. Naturalmente, por mucho que el delito dé política y de acción genocidas pueda considerarse flagrante y confeso, no digo que, antes de que haya condena mediante el debido juicio con todas sus garantías, todos los mencionados sean criminales, pero el criminal también se caracteriza por buscar, ante las evidencias, complicidades.

Encuentro este comentario por Internet: “El libreto ha sido decir aborigen malo, gobierno bueno, aborigen perro del hortelano, gobierno defensor de la democracia. El maniqueísmo simplón del gobierno hasta podría ser divertido dentro de su frivolidad, si no fuera porque ha costado ya muchas vidas humanas”. Espero que al autor o a la autora no le importe que las haga mías. Lo peor ahora es que la situación provocadora de muertes se mantiene. El Gobierno no deroga los decretos lesivos de derechos indígenas y, por esto mismo, no levanta el estado de suspensión de libertades personales y políticas indígenas.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas