Después de la guerra social contra el impuestazo
06/03/2003
- Opinión
Es evidente que después del 12 y 13 de febrero el país ya no es el mismo. De
pronto ha quedado a la vista que el gobierno (como el rey de la parábola) está
desnudo, que su único sostén son las fuerzas del orden, y que si éstas se hacen
a un lado el estado puede colapsar. Por lo demás las heridas del conflicto están
sin restañar, y el futuro económico y político del país se presenta entre
incierto y sombrío. Empecemos por las heridas.
1. Militares y Policías. Ahora ¿quién responde?
Es claro que los hechos de febrero habrían sido otros sin el motín de la
Policía, y sin la respuesta feroz del Ejército que parecía querer desquitarse
de su histórica derrota de abril del 52. Por una parte la Policía ha mostrado
cohesión y decisión, por otra parte ha recuperado parte de la confianza popular
(los entierros de los policías muertos se convirtieron en actos de masas), a la
vez que ha perdido la confianza del Gobierno, y finalmente ha conseguido una
parte de sus demandas: mejora de su infraestructura, su dotación y su
presupuesto de alimentación; mejoras en la capacitación de los policías y en el
reglamento de la institución; derecho de participación de los suboficiales;
intervención en los batallones de seguridad privada; recuperación del Registro
de Identidad; promesas de un "bono de seguridad ciudadana", de viáticos y de un
mejor presupuesto para investigaciones; además de indemnización para las
familias de los policías fallecidos y garantía de que no habrá represalias
contra los amotinados. Si a esto le añadimos la satisfacción de haber doblegado
a un presidente con fama de implacable, se puede afirmar que el resultado final
no ha sido malo para la Policía.
Pero también parece que la cosa no se acaba ahí. Por una parte hemos visto a
oficiales y suboficiales jurando venganza por sus diez muertos. Por otra el
mayor David Vargas se dice que el cerebro del amotinamiento, él dice que el
ministro Sánchez Berzain prometió dinero a quien lo matara habla de la
reestructuración de la institución y de comandantes "sin visión institucional".
Además la Policía tiene brazos de élite de acción imprevisible, entre ellos
Umopar (que esta vez no llegó a entrar en acción) y el Grupo de Acción
Inmediata (GAI, un comando exclusivo financiado directamente por la Embajada de
EE UU) que en este momento está en el ojo del huracán. Resulta que el Instituto
de Investigaciones Forenses verificó que había sido este grupo el que disparó
contra el Palacio de Gobierno el día 12, desde el edificio del INRA y desde el
Hotel París; por toda respuesta el Fiscal General descabezó a los
investigadores. ¿Se podrá ocultar definitivamente la verdad?
En cuanto a las Fuerzas Armadas, han vuelto a profundizar la brecha que las
separa de la población, y se encuentran en una difícil situación judicial. Los
mandos militares niegan que los francotiradores de los días 12 y 13 fueran
suyos; las autoridades de Gobierno también lo niegan; pero nadie responde por
las muertes (que entre tanto ya suman 35). La prensa ha recibido amenazas para
que no publique fotos de militares disparando, sin embargo la Asamblea de
Derechos Humanos ha publicado un video en que se ve a militares disparando en el
lugar y hora en que murió una enfermera y quedó malherida una médica. Por lo
demás se sabe que un helicóptero fue dejando francotiradores en algunos techos,
y en Cochabamba consta que el Ejército quiso colocar militares con
ametralladoras pesadas en el techo de la Alcaldía (lo que no fue autorizado por
el Presidente el Concejo Municipal), y sí los colocó en el techo de la
Prefectura.
Todos prometen que se va a investigar. Pero por un lado la Fiscalía aparta de
dicha tarea a la Policía Técnica Judicial (encargada por ley de iniciar las
investigaciones) y por otro lado nombra dos fiscales que para Derechos Humanos
son corruptos y vinculados con el Ejército. Y cuando se detiene a un capitán,
identificado junto con otros como francotirador, el Juez lo pone en libertad.
Como dijo Sacha Llorente (de Derechos Humanos), suman cerca de 200 los
asesinatos cometidos por el estado "democrático" en los últimos 17 años, y hasta
ahora nunca nadie ha sido condenado por ellos. El comandante en jefe de las FFAA
dice que será la historia quienes los juzgará, por tanto no los tribunales de
justicia. ¿Será la vía adecuada para la pacificación?
