Mientras en Yumbo, Colombia, se llevaba a cabo el segundo Encuentro Nacional de Presupuestos Participativos con la presencia de destacados invitados nacionales e internacionales, en la ciudad Abancay, región de Apurimac, Perú, la población manifestaba en la calle su rechazo a la arbitraria repartición de estos recursos.

El pasado 13 de noviembre el bus de la empresa Tacsa que había salido 18 horas antes de Lima se detuvo a cinco kilómetros de Abancay. Eran las 10 de la mañana. El conductor se negó a continuar el recorrido en tanto no se le brindará protección policíaca. Acababa de recibir información según la cual otro bus de la misma empresa había sido apedreado al intentar entrar a la ciudad a causa de las manifestaciones que protagonizaban varias organizaciones sociales y ciudadanos veedores del manejo de los recursos asignados para los presupuestos participativos.

Algunos de los pasajeros decidimos seguir el camino a pie. Descendimos por una pequeña cuesta con nuestros morrales a la espalda bajo un sol resplandeciente, y tras superar varias curvas, empezamos a ascender por la carretera hasta llegar a la ciudad. A medida que fuimos entrando empezamos a advertir las huellas de los disturbios que recién acababan de ocurrir: piedras grandes y pequeñas sobre la vía, pedazos de llantas quemadas, palos a medio quemar, pedazos de ladrillos, vidrios, barro, carros sin llantas atravesados sobre la vía, ventanales de hoteles rotos y dependencias oficiales, incluso huellas sobre el pavimento de vehículos que seguramente habían sido sorprendidos por el caos y abruptamente habían tenido que retroceder.

Después de atravesar varias calles desoladas, dónde sólo se apreciaban los rastros de una furiosa actividad, a nuestro lado pasaron corriendo unos niños que gritaban emocionados, casi se podría afirmar que iban felices de que al fin sucediera algo emocionante capaz de vencer el letargo y la monotonía en este apacible poblado: -¡ya vienen!, ¡ya vienen!- exclamaban a todo pulmón. Seguimos nuestro camino, quizá un poco más cautos, esperando ver eso lo que los niños advertían se estaba acercando. Efectivamente, unos metros más adelante nos topamos con el primer contingente de manifestantes, la gran mayoría eran mujeres de atuendo campesino, hombres jóvenes muy entusiastas cargando pancartas y lanzando proclamas: “vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo!. Banderas de colores y pancartas se tomaron la principal avenida y las personas empezaron a caminar organizadas en dos filas, uno detrás de otro en fila india, manteniendo un orden impecable. No se percibía amenaza alguna en esta marcha pacífica, sin embargo, unas cuadras más adelante, empezaron a sumarse por los dos costados jóvenes con aspecto de pandilleros que venían cargados con piedras y palos. Sentimos entonces cierto temor ante lo que podría ocurrir.

Decidimos acelerar el paso para llegar al hotel Imperial, dónde teníamos reserva los miembros de la Asociación Pro derechos Humanos, APRODEH que llegaríamos de Lima para asistir a un acto programado desde hace varias meses atrás: la entrega de los restos de cinco personas desaparecidas por efectivos de la fuerza pública peruana en 1988 y encontradas en la fosa común de Chaupiorcco en el 2004.

A medida que nos acercábamos al centro de la ciudad pudimos comprobar la gravedad de los sucesos. La ciudad estaba paralizada desde hacía 48 horas. No había un sólo local abierto, nada, ni restaurantes ni tiendas, farmacias, ni locutorios, y las dependencias del gobierno regional, como la sede de la Fiscalía, el Ministerio Público y la gran mayoría de los hoteles habían sido apedreados.

Cómo era de esperarse la rueda de prensa prevista para esa tarde tuvo que ser cancelada; sin embargo, hasta el último momento se mantuvo la esperanza de poder hacer la entrega de los restos en ceremonia privada; pues varias familias venían desde muy lejos y llevaban meses, años, esperando con ansia este momento.

Al atardecer los disturbios aumentaron. Los gases lacrimógenos invadieron todos los espacios de la ciudad, respirar era dificultoso y varias personas empezaban a vomitar sobre las veredas. Los manifestantes corrían huyendo a la policía y está a su vez corría escapando de los manifestantes. Todo era caos.

Decidimos entonces refugiarnos en la oficina de APRODEH; allí nos enteramos que la Fiscalía había suspendido definitivamente las actividades programadas con las víctimas. La abogada Gloria Cano fue la encargada de entregar la terrible noticia a los familiares. La decisión era inevitable. Además de las razones de seguridad que se expusieron, las cuales eran comprensibles, no había autoridad civil para cumplir con la entrega de los restos. Todos los funcionarios habían cesado sus actividades.

