La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral determinó ayer por mayoría que no corresponde el recurso interpuesto para impulsar un referéndum contra los artículos de la rendición de cuentas referidos a la Administración de Ferrocarriles del Estado y a la tercerización de los impuestos municipales. La decisión se adoptó con la opinión mayoritaria de sus integrantes colorados y blancos, aunque con diferentes argumentos. Los colorados aducen que los cuatro artículos impugnados son de carácter presupuestal y por ello no procede el recurso, mientras que los blancos agregan que como el recurso se presenta en forma conjunta con la impugnación de otros artículos referidos a cuestiones municipales, hay un "efecto arrastre" que los inhabilita. Según resume el diario El País, el sábado 15 de febrero, los técnicos en materia jurídica Daniel Hugo Martins, vinculado al Partido Nacional, y Ruben Correa Freitas, senador del Partido Colorado, coincidieron en señalar que la formulación de la consulta no corresponde porque las normas impugnadas son materia presupuestal y, por tanto, no pueden ser recurribles porque son privativas del Poder Ejecutivo. Ese pronunciamiento había generado la reacción del dirigente ferroviario Juan Silveira, quien dijo que es un "verdadero atropello jurídico" que se pretenda establecer que no es procedente el referéndum que se propone contra los artículos de la Rendición de Cuentas referidos a AFE para los que se presentaron más de 95 mil adhesiones y recordó que la Corte Electoral avaló la consulta sobre los artículo 612 y 613 referidos a Antel. La Unión Ferroviaria presentó 95.069 firmas a la Corte Electoral, para disparar la llamada "vía corta". La misma requiere la presentación de 50.000 firmas (2% del padrón electoral). Verificadas las firmas, habría un llamado a votación no obligatorio, y si se alcanza el 25% del padrón (600.000 adhesiones) recién allí se convoca a consulta popular para recorrer la suerte de los artículos en cuestión. Las normas que se pretendían impugnar refieren a la supresión de los servicios médicos propios de los entes; la transferencia de la infraestructura de AFE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y la posibilidad de que las intendencias tercericen el cobro de los tributos municipales. El dirigente de la Unión Ferroviaria, Juan Silveira, consideró que la decisión "Es un verdadero disparate y no nos vamos a quedar quietos." El sindicato estuvo evaluando el tema con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, y hoy decidirá cuales serán las medidas que tomará para rechazar este dictamen. "Esto nos genera una gran preocupación porque está en juego la democracia de este país; es un disparate de la Corte Electoral que está cumpliendo mandados políticos. Si esto se llega a efectivizar, esta Corte pierde toda legitimidad como organismo arbitral nada menos que de las propias elecciones nacionales", advirtió. Sobre los artículos referidos a la tercerización del cobro de tributos municipales, Silveira aclaró que no está en juego aquí una fijación de un impuestos sino quien tendrá la facultad de cobrarlos, por lo cual también es una materia plebiscitable. Por su parte, en su audición semanal en CX 36 Radio Centenario, el presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Tabaré Vázquez, dijo que más allá de la gravedad del episodio, "lo sustancial es que esta Corte, tal como está integrada es legal, pero carece de legitimidad. Es legal, pues fue designada y funciona en el marco de la Constitución y la ley. No obstante carece de legitimidad ya que su conformación no contempla la realidad del mapa electoral, surgido de las últimas elecciones nacionales, como también lo indica que debe hacerlo la Constitución de la República". Vázquez señaló a blancos y coloroados como los "responsables del desencuentro entre el país real y su Corte Electoral", pues "más allá de sus declaraciones de buenos propósitos, no demuestran por la vía de los hechos que tienen la voluntad política de actualizar la composición de la Corte Electoral".