2. El Gobierno mira para otro lado
La prensa nacional coincide en comentar que el Presidente y sus colaboradores
no asumen responsabilidades ni reconocen errores, llegando incluso a culpar de
los hechos al MAS (el partido que dirige Evo Morales) que evidentemente estuvo
al margen de los acontecimientos. Después de negarse a dialogar sobre el
"impuestazo" con la sociedad civil, el Presidente repite machaconamente que los
problemas no se solucionan con conflictos sociales ni con violencia, que se
solucionan con diálogo. Es tanta la orfandad en que lo deja su incapacidad
autocrítica que ha llegado al extremo de quejarse ante la OEA de alguien intenta
desestabilizar la democracia, y formalmente el vocero presidencial difundió una
curiosa teoría de intento de golpe de estado (que incluía el intento de
asesinar al Presidente); pero cuando la Comisión de Derechos Humanos de
Diputados lo convocó a declarar, escapó por los vericuetos de la Cámara y
prefirió no recordar su fantasiosa versión.
Por lo demás la última interpelación parlamentaria a los ministros responsables
de las trágicas jornadas urbanas de febrero ha quedado en nada (o en la
formación de una comisión, que viene a ser lo mismo), como quedó en nada la
interpelación por las jornadas rurales de enero, igualmente trágicas. La
mayoría parlamentaria encubre al Ejecutivo, y el Presidente ratifica en el
gabinete a los principales responsables del impuestazo y de la represión
militar. La falta de seriedad y responsabilidad, la falta de autocrítica, y
sobre todo la falta de visión de futuro que muestra el Gobierno, han hecho que
las voces que piden la renuncia del Presidente y Vicepresidente se multipliquen,
y que en todo caso la población haya perdido toda confianza en su gobierno.
3. La oposición aparece más fuerte
Si bien los hechos suscitados el 12 y 13 se produjeron más bien de forma
espontánea, y gracias al detonante imprevisto del amotinamiento policial, es
evidente que sirvieron para fortalecer a la oposición. Mientras el MAS pedía la
renuncia del Presidente y pedía la convocatoria a una Asamblea Constituyente,
la NFR calificaba de incapaces a Sánchez de Lozada y Mesa Gisbert, y acababa
también pidiendo su renuncia; el MIP y e PS se sumaban a las críticas y
amenazas.
Pero más allá de los partidos se ha ido consolidando el llamado "Estado Mayor
del Pueblo", compuesto por una larga lista de organismos sindicales y no
sindicales (como la Coordinadora del Agua), y por el que firman Evo Morales y
Saturnino Mallku. Este "Estado Mayor" ha lanzado varios comunicados pidiendo la
renuncia de los mandatarios, la convocatoria a elecciones o a Asamblea
Constituyente, la recuperación de las empresas capitalizadas, la erradicación
de tierras y la pausa en la erradicación de cocales, y viene convocando a las
organizaciones populares a la movilización y la vigilia.
Cierto que el paro decretado por la COB y los paros del Magisterio no han
mostrado mayor contundencia. Pero cierto también que la presencia del Estado
Mayor en las mesas de discusión que se establecieron como consecuencia de los
conflictos cuenta con un número creciente de intelectuales solventes, en muchos
casos bastante más preparados que los representantes gubernamentales. Y éste es
un fortalecimiento probablemente más importante que el de los paros exitosos.
En esta misma línea van los pronunciamientos en contra del "binomio neoliberal"
(al que acusan de traición a la patria) y en defensa de los recursos naturales
por parte del Centro de Altos Estudios Militares y del Comité de Defensa del Gas
y los Hidrocarburos.
Por su parte Evo Morales parece contar con fuentes de información dentro del
aparato del estado; de lo contrario no se explicaría su denuncia pública, y
basada en fuentes militares, en el sentido de que el presidente Sánchez de
Lozada se habría refugiado los días 12 y 13 en la Embajada de los Estados
Unidos, incumpliendo así sus más elementales responsabilidades como jefe del
estado, por lo que pide su enjuiciamiento.
Se puede decir pues, en resumen, que el movimiento popular, pese a lo mucho que
sin lugar a dudas todavía tiene que avanzar, en estas semanas ha ganado en
fuerza y en unidad. Precisamente cuando al bloque gobernante le ocurre lo
contrario y se apresta a enfrentar varias demandas de juicios de
responsabilidades.