Fue demoledor. De modo que mientras en la sede de APRODEH, se registraba el dolor y la frustración tanto de los defensores de derechos humanos que habían trabajado incansablemente por esta causa, como de los miembros de éstas cinco familias que durante años habían emprendido una estoica y corajuda búsqueda de verdad, justicia y reparación viviendo terribles experiencias como en el caso de Ramiro Niño de Guzmán, a quien le desaparecieron cinco miembros de su familia y sólo encontró a su hermana de 15 años, Matilde, decapitada, quemada, violada y con marcas de tortura en todo el cuerpo a orillas de un río y a un hermano en la fosa de Chaupiorcco, afuera los estragos de la protesta seguían produciéndose. Justo al frente, cruzando la calle, en una casa roja, al parecer dependencia de la Alcaldía, se estaba reuniendo en esos momentos un frente de negociación que trataba de analizar con calma la situación para proponer salidas efectivas a la emergencia social. Sin embargo, todos los presentes coincidían en afirmar que mientras no apareciera el presidente regional, desaparecido desde hacía dos días, no era posible desarrollar un dialogo fructífero capaz de ofrecer salidas viables al conflicto.

“El único y directo responsable de está situación es el señor David Salazar- afirma un representante del Frente de Defensa de Apurimac-. Él decidió asignar el 70% del total de los recursos de los presupuestos participativos a la construcción del Hospital en Andahuaylas, dejando por fuera a las demás provincias que también tienen necesidades. Nosotros no nos oponemos a la construcción del Hospital, lo que estamos denunciando es que el Presidente Regional favorece exclusivamente a esta ciudad porque él es oriundo de ella y ésta posee el mayor capital electoral de la región. Demandamos una distribución equitativa de los recursos de los presupuestos participativos, sólo pedimos eso, nada más, ¡justicia!

Al salir de allí, nos encontramos con las familias de las víctimas de los desaparecidos, vestidas de luto, listas en la calle para iniciar una procesión hasta el Ministerio Público con el fin de levantar allí una plegaría, dejar algunas flores, y luego seguir al cementerio general, donde se llevaría a cabo un acto simbólico en homenaje a las víctimas en el mausoleo que APRODEH había mandado a construir especialmente para ellas.

Decidimos marchar con ellas

Cómo medida de precaución, extendimos la pancarta que entre todos cargaban por turnos.

“En memoria de nuestros hermanos de Socco, Amoca, Sallalli y Checcasa. Armando Huamantingo Villanueva, Manuel Niño de Guzmán Ayvar, Juan Pablo Carbajal Hurtado, María Elena Zavala Cayllahua y Simona Pérez Tapia.

MANAN HAYKAQPAS QONQASAYKISCHU. ¡Nunca los olvidaremos!”¹

En dos puntos del recorrido pasamos cerca de los manifestantes, quienes respetuosamente nos observaron, y sin mayores contratiempos logramos seguir adelante saltando piedras, autos desvalijados, llantas quemadas y vidrios rotos.

En el camino varios periodistas que se encontraban cubriendo el desarrollo de las protestas se acercaron para indagar por esta actividad.

Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, tomó la palabra y tras lamentar tanto la suspensión de la entrega de los restos como la alteración del orden público en la ciudad, hizo un llamado a las autoridades.

-Aunque los familiares reconocen que no es responsabilidad de la Fiscalía que la entrega se haya suspendido, han quedado descorazonados ya que venían preparados para encontrarse con sus seres queridos desaparecidos desde hace más de veinte años-señaló- Nosotros acogemos y respaldamos el pedido de los familiares para que el acto se realice el 10 de diciembre, en el marco del día internacional de los derechos humanos, y solicitamos que las autoridades apoyen a las familias en su traslado. Se trata de personas con escasos recursos económicos, situación que los limita en su posibilidad de regresar a Abancay en una próxima fecha-²

Seguimos nuestra marcha silenciosa a lo largo de la avenida Díaz Barcenas, respondiendo las ocasionales preguntas que algunos niños curiosos nos soltaban después de observarnos desde sus ventanas con sospecha, queriendo conocer más sobre la historia de las personas que aparecían en las fotografías impresas en la pancarta.

