Hacia una nueva Ley de radiodifusión
30/08/2009
- Opinión
La presentación del ante proyecto de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso llegó acompañada del repudio de la oposición y los grandes grupos que manejan el negocio de las telecomunicaciones. También reaviva nuevos y viejos debates entre las experiencias de comunicación que ya se encuentran trabajando, sobre el rol de los medios en la construcción política.
En sintonía con lo acontecido a partir de la rescisión del contrato por las trasmisiones del fútbol, resulta ilustrativo que quienes acusan al nuevo proyecto de haber sido creado para controlar a la prensa, sean quienes hoy gozan de importantes tribunas mediáticas desde donde disparar sus diatribas, las que, las más de las veces, tienden a criticar por derecha las acciones del oficialismo.
La necesidad de derogación de la vieja norma, planteado por diversos sectores desde mediados de los ´80, despierta un nuevo debate en torno a las posibilidades concretas para la aplicación de la potencial ley y cuales serán los actores que la protagonicen. A pesar de estar sustentado en los "21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación", promovidos desde la Plataforma por una Radiodifusión Democrática, se faltaría a la verdad si se considerara que esta iniciativa gubernamental llega al congreso por la presión ejercida por los diferentes espacio que nuclean iniciativas de comunicación, como la mencionada plataforma.
A pesar de esta situación, y sin desmerecer el impacto progresivo que generará la ley en caso de aprobarse, resulta interesante explorar el papel que les cupo a las actuales experiencias comunicacionales durante el proceso de maduración de la iniciativa.
Si bien la realización de foros de debate en distintos puntos del país dota a la propuesta de una importante legitimidad, es innegable la poca integración concreta que se le ha dado, desde el oficialismo, al sinnúmero de experiencias de prensa alternativa, independiente y/o comunitaria a la hora de debatir la nueva ley. Esto hubiera dotado mejor la fuerza social necesaria tanto para forzar su aprobación como para sostenerla en el tiempo, en momentos en los que se especula un resultado más vidrioso en el senado que en diputados a la hora de votar la ley.
Esta realidad tiene lugar en función de las prácticas de construcción política a las que hemos asistido durante los últimos años, en las que no sólo no se han aceptado disidencias, sino que se ha negado de manera sistemática a sectores sociales y políticos que no se plegaran de manera incondicional a los lineamientos del ejecutivo.
Durante el último lustro se señalaron los reiterados intentos de desmovilización por parte del oficialismo. Estas posiciones no se adoptaron por mero ejercicio de señalar errores ajenos o desacuerdos, o por asumir posiciones puristas, sino más bien lo contrario; surgen de aquellas miradas que sostienen que la organización y la movilización popular son las únicas garantías de que los procesos ( políticos, sociales o normativos) puedan sostenerse ante las envestidas de los sectores más concentrados de economía y sus representantes políticos.
Esta nueva ley no deja de despertar optimismo en tanto puede generar nuevos marcos legal para la comunicación. El desafío por delante será entonces que el nuevo escenario tenga como protagonistas a quienes alientan el ejercicio crítico de la prensa hoy, representados por los cientos de iniciativas de comunicación alternativa, comunitaria y popular, y no en una nueva vuelta de tuerca de la liberalización del espacio de las telecomunicaciones y la apertura del mercado a los buitres que ya se encuentran sobrevolando la escena.
En sintonía con lo acontecido a partir de la rescisión del contrato por las trasmisiones del fútbol, resulta ilustrativo que quienes acusan al nuevo proyecto de haber sido creado para controlar a la prensa, sean quienes hoy gozan de importantes tribunas mediáticas desde donde disparar sus diatribas, las que, las más de las veces, tienden a criticar por derecha las acciones del oficialismo.
La necesidad de derogación de la vieja norma, planteado por diversos sectores desde mediados de los ´80, despierta un nuevo debate en torno a las posibilidades concretas para la aplicación de la potencial ley y cuales serán los actores que la protagonicen. A pesar de estar sustentado en los "21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación", promovidos desde la Plataforma por una Radiodifusión Democrática, se faltaría a la verdad si se considerara que esta iniciativa gubernamental llega al congreso por la presión ejercida por los diferentes espacio que nuclean iniciativas de comunicación, como la mencionada plataforma.
A pesar de esta situación, y sin desmerecer el impacto progresivo que generará la ley en caso de aprobarse, resulta interesante explorar el papel que les cupo a las actuales experiencias comunicacionales durante el proceso de maduración de la iniciativa.
Si bien la realización de foros de debate en distintos puntos del país dota a la propuesta de una importante legitimidad, es innegable la poca integración concreta que se le ha dado, desde el oficialismo, al sinnúmero de experiencias de prensa alternativa, independiente y/o comunitaria a la hora de debatir la nueva ley. Esto hubiera dotado mejor la fuerza social necesaria tanto para forzar su aprobación como para sostenerla en el tiempo, en momentos en los que se especula un resultado más vidrioso en el senado que en diputados a la hora de votar la ley.
Esta realidad tiene lugar en función de las prácticas de construcción política a las que hemos asistido durante los últimos años, en las que no sólo no se han aceptado disidencias, sino que se ha negado de manera sistemática a sectores sociales y políticos que no se plegaran de manera incondicional a los lineamientos del ejecutivo.
Durante el último lustro se señalaron los reiterados intentos de desmovilización por parte del oficialismo. Estas posiciones no se adoptaron por mero ejercicio de señalar errores ajenos o desacuerdos, o por asumir posiciones puristas, sino más bien lo contrario; surgen de aquellas miradas que sostienen que la organización y la movilización popular son las únicas garantías de que los procesos ( políticos, sociales o normativos) puedan sostenerse ante las envestidas de los sectores más concentrados de economía y sus representantes políticos.
Esta nueva ley no deja de despertar optimismo en tanto puede generar nuevos marcos legal para la comunicación. El desafío por delante será entonces que el nuevo escenario tenga como protagonistas a quienes alientan el ejercicio crítico de la prensa hoy, representados por los cientos de iniciativas de comunicación alternativa, comunitaria y popular, y no en una nueva vuelta de tuerca de la liberalización del espacio de las telecomunicaciones y la apertura del mercado a los buitres que ya se encuentran sobrevolando la escena.
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