4. Nuevo Gabinete ¿parto de los montes?
La inoperancia del primer gabinete de Goni estaba a la vista: se equivocó en la
elaboración del presupuesto y se equivocó en el manejo del conflicto. La
convicción generalizada era que muchos se tenían que ir. Pero también está claro
que el problema es mucho más de fondo, de ahí que el Presidente tardó una semana
en reorganizar su gabinete (muchos recordaban las largas transiciones
ministeriales de la UDP). Parece que no se ponían de acuerdo ni entre los
partidos de gobierno ni dentro del mismo MNR. La cosa se complicaba por la
decisión presidencial de reducir el Gabinete para acortar un poco el déficit
fiscal.
Por fin el día 19 apareció el nuevo gabinete, con sólo 13 ministros en lugar de
18, y aparentemente con la reducción de 15 viceministerios (y el desplazamiento
de otros). Aparte de esto, los elementos que llaman la atención en esta nueva
organización del Poder Ejecutivo son los siguientes:
* El fortalecimiento del Ministerio de la Presidencia, cuyo "superministro"
(ratificado) Guillermo Justiniano se encargará de la coordinación entre los 3
poderes, a la vez que asume la ex cartera de Justicia y DD HH.
* La creación de un Ministerio de Infraestructura y Servicios Básicos (como
si no hubiera otros ministerios que sectorialmente se encargan de eso), en el
que se ratifica a Carlos Morales.
* La ratificación de los principales responsables del impuestazo (J.
Comboni, Finanzas) y de la represión militar (F. Teodovich, Defensa).
* La reposición del antiguo Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos
(al que se añade Asuntos Indígenas, por tanto un paso atrás en el reconocimiento
de lo étnico-cultural).
* La designación como Ministro de Gobierno al principal responsable de la
masacre de Amayapampa (Y. Kukoc), lo que supone una mala señal para las
relaciones del gobierno con el movimiento popular.
* La consolidación del MIR en el Gabinete, que además de conservar RR.
Exteriores y Agricultura incorpora a dos de sus más connotados dirigentes (J.
Torres en Desarrollo Económico y H. Carvajal en Educación).
* El retiro a la fuerza del hombre fuerte Sánchez Berzain y su designación
como Secretario Privado de Goni.
* Se trata de un gabinete poco novedoso ("más de lo mismo" ha dicho la
oposición) e incluso provocador para una oposición política y civil que quería
cambios más visibles.
5. Revisar las empresas "capitalizadas"
Ya antes de la crisis de febrero el Gobierno anunció una evaluación de las
empresas "capitalizadas", como reacción a la creciente ola de protestas contra
la gran estafa que supuso dicha "capitalización" para el país (ahí está como
último botón de muestra la detención en la PTJ del Gerente de la empresa
eléctrica Guaracachi por haber vendido en 1 millón generadores que cuestan 75
millones). Pero al designar el nuevo gabinete, el Presidente nombró "Delegado
presidencial" para la revisión de las "capitalizadas" al hasta ese momento
ministro de Comercio Exterior J.C. Virreina, cuyo partido (MIR) había prometido
en la campaña electoral una revisión a fondo de los contratos de
"capitalización", y uno de cuyos voceros, ahora ministro de Desarrollo Económico
Jorge Torres, acababa de afirmar que los conflictos que vive el país son
secuelas de la capitalización.
Pese a ello, las declaraciones del nuevo Delegado Presidencial suenan al peor
discurso oficialista, pues afirma textualmente que la población está
"lamentablemente desinformada" respecto de la temática del gas (como también
del ALCA) y que por tanto la línea correcta es la que el Gobierno viene
sosteniendo. ¿Será que un señor con semejantes anteojeras pueda revisar la
capitalización?
La cosa aparece más complicada y por supuesto más necesaria en momentos en que,
según noticias de prensa, las reservas petroleras se han cuadruplicado (de 200
a 800 millones de barriles diarios), pese a lo cual el país no se beneficia más
que con dólares al año; o cuando ocurre que al pagar Petrobras 60 millones
por el gas que no demandó durante el 2002 ese dinero fue a parar a las empresas
sin ninguna regalía ni siquiera para las regiones; o cuando las refinerías
(también propiedad de Petrobras) amenazan con juicio al estado si no revoca el
decreto que eliminaba el "gasolinazo" (ver Bolivia Press, Noticia 3); o cuando
el Gobierno parece que se verá obligado a subvencionar el diesel por cuanto su
escasez pone a los transportistas en pie de huelga; esto por citar sólo
ejemplos del sector más sensible que es el de hidrocarburos.
