Ginebra, 11 de junio de 2009. El compromiso del Perú con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169) acaba hoy mismo de pasar examen ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea general de delegados y delegadas estatales, empresariales y sindicales que constituye la máxima instancia de esa organización. El examen coincide con el estado de grave alarma y suma conflictividad existente en el Perú precisamente por el incumplimiento sistemático del Convenio 169. A las tres de la tarde, hora local, se inició el examen. La intervención en el mismo de la Presidenta de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, ha sido contundente. La CGTP es con mucho la principal central sindical del Perú.

La Presidenta de la CGTP pidió un minuto de silencio “por todas las víctimas, indígenas, campesinos, líderes sociales y policías que han muerto y desaparecido” en la masacre de Bagua, por todos ellos y ellas, tanto indígenas como policías. Habló de un “desolador panorama de violencia” expresando preocupación porque la situación siga siendo explosiva. “Las trabajadoras y trabajadores del Perú lamentamos profundamente que la aplicación arbitraria de una política contra los derechos de los pueblos indígenas haya derivado en este clima de hostilidad y sangre”; “tememos por la vida e integridad” de los miembros de la comunizadas acosadas, así como “por la vida de los indígenas que se encuentran heridos y recluidos en cuarteles militares”. El origen más inmediato de esta situación de alta conflictividad no deja de registrarse: “El Congreso dio facultades al Presidente para reglamentar el tratado comercial (con los Estados Unidos). Sin embargo, este no sólo emitió decretos para regular el TLC (Tratado de Libre Comercio) sino que usurpó competencias del Congreso, y en más de 100 decretos modificó los derechos de las comunidades indígenas. También aprovechó para criminalizar la protesta social, entre otras medidas arbitrarias”.

Más en general, la seria preocupación por la vida también se tiene y expresa ante las condiciones a las que la política gubernamental de concesiones empresariales viene sometiendo a las comunidades amazónicas. “Empresas como Río Blanco Cooper S.A, la Compañía Minera Pampamali S.A., la empresa argentina Pluspetrol, Perú Corporation S.A y Newman Corporation, entre otras muchas, han explotado y siguen explotando nuestros territorios dejando a las comunidades peruanas sin territorio, sin derechos y sin vida”; “la Amazonía tiene concesionada 49 millones de hectáreas de 55 millones, es decir, el 72% de su territorio ha sido entregado por el actual Gobierno para la exploración y explotación de hidrocarburos”; en algunas comunidades la práctica totalidad de las niñas y niños “sobrepasan los límites de metales tóxicos, ejemplo cadmio en la sangre”. No se utiliza la palabra genocidio, pero, según la situación que se describe, podría perfectamente haberse hecho uso de ella (Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, art. 2.c: es genocidio el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”).

La enérgica intervención de la Presidenta de la CGTP concluye proponiendo que, dada la gravedad extrema de la situación, no se espere a la respuesta del Gobierno del Perú a las recientes observaciones críticas del Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre el incumplimiento del Convenio 169, sino que se impulse la inmediata visita de una “misión de alto nivel” y carácter internacional, con participación de la OIT), que evalúe el alcance de las violaciones del mismo y urja al Gobierno del Perú a “proteger la vida de los miembros de las comunidades indígenas”; “garantizar el ejercicio integral de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente al respeto de sus territorios, y a ser consultados de las decisiones que les afecten”; “derogar los controvertidos decretos legislativos”, “levantar el estado de emergencia y toque de queda en la selva amazónica, zona de inversión minera y petrolera, por ser medidas extremas y desproporcionadas frente a la legítima protesta”, y “aplicar medidas urgentes para salvaguardar las instituciones, personas, bienes, cultura, trabajo y medio ambiente de los pueblos indígenas”.

A las tres de la tarde la sesión se había abierto con la intervención del delegado del Perú en esta Conferencia Internacional del Trabajo, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Jorge Villasante, quien se anduvo por las ramas eludiendo responsabilidades con cuestiones impertinentes al asunto, como la regionalización del Perú, y concretando tan sólo para culpabilizar a los indígenas y para lamentar las muertes solamente de policías, no de indígenas. Es otra muestra, ésta ante la comunidad internacional, del racismo que está hoy gobernando en Perú.

Hubo intervenciones conniventes con el Perú, como la del delegado de la parte empresarial por Colombia, quien además se extendió a poner en entredicho el procedimiento mismo de examen sobre las obligaciones emanadas del Convenio 269 para los Estados que lo tienen ratificado. También las hubo de parte internacional en la línea sustancialmente de la delegada sindical por el Perú, como la de Lars-Anders Baer en su calidad de miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y en representación del mismo. Hay siempre que lamentar que la parte indígena, pese al Convenio 169 y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, carezca de voz propia ante la OIT.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.