Los argumentos previos del Gobierno (y del FMI) El Gobierno venía anunciando la necesidad de hacer ajustes importantes al Presupuesto General de la Nación para el 2003 con el fin de reducir el déficit fiscal que el 2002 llegó a un 8 %. Se supo que el FMI presionaba al Gobierno para reducir dicho déficit hasta un 3,5 %, y que en ningún caso llegara a superar el 5,5 %, y para ello el propio FMI sólo veía dos caminos: o incrementar el precio de los carburantes ("gasolinazo") o incrementar los impuestos ("impuestazo"). El Gobierno descartó la primera alternativa y la sustituyó por el incremento del IEHD y anunció públicamente que sumando el aporte de las petroleras a la recaudación del impuestazo y a una reducción de gastos en la burocracia estatal se lograría contar para el PGN con 39 mil millones de bolivianos (el PGN 2002 había sido de 29 mil), cantidad que permitiría encarar un programa de inversiones y de "obras con empleos". El Gobierno no escucha a la población El mero anuncio desató reacciones airadas que cualquiera hubiera entendido como peligrosas, pero que el gabinete económico simplemente no escuchó. Las personas entrevistadas en la calle expresaban que "no estaban locas" para seguir sacrificando sus ingresos en beneficio de un estado que no hacía nada por ellas. Analistas de diversas áreas comentaban que la burocracia se come el 65 % de los impuestos. Los empresarios privados advertían que dando gusto al FMI sólo se lograría aumentar la recesión y el desempleo, que al comprimir la capacidad de gasto de la población se produciría una reducción de las transacciones y un incremento en la mora bancaria, y que el resultado final sería un achicamiento de la economía y un agravamiento de la crisis. De manera general hubo un rechazo a esa obediencia ciega al FMI. Para colmo el anuncio de reducción de salarios en los poderes Ejecutivo y Legislativo a título de compartir el peso del ajuste presupuestario, nunca llegó a concretarse en cifras (Presidente y Parlamentarios ganan Bs 30 mil, ministros 29 mil y viceministros 22 mil, y muchos superintendendentes ganan más que el Presidente, sin contar "bonos" y otras prebendas). El Impuestazo y las propuestas alternativas. El Presidente lo proclamó el domingo 9 por la noche. La medida resultaba más dura de lo previsto: a partir de dos salarios mínimos (Bs 880) empezaba el descuento tributario de un 4,2 %, para incrementarse gradualmente hasta un 10,3 % para sueldos superiores a 5.000. Además ya no era posible descargar el descuento del IVA con facturas (dizque porque mucha gente utiliza facturas irregulares…). El anuncio fue breve, hizo hincapié en la necesidad perentoria de reducir el déficit y posibilitar inversiones y prometió mejores días, la misma promesa que la población viene escuchando desde el 29 de agosto de 1985. El lunes y martes transcurrieron con amenazas de tormenta, el rechazo al Impuestazo era unánime. Los economistas coincidían con los empresarios y con los dirigentes sindicales: no se puede solucionar los problemas del país a costa de esa minoría que son los 170 mil trabajadores de la economía formal; y abundaron las propuestas alternativas: los empresarios insistían en ampliar el universo de contribuyentes y en acabar con el contrabando, además de reducir el IVA al 8 %; los dirigentes sindicales hablaban de cobrar impuestos a los eternos evasores (al respecto La Razón informaba que Impuestos Internos sostiene 1.068 juicios por más de 523 millones de dólares, mucho más de lo que el Gobierno requiere para equilibrar el déficit), incluyendo entre los eternos evasores a uno de los socios del gobierno, el Sr. Johnny Fernández; dirigentes políticos de oposición insistía en eliminar los famosos "gastos reservados"; el llamado Estado Mayor del Pueblo proponía duplicar las regalías petroleras (del 18 al 37 %) y recuperar las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva; nosotros añadiríamos la propuesta de recuperar el dinero que se va por la corrupción (según el análisis conservador del Colegio de Economistas de Bolivia, son 1.200 millones de dólares por año, el 25 % del presupuesto 2002). El martes 11 se supo que la Policía Nacional se amotinaba contra el Gobierno exigiendo no sólo la derogación de la medida sino otra serie de reivindicaciones salariales y gremiales. El país se incendia y el Gobierno se ve obligado a retirar el Impuestazo Pese a todo lo dicho, y a las amenazas de movilización, de batalla parlamentaria y