A nadie debe extrañar que nuestra economía esté amarrada a la del país vecino y que nuestros gobernantes expresen que nuestra recuperación depende de la de ellos. El discurso hace ver que esto es inevitable, pero no es así.

 

Si bien nuestra frontera común conduce a que los vínculos de todo tipo sean frecuentes e intensos con Estados Unidos, también es cierto que los gobiernos mexicanos, desde los ochenta, han promovido nuestra dependencia hacia ese país. Atrás quedaron los tiempos del nacionalismo y el desarrollo estabilizador, cuando el gobierno de México buscaba la autonomía frente al avasallante poder estadounidense.

 

Entre los cuarenta y los sesenta una política proteccionista permitió una cierta industrialización de México, si bien con sus debilidades y debida a que las potencias se concentraron en su participación en la II Guerra Mundial. De esos años data la muy digna doctrina Estrada, en política exterior, de no intervención en los problemas internos de los diversos países.

 

Con el giro al neoliberalismo, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se abandonó cualquier pretensión de soberanía en política económica interna. Comenzó el desmantelamiento de instituciones estatales de fomento a la producción y se promovió una apertura comercial en condiciones de desigualdad, que llevó a que mucha de la industria y producción agropecuaria nacionales desaparecieran.

 

Con el salinato el objetivo de privilegiar la competitividad internacional y la privatización dominó y casi desapareció la agricultura, mientras que el éxodo rural al vecino país tomó proporciones nunca vistas. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dio el corolario de esta política que, ignorando evidentes diferencias en productividad, nos ató como socios a dos poderosas economías, ante las cuales es muy difícil competir. Desde luego que los gobiernos panistas han continuado con esto y los resultados están a la vista: Viven en Estados Unidos unos doce o trece millones de compatriotas, no se han construido obras de infraestructura productiva en décadas, nuestra industria y agricultura sobreviven en condiciones de debilidad, mientras que los consorcios internacionales y sus socios locales hacen pingües negocios con una lógica depredadora y ajena al interés nacional.

 

Nuestro sector exportador, el supuesto modelo a seguir en detrimento del mercado interno, destina sus productos al vecino país en más de un 80 por ciento, tanto primarios como manufacturados. Actualmente la economía del vecino país se debilita y han bajado sus compras al exterior y el empleo que genera internamente, las remesas de nuestros migrantes caen y los ingresos que recibíamos por exportar al otro lado también han disminuido. Ello, en un contexto en que la crisis mundial y la consecuente baja en la demanda de energéticos provocan un decremento en los precios del petróleo. Además vemos una violencia creciente derivada del control de buena parte del territorio y la economía por el crimen organizado. Es decir, el saldo de este modelo es el de un país con una infraestructura productiva nacional debilitada, un mercado interno exiguo, una dependencia de los ingresos de las remesas y el petróleo casi total y una atadura a la economía estadounidense por varios lados (ello sin hablar del deterioro ecológico creciente).

 

Si supuestamente el modelo promueve la competitividad internacional, los resultados son desalentadores: nuestra balanza comercial es deficitaria, en 2007 el déficit fue de 10,073.7 millones de dólares, en 2008 de 17,260.7 y hasta mayo de 2009 ya acumulamos 1,049.1.

 

Costaría unos buenos años remontar estos problemas y promover una vía nacional de desarrollo, la pregunta es si con los gobernantes y actores políticos en juego actualmente esto es posible.