Colombia

El “Bloque Héroes del DAS” si existía

CODHES

14/09/2011

Opinión

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En noviembre de 2004, en el marco del Tercer Seminario Internacional de CODHES sobre respuestas institucionales y sociales al desplazamiento forzado, el director de la Comisión Colombiana de Juristas Gustavo Gallón presentó una cruda radiografía del paramilitarismo en Colombia y solicitó públicamente la desmovilización del que llamó “Bloque Héroes del DAS”.

En ese momento, una acusación semejante parecía una locura. El gobierno del presidente Uribe, con una impresionante popularidad, desarrollaba una política de “seguridad democrática” para derrotar a la guerrilla: ampliación y fortalecimiento de la Fuerza Pública, desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, negación del conflicto armado y lucha sin cuartel contra el terrorismo, recuperación del territorio, redes de civiles informantes y pago de recompensas por información.

Lo que el país no sabía entonces, era la empresa criminal que se gestaba en los más altos niveles del Estado y que tenía en el nombramiento del director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS un punto determinante. Tal vez por eso, el presidente de la época nombró en la dirección de este organismo de inteligencia a un joven abogado oriundo del Magdalena, quien había coordinado su campaña presidencial en ese departamento (el mismo donde se impuso la parapolítica y un solo candidato a la gobernación).

Se trataba de Jorge Noguera Cotes, quien, según la sentencia que acaba de dictar la Corte Suprema de Justicia, cumplió la tarea de poner al DAS a órdenes de los grupos paramilitares. La empresa criminal, mimetizada en la política de seguridad democrática, que el gobierno de entonces se empeñaba en mostrar como efectiva, arrojó resultados: ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), procedimientos ilegales de interceptación de comunicaciones a defensores de derechos humanos, magistrados, opositores, sindicalistas y periodistas, además de acciones de desprestigio, sabotaje y asesinato.

Simultáneamente se desarrollaba la ofensiva verbal del propio presidente, el vicepresidente y algunos de sus ministros contra las ONG de DDHH (“terroristas vestidos de civil” y “traficantes de derechos humanos”), a los sindicatos y los líderes de la oposición. La acción legal del Estado para enfrentar el desafío de la insurgencia armada se confundió con la ilegalidad, con acciones clandestinas, encubiertas y coordinadas entre organismos de inteligencia, Fuerza Pública y grupos narco-paramilitares y todo se legitimó social y mediáticamente con los “éxitos en la lucha contra el terrorismo”.

Por “ser responsable de la infiltración del paramilitarismo en el organismo de inteligencia, además de haber entregado a este grupo ilegal información sobre el profesor Alfredo Correa de Andreis, señalado de ser un supuesto auxiliador e ideólogo del frente 59 de las Farc, y quien fue asesinado el 17 de septiembre de 2004 por grupos paramilitares” la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 25 años de cárcel a quien ejerció la dirección del DAS entre 2004 y 2005. Esta condena es un paso importante en el camino de desmantelar la empresa criminal que operó en el gobierno anterior y cuyos resultados nefastos se empiezan a conocer como verdad judicial. CODHES fue víctima directa de esa empresa criminal, 13 de sus funcionarios y el hijo de uno de sus directivos (menor de edad), fueron objeto de estos seguimientos ilegales, además de una campaña de desprestigio y amenazas que aún persiste. Falta por determinar si con fondos y equipos de la asistencia militar de Estados Unidos se realizaron estas prácticas ilegales.

Por eso, el llamado de Gallón hace siete años cobra mucha importancia hoy, cuando el país conoce lo qué pasó con el DAS y confirma que sus palabras, así como las constantes denuncias y alertas de las ONG de derechos humanos eran y siguen siendo creíbles.

Bogotá, 15 de septiembre de 2011

Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

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