de paro general en contra de las medidas, el Gobierno se limitó a afirmar que "no habrá marcha atrás" en las medidas. Tuvieron que producirse un montón de muertos y heridos (se habla de 17 muertos y 70 heridos, la mayoría policías), y otro montón de daños materiales, para que el Gobierno entendiera. Efectivamente el miércoles, con las fuerzas policiales acuarteladas, empieza la movilización. Una marcha de colegiales enciende la chispa apedreando las ventanas del Palacio de Gobierno. Las Fuerzas Armadas (Policía Militar) acuden a reprimir a los estudiantes y se produce un feroz enfrentamiento con las fuerzas policiales que se encontraban concentradas en el cuartel del GES (Grupo Especial de Seguridad). La refriega, transmitida a todo el país, recordaba los enfrentamientos del 9 de abril y llenaba de heridos el Hospital de Clínicas. Con los primeros muertos las fuerzas policiales redoblaron su furia, mientras la población civil se iba aglutinando y empezaba a expresar la ira contenida en años. En pocas horas se saqueó e incendió el Ministerio de Trabajo, la Vicepresidencia, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, la casa del MNR, la casa del MIR, la casa de la UCS. El Presidente y sus ministros tuvieron que ser evacuados del Palacio de Gobierno. El humo de los incendios se mezclaba con los gases de la Policía Militar. Mientras tanto el Vocero Presidencial y el Ministro de Defensa hacían el ridículo informando que se estaba llegando a acuerdos entre las partes involucradas y que ya la paz estaba volviendo a las calles, cuando en realidad la sede de gobierno se convertía en un infierno, a los asaltos políticos sucedían asaltos económicos y saqueos de comercios, se intentaba incendiar la Cervecería, y el fuego saltaba también al Alto y a Cochabamba, y en Santa Cruz se temía la toma de la Prefectura por parte de las fuerzas policiales. A las 16.30 el Presidente comunicó que retiraba la propuesta de incremento tributario y rogaba que "Dios salve a Bolivia" (¿reconociendo así que él no puede hacer nada?). Pero las cosas no cambiaron. Los incendios y saqueos se prolongaron hasta altas horas de la noche. El comandante de la Policía presentó su renuncia; la agencia de noticias FIDES anunció la remoción del ministro de Gobierno; los policías velaban a sus muertos y juraban venganza. El ministro de Trabajo y el de Educación decretaron suspensión de actividades para hoy jueves, lo mismo que la Banca. Evo Morales y el Estado Mayor del Pueblo reclaman la renuncia del Presidente y del Vicepresidente y la convocatoria a Asamblea Constituyente, con el argumento de que la única solución es "refundar el país" en base a un modelo que definitivamente no es el del actual Presidente. Reyes Villa amenazaba con pedir otro tanto. Hoy jueves el país está paralizado y se inician movilizaciones que pueden ser muy fuertes, mientras los militares y los tanques salen a la calle. ¿Perspectivas? No se puede adelantar nada. El Gobierno ha firmado un convenio con la Policía, pero parece que la mayor parte de la Policía Nacional rechaza el acuerdo. Por lo demás se ha comprobado que la población está cargada de frustración y de ira. Al respecto es interesante comparar esta movilización con el "Caracazo" que asoló hace unos años la capital de Venezuela: en Caracas la poblada fue directamente a los supermercados a saciar el hambre contenida, mientras en La Paz (y otras ciudades) se expresó en primera línea la bronca política, que se concentró en los inmuebles que expresan el poder del estado y el de sus usufructuarios que son los partidos de gobierno. Parece que los discursos pacificadores de la Iglesia, la Prensa y el Gobierno llegan poco a los ánimos de una población que ha pasado los límites de la furia, y que además puede comprobar que detrás de los discursos gubernamentales sigue la amenaza de la represión. Habrá que ver cómo evolucionan las movilizaciones del día de hoy, incluyendo el entierro de los 12 policías muertos. Por el momento ya hay otros dos muertos (uno en El Alto y otro en el Chapare) y la tensión es creciente. Por lo demás el Gobierno se ha quedado sin proyecto para lograr el equilibrio presupuestario, y no parece que pueda estar dispuesto a aceptar las contrapuestas que hemos mencionado (en cambio sí se discute la alternativa del "gasolinazo", que provocaría reacciones todavía más radicales que las que estamos viviendo). La incertidumbre es pues total. Bolivia Press 2003, Nr. 2 (13 de febrero)