Bolivia

Narrativas Paralelas

Bartolomé Clavero

21/03/2010

Opinión

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El Foro Permanente de Naciones Indígenas para las Cuestiones Indígenas ha celebrado en Bolivia durante los días 17 y 18 de marzo su reunión anual pre-sesional, la preparatoria del periodo oficial de sesiones que habrá de desarrollarse durante la segunda mitad del próximo mes de abril en Nueva York. El Foro ha aprovechado su estancia para mantener a continuación reuniones por separado con organizaciones indígenas, representantes gubernamentales y agencias internacionales en Bolivia. Sobre sus relaciones mutuas a las tres bandas se nos han ofrecido al Foro narrativas paralelas, visiones no confluyentes que incluso llegan en momentos decisivos a contradecirse.

Las organizaciones indígenas han sido las del llamado Pacto de Unidad que efectivamente cubre la representación de todos los pueblos indígenas de Bolivia, salvo naturalmente la de aquellos que se mantienen en aislamiento voluntario o situación de independencia conforme a su derecho a la libre determinación. El Pacto se suscribió para impulso y en apoyo de la Constitución, con lo que también respalda al Gobierno, bien que sea desde sus propias posiciones marcando distancias a veces críticas y siempre exigentes. En nuestra reunión se manifiestan en cambio fuertes reservas de fondo respecto a la labor de las agencias internacionales en Bolivia. No estarían a la altura en cuanto particularmente afecta a los derechos de los pueblos indígenas, así como en lo que interesa a las relaciones con las respectivas organizaciones. No resultan las mismas conformes con el derecho a la participación y al consentimiento reconocido por la Declaración de Naciones Unidas, la de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Como alguien resumió durante el día de intensas reuniones, el viernes 19 de marzo, las agencias internacionales siguen trabajando en Bolivia, precisamente en Bolivia, como si los pueblos indígenas fueran objetos de políticas y no sujetos de derechos, no agentes políticos ellos mismos conforme a la propia Constitución plurinacional y también a la misma Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Alguien más apuntilló con acierto: “En el mejor de los casos, trabajan ahora para los pueblos indígenas, nunca con los pueblos indígenas”, enfatizando el para y el con. Las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad parecen tener sus reservas incluso respecto al para. Denuncian de forma bien severa la actitud de rendimiento de homenaje sólo retórico a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esto es de su incumplimiento, que muy en especial atribuyen al PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la especial gravedad que esto reviste por corresponderle la coordinación de todas las agencias naciounitenses que operan en el país.

En lo que importa a organizaciones indígenas, el Foro también celebró una reunión particular con representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG, la cual es miembro del Pacto de Unidad a través de su pertenencia a la Confederación de Pueblos Indígenas de Oriente Boliviano, CIDOB. La razón de esta reunión particular es bien sencilla. Hace cerca de un año, una misión del Foro visitó el Chaco guaraní elaborando un informe que contiene recomendaciones al Gobierno sobre el imperativo de erradicación del trabajo forzoso, de emancipación de comunidades cautivas en las haciendas, de revisión de los títulos de propiedad procedentes del expolio al pueblo guaraní y de devolución consiguiente de tierras. La APG nos informó de los escasos progresos de las políticas públicas en dicha imperiosa dirección. La denuncia también de lo más severa ahora se dirige en esta otra reunión abiertamente contra el Gobierno.

El mismo día se mantuvo por el Foro una reunión con representantes de prácticamente todos los ministerios implicados. Se nos informó de los progresos habidos y de las perspectivas abiertas para los pueblos indígenas de Bolivia. Respecto al caso guaraní, se resaltó que efectivamente persiste un serio bloqueo en la política de saneamiento de títulos de propiedad con vistas, en último término, a la reconstitución territorial del pueblo guaraní, pero que esto no es imputable al Gobierno. El TAN, el Tribunal Agrario Nacional, la instancia judicial última en materia de reforma agraria y, por tanto, de su reconducción comunitaria, esto es de dotación teritorial de comunidades indígenas, sería la instancia que bloquea los saneamientos ya efectuados en sede administrativa por la acción del INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Para la APG en cambio, este organismo andaría últimamente paralizado en lo que interesa al pueblo guaraní.