Tras permanecer unos minutos en silencio dejando flores frente al Ministerio Público, de encender algunas velas y compartir la oración de las familias, marchamos hacia el cementerio general de Abancay. Allí cada familia ocupó el espació que le había sido asignado en el mausoleo pero en vez de depositar los restos que anhelaban recibir y entregar a la tierra en despedida, dejaron flores y velas. Cada uno de los presentes aprovechó el momento para recordar su historia y a sus seres queridos.

La Fosa común de Chaupiorcco

Durante los años ochentas, en las regiones de Ayacucho y Apurimac se registró una fuerte escalada del conflicto armado al incrementarse la presencia de varios frentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso. En consecuencia, el gobierno ordenó que el ejército instalara cinco bases militares para combatir el terrorismo. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer denuncias que sindicaban a los militares de estar cometiendo abusos y graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil.

En la segunda semana del mes de enero de 1988, 16 personas fueron desaparecidas en Apurimac; la mayoría pertenecía a la comunidad de Checcaza, otros eran oriundos de Socco, Amoca y Sallalli. Según testimonios de testigos y de un sobreviviente de la masacre, fueron retenidos por soldados de la base militar de Santa Rosa, torturados, asesinados y algunos de sus restos arrojados a la fosa común de Chaupiorcco. El único sobreviviente contó que los militares organizaron a los retenidos en dos grupos y tomaron con ellos distintos caminos. Desde entonces, APRODEH ha venido recibiendo las denuncias de hechos de violencia que se han registrado en Apurimac, incluyendo la realización de falsos positivos como se intentó hacer en este caso. La denuncia por la masacre fue llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que concluyó con un informe de fondo en el que se responsabiliza por desaparición forzada al Estado peruano. El 13 de siembre de 2004 se ubicó finalmente la fosa común con los restos de algunas víctimas; fueron llevados a Lima y después de un estudio realizado por un equipo de antropología forense, cinco personas fueron identificadas. Las demás permanecen desaparecidas. No obstante, y pese a estos hallazgos, el caso sigue congelado en la Fiscalía lo que impide que se pueda dar inicio a un proceso judicial abierto.

El próximo mes se cumplirán 5 años del encuentro de los restos y de espera de las familias por recibirlos y darles sepultura.

“Tu no tienes tumba porque tu naciste para vivir para siempre”, exclamaba la familiar de un desaparecido intentando dar consuelo a su alma fatigada y fortalecerse ante hechos que jamás debieran haber sucedido jamás. Con infinita tristeza se realizó el acto simbólico, no sobraron los abrazos, las lágrimas y las frases de consuelo; luego con el mismo silencio con el que habíamos llegado, quizás apretando el rostro para no explotar en llanto, reanudamos el camino de regreso hacia la oficina de APRODEH en medio de los disturbios que seguían en aumento.

A los pocos metros de recorrido nos encontramos con el alcalde de la ciudad, doctor Manuel Campos, quien en ese momento entraba a una reunión con el general de la Policía para conocer en detalle el informe sobre detenidos, heridos, niños afectados que estaban siendo atendidos en el seguro social y poder dar a conocer un informe final a la prensa nacional.

El problema de los Presupuestos Participativos

“El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional, según corresponda, los cuáles están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado”³.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú y las leyes Orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades, los gobiernos regionales y gobiernos locales formulan sus presupuestos de manera participativa. Los principales objetivos son:

-Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza.

- Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados.

- Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas.

Ninguna organización social está en desacuerdo con los planteamientos que dan sustento a los presupuestos participativos, de hecho las reacciones y las protestas en la ciudad de Abancay evidencian además de la importancia que la población le asigna a este programa, el papel de veeduría y control que los mismos pobladores vienen asumiendo. La protesta social claramente se estaba realizando no contra estos o su funcionamiento, sino contra del presidente regional David Salazar, a quien acusan de distribuir de forma inequitativa el presupuesto para el 2010.

La crisis actual, además de la búsqueda de salidas decorosas y negociadas que sean respetuosas de los pactos realizados y las normas constitucionales para poner fin a la protesta que ya deja varias decenas de heridos tanto de la fuerza pública como de la sociedad civil, obliga a un replanteamiento a nivel de gobierno central sobre el manejo y asignación de estos recursos y la descentralización administrativa. Quizás éste sea el principal reto que para la consolidación del proyecto enfrentan varios países; Perú no es la excepción.

