Transcurridos cinco meses y medio del golpe de Estado en Honduras, nos preguntamos, ¿que está pasando en ese país?

 

El pasado mes de noviembre del presente año, se llevó a cabo en el país centroamericano un proceso electoral, destinado a solventar la crisis política-social que se vive tras el golpe de Estado celebrado en junio de 2009. Elecciones, que para muchos países representan un atentado al estado de derecho y las democracias de la región y, para otros una manera “sutil” de buscar una solución al conflicto.

 

Desde un principio, la comunidad internacional reprochó el golpe de Estado en Honduras, llamando al restablecimiento del orden constitucional y la retoma del poder político al “único” presidente legítimo de Honduras de nombre Manuel Zelaya Rosales, a los fines de dar continuidad al proceso democrático de ese país. Situación que no se desarrolló de esa manera, sino todo lo contrario, en el país centroamericano, mediante la instalación del gobierno de facto fascista, se desató una serie de irregularidades jurídicas-políticas, que algunas personas han querido legitimar mediante un llamado a elecciones, supuestamente populares, para regularizar la situación y reestablecer el orden constitucional en Honduras. A esa idea política, se le han sumado “extrañamente” ciertos países de la Región y los Estados Unidos de Norteamérica, expresando que las elecciones en Honduras, si bien pueden ser cuestionadas, resultan un gran avance para alcanzar el diálogo entre los sectores sociales en conflicto.

 

Ahora bien, Honduras como Estado de derecho soberano, goza de un ordenamiento jurídico que garantiza la estabilidad política-social de su pueblo, quien es el que ejerce la soberanía en términos democráticos, basados en los principios de justicia, libertad, cultura y bienestar económico y social, tal como lo establece su Carta Magna en el primer artículo; situación que ha sido revertida por un golpe de Estado, el cual pretende ser legitimado por las fuerzas usurpadoras. Es importante tomar en cuenta que el artículo 3 de la Constitución vigente de Honduras consagra lo siguiente:

 

“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos y el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

 

El artículo transcrito consagra el desconocimiento del pueblo hondureño a cualquier régimen o autoridad que en ejercicio de la fuerza o el medio que fuere, menoscabare los principios democráticos establecidos en la Carta Magna y, ello genera como consecuencia jurídica que todos los actos cometidos a posteriori resultarán nulos de nulidad absoluta.

 

Por lo tanto, llamar al reconocimiento de unas elecciones, donde su naturaleza esta viciada per se, es querer legitimar un proceso eleccionario lleno de artimañas y vicios y, a su vez, dar continuidad al golpe de Estado brutal cometido en ese país, que ha generado una gran cantidad de violaciones de derechos humanos y desconocimiento total de todos aquellos instrumentos internacionales que hablan de la autodeterminación de los pueblos y el Estado de Derecho.

 

 De nuevo, nos encontramos con las artimañas e injerencias imperiales en la región, que buscan la manera de dividirnos como región latinoamericana que somos, e ir calando y recuperando espacios políticos de la periferia, para continuar su agobiante y temerosa agenda hegemónica.

 

Por último, destacó con orgullo las declaraciones expresadas por la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en desconocer totalmente las elecciones “ilegítimas” en Honduras; y sólo reconocer como presidente de ese país al Presidente Legítimo Manuel Zelaya Rosales.