Cada vez son más las voces que reclaman una revisión de los contratos de
capitalización, y sobre todo de su cumplimiento; cada días está más a la vista
la necesidad de que los bolivianos/as tengamos la opción de designar a nuestros
representantes en los directorios de las empresas capitalizadas; pero el
"delegado presidencial" no parece la persona más adecuada para encabezar ese
proceso, tendría que ser alguien que por lo menos se tome en serio las opiniones
diferentes de la suya y no las descalifique como "desinformadas"…
6. El Presupuesto en la encrucijada de la crisis y el endeudamiento
Llegamos a marzo y el país no tiene presupuesto, pues la crisis económica ya no
sólo afecta a la mayoría de la población, sino que afecta directamente al
estado. Los indicadores oficiales nos dicen que Bolivia creció en 2002 el 2,02
por ciento (frente al 0,51 del 2001) pero también nos dicen que la tasa de
devaluación llegó al 5 % (frente al 3,1 del 2001) y que el déficit del sector
público llegó al 4,4 % del PIB (frente al 3,0 del 2001). Es decir que la crisis
se sigue agravando y es parte de la recesión generalizada de la región, cuya
expresión más aguda y sentida es el desempleo. Datos de prensa informan por
ejemplo que la pequeña empresa ha reducido sus ventas en un 50 % y fue el 40 %
de las firmas afiliadas han cerrado sus puertas para el 2003.
En estas condiciones el FMI le plantea al gobierno una negociación que como
siempre apunta a la estabilidad y a la disminución del déficit, lo que según el
presidente de los empresarios privados conduce a empeorar la situación; en su
criterio la negociación con el FMI debería apuntar a crecimiento y empleo. Y
aquí tenemos la causa inmediata de la guerra social contra el "impuestazo", es
decir contra una medida presupuestaria que tendía a la estabilidad y
disminución del déficit a costa de mayor recesión y mayor desempleo.
Obligado a retirar el impuestazo, el Gobierno parece encontrarse sin otra salida
que el incremento de la deuda externa; de hecho las últimas informaciones son
que la Unión Europea dará un "respaldo" de 50 millones de dólares, con lo que
se equilibra un Presupuesto que no super el déficit considerado máximo por el
FMI. ¿Acaso una contabilidad realista no considera los pasivos como déficit?
¿Será que tiene sentido equilibrar el déficit por la vía de incrementarlo?
A propósito el "Estado Mayor del Pueblo" ha planteado en la mesa de Presupuesto
un análisis que puede resumirse de la siguiente manera:
Respecto de los ingresos:
* El estado neoliberal se ha convertido en una temible maquinaria de
recaudación de impuestos, ya que éstos, sumando los directos (IT, RC-IVA) y los
indirectos (IVA, ICE, IEHD), constituyen el 40 % de los ingresos fiscales;
mientras los impuestos y regalías que pagan las petroleras y el conjunto de
empresarios nacionales y extranjeros apenas cubre el 15 % de dichos ingresos.
* El estado recurre más y más al endeudamiento, tanto interno (AFPs y Banca
Privada) como externo (BM, FMI, BID, CAF y bilaterales), además de donaciones
condicionadas que vienen a financiar los gastos de la burocracia estatal y de
la represión. Entre donaciones y préstamos hacen el 30 % de los ingresos
fiscales.
* Esta "bancarización" del estado se expresa peligrosamente en los
constantes préstamos contraídos de las AFPs, con lo que los aportes de los
trabajadores se están malgastando sin una planificación que asegure su
devolución. Es decir que los aportantes a las AFPs corren el riesgo de perder
su jubilación
* Respecto de los gastos:
* Los presupuestos de los últimos años muestran una tendencia a privilegiar
los gastos de los ministerios que no tienen ninguna vinculación con educación,
salud y producción.
* El 70 % de los gastos se destinan a pagar quiebras bancarias, deudas
subrogadas de las empresas "capitalizadas", intereses y amortizaciones de
préstamos internos y externos, y gastos del entorno presidencial y represivo.