Según concluía Pedro Santana, al finalizar el Segundo Encuentro Nacional de Presupuestos Participativos en la ciudad de Yumbo, el balance sobre el proceso de la descentralización en Colombia es bastante crítico. Santana atribuye a la crisis tres grandes causas: el financiamiento y el recorte de las transferencias o participaciones, la recentralización administrativa y el conflicto con los actores armados ilegales. Situación similar atraviesa Perú, pero aún no existe la suficiente consciencia de ello.

Si bien la asignación de recursos para el programa de Presupuestos Participativos en Perú resulta insuficiente, toda vez que no logra ofrecer la cobertura que en materia educativa, de salud, infraestructura y vivienda demandan los pobladores, el gobierno central ha puesto en marcha como complemento a dicha precariedad la asignación de los llamados bonos soberanos, lo que si bien facilita la implementación de algunas obras y mejoras en varias provincias, no resuelve el tema de fondo. Las regiones y las provincias deben contar con la suficiente autonomía para el manejo de sus recursos y evitar que éstos se conviertan en partidas arbitrarias que dependan de la voluntad de los gobernantes o cuya distribución obedezca más a apetitos burocráticos que a la obligación de impulsar verdaderos planes de solución a las graves crisis sociales que se viven en varias regiones del país.

El proceso del programa del Presupuesto Participativo parte de la aprobación y publicación de la respectiva ordenanza, luego la conformación de un equipo técnico, convocatoria ciudadana, difusión, puesta en marcha de talleres de capacitación, identificación y registro de participantes, exposiciones sobre los criterios de priorización, organizaciones sectoriales, presentación de propuestas, evaluación técnica de las mismas, priorización, negociación y conformación del Comité de Vigilancia. Finalmente se firman en actas públicas los acuerdos y compromisos.

El problema esencial se presenta cuando alguna autoridad tiene la facultad de decidir finalmente el uso de esos recursos desconociendo la voluntad de las mayorías y pretendiendo pasar por alto los compromisos adquiridos. Como en el caso de Abancay.

A nivel nacional, el presupuesto de inversiones se asigna por región. En la región de Apurimac se han realizado acuerdos de inversión, como se desprende del acta firmada en el mes de junio, para la asignación equitativa de los presupuestos pero no se está cumpliendo.

El alcalde de la ciudad de Abancay, Manuel Campos explicó la situación: “Mediante talleres realizados en cada distrito la población pudo priorizar sus proyectos y necesidades y establecer acuerdos para la asignación de los recursos. Todo este proceso culminó con la firma de unos convenios, según los cuales, los recursos se distribuyen a cada provincia de acuerdo al número de habitantes, situación de pobreza o necesidades básicas sin resolver. Todo ello quedó claramente plasmado en el Acta. Ahora, el Presidente Regional ha debido cumplir con esa distribución y ejecución programada para el 2010, pero en vez de eso ha mentido a la población. El mes pasado (las organizaciones, la población y las autoridades locales) no enteramos que el 70 % de esos recursos se habían destinado exclusivamente a la provincia de Andahuaylas para la implementación de su propio proyecto de impacto. Desde Abancay no nos oponemos a la construcción del hospital porque sabemos que es necesario, que incluso favorece a toda la región de Apurimac, lo que sucede es que hay provincias que cuentan con presupuestos mínimos y la distribución debe ser equitativa y debe ser respetuosa de los acuerdos. Pensamos que para el desarrollo de ese importante proyecto se deben buscar otras formas de financiación”⁴.

Históricamente, la población más pobre y deprimida del Perú se concentra en la Sierra rural, región de la que hace parte Abancay, y en las comunidades nativas de la Selva. La gran mayoría de estos habitantes no han logrado satisfacer sus necesidades básicas ni mejorar sus condiciones de vida pues se observa una inequitativa distribución de los recursos, pese a las riquezas naturales de algunas zonas, y además los salarios son muy bajos, aun cuando para varios oficios se requiera mano de obra calificada.

Por ejemplo, en Apurímac operan 24 proyectos mineros. Los más importantes son Los Chancas de Southern Copper Corporation Las Bambas de Xstrata Copper, Apurimac Ferrum de Strike Resources Limited y Ares de Hochschild Mining. Importante mano de obra de la región depende de manera directa e indirecta de estos proyectos. No existe consenso para determinar si estas inversiones podrían verse afectadas por el desarrollo de las fuertes protestas que durante varias semanas siguen afectando la vida en la ciudad de Abancay y otras provicias que empiezan a manifestarse de igual manera, como en Andahuaylas donde sus pobladores salieron a las calles el pasado fin de semana para defender la construcción del hospital. El Primer Ministro señaló que estas inversiones podrían verse afectadas por las protestas, mientras que el Presidente regional, declaró “que las inversiones mineras no serán perjudicadas de ningún modo porque los lugares donde operan los proyectos están alejados de las zonas de protestas”⁵.

