La visita urgente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas motivada por la masacre de Bagua concluye con una cierta confusión informativa por causa ante todo de la interferencia de la Cancillería. La misma ha puesto en marcha una campaña de desinformación dirigida a la emigración peruana con rasgos de puro cinismo en el relato de los hechos y la presentación de las posiciones. Desde el mismo momento en que cursó su invitación, el Canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, ha intentado capitalizar a favor del Gobierno la visita del Relator Especial, James Anaya.

“Debería haber una investigación exhaustiva”, ha declarado el Relator Especial a la conclusión de su visita, añadiendo que la comisión encargada de la indagación debiera ser de un carácter tripartito: gubernamental, indígena e internacional. Asimismo estima que se está produciendo un “cambio positivo” desde la derogación del par de decretos que impulsaban la privatización de propiedades comunitarias, añadiendo que tal cambio debe conseguir una mejor comunicación con la parte indígena y proceder siempre para la puesta en práctica de acuerdos mediante el mecanismo de la consulta a los pueblos indígenas. Tras estas consideraciones el Relator Especial rechazó la posibilidad de que se haya cometido genocidio, pues, arguyó, “genocidio implica el exterminio de un pueblo como definición jurídica internacional”, lo que “no he visto”.

Por su parte, desde Bogotá, donde se encuentra, el Canciller hace sus declaraciones eludiendo la necesidad de la investigación exhaustiva e imparcial y el requisito del respeto a la consulta para el encauzamiento de la situación y centrándose en el descarte del genocidio: “En la entrevista que tuve yo con él (Anaya), él nos dijo a mí y a las ministras que estaban conmigo que no era posible hablar de genocidio y no se debía hablar de genocidio”. El Canciller entiende que la misma visita del Relator Especial sale al paso de “la clara y manifiesta campaña de ciertas organizaciones por exagerar y dramatizar e inventar, digamos, situaciones que no se han dado” y se muestra confiado en que James Anaya cumplirá el papel que se le asigna: “Tenemos amplia confianza en que va a decir su verdad, porque nos interesa que todo sea transparente; no tenemos nada que esconder y tenemos plena confianza”. Ni tiene el detalle diplomático de esperar a su informe, que tendrá por supuesto que elaborarse, ni entiende que haga falta mayor indagación y, aún menos, imparcial.

La indagación ya la ha comenzado la justicia peruana actuando con la parcialidad que le caracteriza. Procesa por diversos cargos a más de sesenta indígenas y a ningún mando policial, militar ni político. Bastantes de esos indígenas están en paradero desconocido y la justicia no se plantea indagar sobre su posible muerte o retención a manos de responsables públicos. Ni el Relator Especial ni el Canciller han declarado nada sobre estos particulares. Cargo de genocidio no se presenta, aunque el Código Penal peruano ofrece base. Y también lo hace desde luego el derecho internacional. “Genocidio implica el exterminio de un pueblo”, ciertamente, pero también algo más. Conforme a la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, no hace falta exterminar a todo un pueblo para que lo haya, sino que basta que se le elimine “en parte”.

Testimonia el Relator Especial que no ha visto en la masacre de Bagua “el exterminio de un pueblo”. Ni total ni parcialmente, desde luego. Pero para la Convención sobre el Genocidio lo es también, sin necesidad de eliminación física directa, el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Me consta que, en la visita del Relator Especial a las comunidades que han sufrido víctimas, se le ha explicado cumplidamente cómo la intrusión de empresas extractivas por concesión gubernamental sin consulta indígena les están sometiendo a unas condiciones imposibles de vida; digámoslo con el lenguaje del derecho penal internacional: “a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física”. La derogación de un par de decretos no cambia para nada en absoluto tales condiciones.

¿Por qué no estima el Relator Especial que pueda haber genocidio? Adviértase bien. En el caso no es que constituya genocidio una masacre, pues no es así ciertamente. Es que puede constituirlo la política gubernamental y la actividad empresarial, todo esto que hasta ahora, en su rápida visita, no ha podido analizar el Relator Especial. Cierto es que en el ámbito internacional impera una idea restrictiva de genocidio. Empezó a gestarse con los términos de la ratificación de la Convención por los Estados Unidos y ha llegado a hacerse doctrina autorizada por obra de la Corte Internacional de Justicia. Es la idea de que el genocidio sólo es matanza y matanza cometida con la intención deliberadamente asesina de eliminar por la violencia directa a todo un grupo humano. Ni es éste el único medio de exterminio de pueblos ni la Convención sobre el Genocidio mantiene dicho concepto. Sobre la posibilidad de que exista genocidio en el Perú, se entiende la ansiedad del Gobierno peruano por despejarla bastante mejor que el apresuramiento del Relator Especial por descartarla.

La Cancillería por su parte no está ociosa. Se ha hecho cargo de la campaña de desinformación hacia el exterior. A través de los consulados transmite una visión radicalmente sesgada de los acontecimientos a la ciudadanía peruana que reside en el extranjero. La mala fe ya queda con esto completamente al desnudo. El comunicado asevera que, ante los sucesos de Bagua, el Gobierno ha cuidado sumamente el respeto de “los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción y proporcionándoles la asistencia legal y la supervisión de las autoridades competentes” incluso todo ello en el caso de unos procesamientos: “en el proceso judicial correspondiente, las personas implicadas continuarán gozando de todas las garantías inherentes al debido proceso”. Dada la línea inmaculada de comportamiento, de otras responsabilidades, ni políticas ni criminales, es el caso. No entran en cuestión.

Hay más explicaciones: “El objetivo del gobierno es evitar la destrucción que vienen perpetrando contra el bosque amazónico los mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y quienes practican la tala ilegal y el contrabando de madera”. Sobre derechos indígenas tampoco hay cuestión pues es en dicho contexto donde se comprende una serie de leyes y decretos: “Para defender este patrimonio ecológico de la humanidad, reforestar las áreas destruidas y establecer el orden, el gobierno impulsó una legislación moderna”. Si otra cosa se ha entendido en medios indígenas es porque “movimientos políticos extremistas difundieron entre los nativos que se les arrebatarían las tierras”. Con este despliegue ejercicio de transparencia todo queda cristalinamente claro. Ya se sabe ahora por qué las empresas extractivas irrumpen, concesión gubernativa mediante, en la Amazonía: para evitar su destrucción en manos de gente desaprensiva.

En esta instrucción de la Cancillería a los consulados peruanos unas políticas alegadamente genocidas pueden aparecer transvertidas. He aquí el remate del comunicado: “El Gobierno peruano reitera su firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados en esta delicada problemática y su voluntad de evitar la destrucción de la amazonía, cumpliendo su compromiso con las propias etnias nativas y con el futuro de la humanidad”. Punto. Y seguido por supuesto, nada final como se quiere.

Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org