* En un estado al borde de la quiebra se sigue gastando anualmente 18
millones de dólares en "gastos reservados"(es decir prebendalismo, represión y
corrupción) que no están sometidos a control alguno.
* De ahí que la calidad de vida de la población se vea condenada a un
deterioro permanente. La magra inversión en educación es incompatible con un
plan de desarrollo nacional. Propuestas de solución
Tanto el mencionado "Estado Mayor" como algunos partidos políticos (MAS, NFR e
incluso MIR) apuntan a los hidrocarburos como vía central de solución (al
menos duplicando los impuestos y regalías que pagan las petroleras). Por su
parte los empresarios coinciden con el "Estado Mayor" en la propuesta de
reducción del IVA y el IT; a lo que este último añade el incremento de las
utilidades empresariales y de la tasa impuesta a las remesas monetarias al
exterior. Y cada vez se multiplican las voces que reclaman la recuperación de
las acciones de las "capitalizadas" que teóricamente son propiedad de los
bolivianos.
Una propuesta central es la selección de donaciones (sólo para inversión
productiva, y de servicios de educación y salud), así como la restricción del
endeudamiento a rubros de inversión. También se plantea la ampliación del
universo impositivo (hay sectores poderosos, como las empresas de buses, que
apenas tributan).
En cuanto a gastos las propuestas se concentran en la eliminación de los "gastos
reservados", la disminución mucho mayor de los gastos burocráticos del Ejecutivo
y el Legislativo, así como de los gastos represivos; el incremento de gastos en
educación, salud y vivienda; y finalmente la condonación de la deuda externa
(cuyo pago en 2002 fueron 231 millones de dólares es incompatible con un
equilibrio presupuestario).
A modo de conclusiones
Primera: Es imposible seguir aferrándose a un modelo que ha mostrado su
ineficacia. Hasta los empresarios privados creen que llegó la hora de "revisar"
el 21060 con toda su carga de privatización y librecambismo, de apartamiento del
estado de toda responsabilidad productiva, de sometimiento a los organismos
multinacionales. ¿Cuál sería el nuevo modelo? Es algo que sólo irá madurando al
ritmo de las luchas sociales.
Segunda: Como ha dicho el cineasta Jorge Sanjinés, que no es un "politólogo"
pero ha demostrado conocer el país real mejor que todos los políticos, "Estamos
viviendo una verdadera insurgencia social, colectiva... Por primera vez los
indios han accedido a una parte importante del poder político… Hablamos de
actores sociales que no abandonan la lucha callejera, los bloqueos de rutas, la
movilización en defensa de sus reivindicaciones. … Frente a este fenómeno
ascendente, se constata la incomprensión estúpida del segmento dominante del
poder y de los partidos tradicionales. No quieren ver ese cambio, esa nueva
realidad, porque están acostumbrados, desde siempre, a excluir. No entienden o
no quieren entender esa otra Bolivia… No llegan a visualizar que los indígenas
funcionan con otra lógica diferente a la occidental: colectivista, no piramidal,
de no respeto a la relación *orden-obediencia*, que nace, emerge y actúa en la
base del pueblo… En la medida en que se mantenga vigente esa incomprensión de
parte del poder seguiremos sufriendo masacres, muertos, alto costo social. No
quiero ser tremendista pero el escenario de la confrontación social es marcante
en tanto la clase blanco-mestiza no acepte que Bolivia puede ser gobernada por
indios. Y es una cuestión de poco tiempo…"
Bolivia Press 2003, Nr. 3 (6 de marzo )
ISSN 1609-6703 Bolivi@Press
Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia
( CEDIB)
https://www.alainet.org/es/active/3252?language=en
Del mismo autor
- Golpe en Bolivia (IV) 14/09/2008
- Golpe en Bolivia (V) 14/09/2008
- Golpe en Bolivia (III) 13/09/2008
- Golpe en Bolivia (II) 12/09/2008
- Golpe en Bolivia (I) 11/09/2008
- La crisis pone al descubierto las guerras del petróleo 31/08/2008
- Crisis alimentaria o especulación desestabilizadora? 31/08/2008
- Privatización de las pensiones o Seguridad Social? 31/08/2008
- La Bolivia del revocatorio 06/08/2008
- Reveses de la derecha en el marco de la legalidad 15/12/2007