Cifras oficiales sostienen que las inversiones mineras en Perú superan actualmente los 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, la inequitativa distribución de estos y otros ingresos, así como su manejo centralizado, hace necesario que muchas obras de desarrollo y de impacto social dependan de los recursos que se asignan para los presupuestos participativos.

“En Abancay, desde el 2007 estamos consiguiendo esos recursos para llevar a cabo un proyecto de mejoramiento de agua y desagüe para la ciudad; ese es nuestro proyecto de impacto. El gobierno regional cuenta con unos recursos mínimos, por eso hemos acudido al Ministerio de Vivienda, y éste ya nos apoyó con la elaboración del perfil del proyecto, pero igualmente nos han dicho que el presupuesto es insuficiente. El gobierno central ha asignado como complemento presupuestario, unos bonos soberanos del fideicomiso regional de agua, no sólo a Apurimac, sino en todo el país, y a nuestra región le corresponden 108 millones… Somos respetuosos de los dineros públicos, sabemos que cada provincia debe tener un presupuesto adecuado, el actual es de 23 millones de nuevos soles, pero hemos logrado otras fuentes de financiación. Del mismo modo es necesario que tanto el alcalde de Andahuaylas como el presidente regional de Apurimac, busquen otras fuentes de financiación y no pretendan que todos los recursos para el desarrollo de las obras provengan de los presupuestos participativos. Ese es justamente el malestar de la población.

“Para el 2010 por ejemplo contamos con 78 millones de soles para Abancay y el gobierno central incrementó el presupuesto Participativo a 135 millones. Además, en el acuerdo firmado por los alcaldes provinciales y regionales, se aprobó que de presentarse otro incremento en dichos recursos, se tendrían que canalizar equitativamente. No se pueden destinar más de 60 millones al proyecto de impacto de una sola provincia, es más del 70% del total de los recursos. Es importante el hospital, insisto, pero pediremos un presupuesto participativo con nombre propio...”

Los manifestantes insistieron todo el tiempo en la necesidad de entablar un dialogo de emergencia con el presidente regional, pero éste había abandonado la ciudad y ni siquiera sus funcionarios respondían por su paradero. Esta “desaparición” contribuyó a incrementar el descontento popular, pues no sólo se le acusaba de haber traicionado el convenio firmado, sino que además de ser el directo responsable de esta arbitrariedad y ahora de esconder la cabeza como el avestruz cerrando toda opción de dialogo.

“No pedimos que el señor David Salazar renuncie a su cargo- declaró el alcalde Campos- lo que pedimos es que se garantice la gobernabilidad de la región, que el señor presidente regional rectifique su posición y que manifieste su buena voluntad para dialogar para que junto con el consejo regional emprendan una distribución equitativa de los recursos”.

Han transcurrido quinces días desde el inicio de las protestas. Por las noticias se sabe que el presidente regional finalmente apareció, la comisión negociadora que viajó desde Lima continúa en su intento por lograr un mejor manejo de la situación por parte de las autoridades regionales, en tanto las cifras de detenidos y heridos siguen en aumento.

Aún se desconoce el resultado de las negociaciones y si ésta experiencia que deja además de heridos, importantes pérdidas económicas para la región, servirá para que se lleven a cabo reformas de fondo que logren que la asignación de los presupuestos sea realmente participativa.

En el caso de las familias de las víctimas que fueron encontradas en la fosa de Chaupiorcco, aún no se sabe si será posible realizar la ansiada entrega el 10 de diciembre, pues aún no es posible precisar si para esa fecha el orden público haya sido restablecido y si las autoridades civiles asuman su deber de proveer a las familias con los recursos necesarios para su traslado a la ciudad de Abancay.

Apurimac seguirá por ahora ocupando el corazón de la sierra central, resistiendo como siempre lo ha hecho junto a la región de Ayacucho para que al fin haya justicia y sus habitantes tengan derecho no sólo a la vida, sino también a una vida digna en condiciones de igualdad, equidad y con derecho a soñar y construir porvenir.

La resistencia contre el olvido se sostiene y está más vigente que nunca; la resistencia civil pacífica contra toda política arbitraria e inequitativa, ¡también!

Ver video de testimonios en: http://www.aprodeh.org.pe/aprodeh2009/

index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=59

- Maureén Maya es Escritora e Investigadora Social

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 186, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org