La firma del acuerdo con el FMI fue presentada por el gobierno nacional como un triunfo y al mismo tiempo como una demostración de la firmeza del Ministro Lavagna en su decisión de no ceder ante las presiones fondomonetaristas. Mas aún, llegó a instalarse en el debate público la imagen de progresista para el citado Ministro. Tales afirmaciones pasan por alto tanto lo que debió hacer la Argentina para llegar al acuerdo, como lo que exhibe una lectura elemental del memorando de entendimiento. Respecto a lo que debimos hacer corresponde precisar que en nombre del FMI Argentina condicionó de manera decisiva tanto el desenvolvimiento económico como su propio proceso institucional durante el año 2002. Nuestro país adoptó, a instancias del organismo, el denominado "régimen de flotación cambiaria" que (como era obvio en un contexto de escasez de divisas) posibilitaría una devaluación del 250 % con su efecto de pulverización de ingresos expresado en los cerca de 7 millones de nuevos pobres que Argentina exhibe sobre finales del 2002. Asimismo, la búsqueda del acuerdo implicó la adopción de una restrictiva política fiscal que obligó a disminuir el gasto público (primario) del 2002 en un 20,6% a valores constantes, lo cual supone una rebaja del $10.100 mill. a precios del año 2001.Por otra parte, la desregulación sugerida por el FMI para el ámbito del comercio exterior, el mercado cambiario y financiero, posibilito la dilapidación (fuga) de la totalidad del saldo comercial que la Argentina exhibiera durante el año que pasó (U$ 16.500 mill).Como no podía ser de otro modo, el resultado de mayor pobreza, más ajuste fiscal y fuga de capitales, fue una caída de la actividad económica del 11% respecto a los bajos valores del 2001. Como si esto no alcanzara, a lo expuesto debe agregarse la modificación de la ley de quiebras en favor de los bancos y el capital extranjero, la derogación de la ley que tipificaba el delito de subversión Económica decretando impunidad sobre los negociados, así como el archivo del juicio a la Corte Suprema de Injusticia. Respecto al futuro, el memorandum de entendimiento es claro en varios sentidos. En términos fiscales supone un incremento el 2,5% en el superávit fiscal ($ 13.904,7 mill) con destino al pago de intereses a organismos internacionales y al sistema financiero local. Asimismo este se obtiene en base a una nueva rebaja del gasto público que a valores constantes implica una caída del 28,5% respecto del 2001 (es decir casi $14.000 mill). Corresponde consignar que el descenso expuesto se funda en una rebaja de los salarios reales y de los haberes jubilatorios que se ubica en torno al 48% respecto a Diciembre del 2001. A lo expuesto, se agrega la contracción monetaria explicitada en el acuerdo. La moneda disponible será menor ya no solo en términos reales (dada la inflación esperada) sino incluso nominalmente (a fin de junio será $850 mill inferior). Aspecto este que no solo habla de dureza monetaria y tasas de interés elevadas sino que determina la imposibilidad de que se recuperen las reservas perdidas. Habida cuenta de que no habrá pesos para comprar dólares que restituyan los que Lavagna usara para pagarles a los organismos internacionales; que a su vez los recursos girados por el FMI no son de libre disponibilidad sino que van a una cuenta especial dirigida a cubrir desembolsos futuros; y a que se estableció un flujo neutro entre la Argentina, el BID y el Banco mundial; esto indica que las reservas no se recuperarán y que por lo tanto Lavagna tambien debilito la capacidad de negociación de la Argentina con los acreedores privados casualmente en el momento en que se define comenzar el proceso de negociacion. Es decir, contracción fiscal y monetaria para ahogar cualquier reactivación, y debilidad para encarar la renegociación del endeudamiento. Por si esto fuese poco, la carta deja plasmados los avances a recorrer y que darian la bienvenida al próximo gobierno. Estos son: - presentación legislativa de una reforma tributaria integral y un nuevo régimen de coparticipación. - Contratación de un asesor internacional (un banco extranjero) para determinar la situación del endeudamiento con los acreedores. - Consultoría internacional para evaluar la banca publica, dilucidar su rol estratégico incluyendo decisiones de capitalización vía emisión pública de acciones (privatización). - Gestión de la concentración del sistema financiero y limitaciones al Poder Judicial para que este no pueda anular las definiciones del Banco Central, así como tampoco juzgar a sus funcionarios. - Asistencia del Banco Mundial y el FMI para desarrollar un nuevo marco regulatorio y facilitar (¿sera estatizar?) la reestructuración de las deudas de las empresas privadas que operan servicios públicos. Como si esto fuese poco, el memorandum establece restricciones a la operatoria de los bancos públicos, pauta con precisión el ajuste provincial y establece el incremento de deuda publica esperado en razón (dominantemente) de haberle cubierto las espaldas a los bancos en la crisis financiera. Todo lo expuesto ha sido ofrendado por nuestro Ministro ,en canje por un aval del FMI para que la Argentina siga haciendo lo que ya venia haciendo (postergar los vencimientos con los organismos internacionales), y que a partir de Agosto se siente a negociar la profundización de las reformas estructurales con una pelota de vencimientos sobre su cabeza. * Claudio Lozano. Director Instituto Estudios y Formación CTA