América del Sur

Unasur-Usa: Nuevo diálogo político en torno a la seguridad en la región

CODHES

10/08/2009

Opinión

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La III Cumbre de jefes de Estado de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR que acaba de terminar en Quito, Ecuador, confirmó que el principal obstáculo para la integración económica y política de los países de América del Sur es el conflicto armado en Colombia y su incidencia negativa para la paz y la seguridad de la región.

La UNASUR surgió hace sólo un año como expresión de una nueva realidad política y está integrada mayoritariamente por gobiernos que oscilan entre el proyecto bolivariano, que lidera el presidente de Venezuela Hugo Chávez y que integra a los países del ALBA y la izquierda moderada, que encabeza Brasil y que integra a los gobiernos que giran alrededor del Mercosur.

El gobierno de Colombia aceptó hacer parte de UNASUR más por conveniencia que por convicción. Finalmente, su proyecto está determinado por la política exterior de Estados Unidos y fundamentado en un modelo de cooperación con un fuerte componente militar.

El Plan Colombia, un programa de ayuda que se implementó para combatir el narcotráfico, consolidar la democracia y asegurar la paz, ha sido el mecanismo para recibir recursos por siete mil millones de dólares, que convierte a Colombia en el tercer país receptor de ayuda militar de Estados Unidos en el mundo.

La utilidad de esta ayuda en términos de la lucha contra las drogas es mínima. Los narcotraficantes siguen exportando alrededor de mil toneladas métricas de cocaína cada año, las plantaciones de hoja de coca se han diseminado en pequeños cultivos que suman 90 mil hectáreas en 24 de los 32 departamentos del país, a pesar de que se han fumigado más de un millón. Además, los carteles de la droga se han fragmentado dentro y fuera del país para asegurar con éxito su comercio ilícito y proyectar una peligrosa incidencia en la institucionalidad y el poder político en América Latina.

Ahora el gobierno colombiano anuncia una ampliación del convenio de cooperación militar, suscrito con el gobierno de Estados Unidos desde los tiempos de la guerra fría (1962).

Según este anuncio, el gobierno de Colombia permitirá al Ejército de Estados Unidos operar en siete bases militares, las más importantes que tiene el país: Tres bases aéreas, una en Malambo que opera para el Caribe, otra en Apiay con jurisdicción en los Llanos orientales y la base de Palanquero en el Pacífico. Dos bases militares y de entrenamiento del Ejército en Larandia y Tolemaida, que cubren el centro y el sur del país y dos bases navales, adscritas a la Armada y ubicadas en Bahía Málaga, que cubre el mar pacífico y Cartagena, que cubre el mar Caribe.

A diferencia de la Base de Manta, concebida sólo para combatir el tráfico de drogas en el pacífico, Estados Unidos podrá utilizar las siete bases colombianas para combatir el tráfico de drogas y el terrorismo. Ahora bien, Estados Unidos mantiene en la lista de organizaciones terroristas a las Farc y al Eln y el gobierno de Colombia ha dicho públicamente que los gobiernos de Venezuela y Ecuador apoyan a las guerrillas colombianas. Incluso amenazó con denunciar a los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa ante el Tribunal Penal Internacional por apoyo al terrorismo.

En estas circunstancias, un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, además de un problema de soberanía en Colombia, se convierte en un dilema para la seguridad y la estabilidad política en la región.

Más aún si se tienen en cuenta las declaraciones del comandante de las Fuerza Militares de Colombia, General Fredy Padilla de León, según las cuales el gobierno de Estados Unidos podrá operar aviones C-17, que son usados para el transporte de logística y unidades de combate, con autonomía de vuelo de 8.000 kilómetros y capacidad de carga de 70 toneladas.

Un documento del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, presentado en abril de 2009, sostiene que “el Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia (aeropuerto Germán Olano), como un lugar para una base de seguridad cooperativa. Desde aquí, se puede cubrir casi la mitad del continente con un C-17 sin necesidad de re-abastecimiento. Si el combustible apropiado estuviera disponible en el destino, un avión C-17 podría cubrir todo el continente, con la excepción de Tierra de Fuego en Chile y Argentina. Hasta tanto el Comando Sur establezca un plan más robusto de teatro de operaciones, la estrategia de ubicar una base de seguridad cooperativa será suficiente para que la movilidad aérea alcance todo el continente de América del Sur.” Es decir, desde las bases colombianas, el Ejército de Estado Unidos tendría control sobre toda la región.

Para entender que es una “base de seguridad cooperativa”, es preciso volver a los documentos oficiales. Según el Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, son instalaciones ubicadas “fuera de Estados Unidos y de sus territorios, con poca o ninguna permanencia, mantenida con servicio periódico y apoyo de contratistas o del país receptor. Las bases de seguridad cooperativa suministran acceso de contingencia apoyo logístico y uso rotativo a las fuerzas de operaciones y constituyen un punto focal para actividades de cooperación en materia de seguridad”.

Por supuesto que el gobierno colombiano está en su derecho de establecer convenios militares para hacer frente a los desafíos que plantea el narcotráfico y el conflicto armado (sin son efectivos o no es otro debate), pero quienes suscriben estos acuerdos bilaterales no pueden desconocer la preocupación regional por sus alcances e impactos en la seguridad y la paz de la región.

Es en este contexto que debe entenderse la decisión de Unasur de llevar el debate de las bases militares al Consejo Sudamericano de Defensa, como preámbulo de una cumbre extraordinaria de presidentes que se realizará en Argentina, posiblemente este mismo mes.

Pero no es suficiente una discusión entre los países de América del Sur. Tal y como lo sugirió la delegación de organizaciones de sociedad civil colombiana en la cumbre, es preciso que los gobiernos que integran la UNASUR propongan “un diálogo constructivo entre el Consejo de Defensa Suramericano y el gobierno de Estados Unidos, sobre las implicaciones y alcances de sus estrategias de seguridad en la región”.

El presidente Lula Da Silva de Brasil coincidió con esta propuesta y le pidió al jefe de Estado del Ecuador, Rafael Correa, quien ahora preside Unasur, que invite al presidente Obama a una reunión para abordar este tema en un escenario multilateral, distinto al que pretenden Estados Unidos y Colombia.

En la cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, el presidente Obama había anunciado su intención de buscar “una alianza entre iguales”, luego de admitir que "si bien EEUU ha hecho mucho en favor de la paz y la prosperidad en el continente, a veces también nos hemos desentendido o hemos tratado de dictar nuestras condiciones".

Es el momento de demostrar que si hay disposición de Washington para crear un nuevo clima en las relaciones entre Estados Unidos y Sud América a partir de una política de diálogo y respeto. El gobierno de Colombia debería entender estas nuevas realidades políticas, asumir por convicción los procesos de integración regional, más allá de diferencias ideológicas y no depender únicamente de sus contactos con los sectores más derechistas del gobierno de los Estados Unidos, que aún siguen imponiendo su política hacia América Latina.

Notas:

1. Gil, Laura, documento de trabajo sobre el tema de las bases militares presentado al Grupo de Washington, traducción no oficial, Bogotá, 7 de agosto de 2008

2. Traducción no oficial de documento del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, fechado en abril de 2009 y citado por Laura Gil, op. cit.

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