Si ya resaltan aquí unas discordancias, mayores resultan al atenderse la reunión con las agencias internacionales, las de Naciones Unidas que preside el PNUD. El panorama que nos exponen no encaja en absoluto ni con la visión indígena ni con la narrativa gubernamental. Las agencias internacionales tendrían un protagonismo que no aparece de modo alguno en las otras reuniones. El PNUD estaría intentando resolver la situación de las personas y las comunidades guaraníes que padecen servidumbre y cautiverio mediante actuaciones al margen del derecho boliviano. En particular propone acuerdos a ganaderos y otros hacendados a cambio de fondos para la capacitación de estos propietarios en derechos humanos. Entiende el PNUD que la solución estaría en una buena práctica de contratación laboral, planeamiento reductivo, por no decir encubridor, que no encuentra desde luego acogida de parte guaraní, de parte de quienes no reclaman contratos de trabajo, sino tierra y libertad. Este pueblo reivindica territorio, el territorio precisamente del que se hicieron contra todo derecho ganaderos y otros hacendados.

En la reunión con representantes gubernamentales, también se suscitó el asunto de las actividades de las agencias internacionales al margen e incluso sin respeto del derecho y de las políticas de Bolivia. El PNUD en particular pareciera que aquí sólo quiera entenderse con ganaderos y congéneres. De parte gubernamental se nos dijo que no hay modo de coordinarse. Las agencias internacionales estarían principalmente formadas por una “élite que viene con sus productos acabados”·según estándares que ignoran y desprecian los requerimientos locales respecto a derechos humanos y desarrollo igualmente humano. Cuando Bolivia está constitucionalmente empeñada en la descolonización definitiva, la mayoría de las agencias internacionales, pues ciertamente no todas, se comportan como si hubiera necesidad de tutela que habría de corresponder ahora a Naciones Unidas. No es algo en el fondo tan distante de los tiempos coloniales.

Cuando nos vemos con narrativas paralelas que no confluyen y que hasta se contradicen, lo procedente por supuesto es el cruce de datos. Y la mejor manera de cruzar datos de procedencia oral es la de hacer reuniones conjuntas y no por separado. Así se pidió por las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad con especial interés por participar en la reunión con las agencias internacionales. Fueron éstas las que en cambio pidieron reunión a puerta cerrada y por separado. De este modo pueden pretender que guardan con organizaciones indígenas unas relaciones a las que al mismo tiempo, a ojos vista, se están negando. De momento, si no cambian las personas responsables, difícilmente se va a poder mejorar la situación a dicha banda, esto es al efecto de la asunción efectiva de los procedimientos requeridos por la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de parte del conjunto de las agencias internacionales en Bolivia, de todas y de cada una.

Distintas pueden ser las perspectivas para las relaciones entre el Gobierno y todas y cada una de las organizaciones comprendidas en el Pacto de Unidad, inclusive la APG. El mismo desarrollo y puesta en práctica de la Constitución ha de potenciar condiciones para la mejora progresiva de relaciones entre los pueblos indígenas, todos ellos, y el Estado Plurinacional. Piénsese por ejemplo en el caso del TAN, una institución constitucionalmente a extinguir para ser sustituida, tras las elecciones judiciales que habrán de celebrarse dentro de este mismo año, por la correspondiente instancia plurinacional. Y así en tantos ámbitos, el principal por supuesto el de la autonomía indígena con sus requerimientos elementales de base territorial y orden comunitario.

La perspectiva de que la Constitución se haga efectivamente viva es lo que genera la esperanza de un justo acomodamiento de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Que algunas agencias internacionales no acompañen entiendo que debe reducirse, por muy serio que desde luego esto sea, a una cuestión secundaria. Es problema de Naciones Unidas. No debe serlo de Bolivia.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=5795

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