La eliminación de la Comisión Nacional de Televisión
05/09/2010
- Opinión
El Gobierno sostiene en la exposición de motivos del Proyecto de acto Legislativo que ha radicado en el Congreso para la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión que todo se debe a los cambios y avances tecnológicos: a Facebook y a YouTube.
Sin duda el uso y el disfrute de las redes sociales son la cara cotidiana de los cambios gigantescos y maravillosos que han sufrido las comunicaciones en el mundo y el aumento en calidad y cantidad de las posibilidades de ejercicio del derecho a las comunicaciones en cabeza de todos los ciudadanos. Pero para no banalizar el debate sobre la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión es necesario ahondar en la verdaderas razones que tienen quienes defienden la absurda idea de modificar la Constitución debido a avances tecnológicos que por supuesto no deben interferir el núcleo esencial de los derechos en cabeza de los ciudadanos que son protegidos por las normas constitucionales.
Lo primero que hay que decir con claridad es que las redes sociales e internet en general han sido rápidamente copados por las trasnacionales y los propietarios locales de medios de comunicación. La convergencia tecnológica ha significado la adopción de mecanismos e instrumentos regulatorios nuevos en varios países, pero justamente en el sentido contrario en el que lo plantea el Gobierno colombiano. En todos los países se procura garantizar la independencia y autonomía de los órganos de regulación y control del sector de las telecomunicaciones tal como lo hizo el Constituyente desde el año 1991.
En virtud de la convergencia tecnológica podemos recibir por un mismo cable servicios de datos, voz y video y es inminente la llegada de la televisión digital que nos permitirá multiplicar por cuatro o por seis la oferta de canales, disfrutar de televisión móvil o portable y contar con la bidireccionalidad o la interacción en televisión: estos en verdad son cambios que permitirán, en el corto plazo, mejorar el servicio de televisión.
Claro, también se presentarán cambios en los modelos de negocios en torno a las telecomunicaciones y en el consumo de los servicios de comunicaciones y en particular en el consumo de televisión. Ya en los países que van adelante en la masificación de estos adelantos tecnológicos es posible valorar que esos cambios no impactaron ni el consumo de televisión tal como lo tenemos hoy, ni la órbita de derechos que gravitan en torno al derecho a las comunicaciones en cabeza de cada ciudadano, ni la responsabilidad y el deber estatal de garantizar el disfrute pleno de esos derechos. Las comunicaciones deben estar al servicio de los ciudadanos en términos de equidad y además deben servir para fortalecer las democracias en las sociedades.
Uno de los más importantes impactos de la convergencia en el mundo se ha visto en las posibilidades para los inversionistas en telecomunicaciones de hacer integraciones verticales y horizontales de sus negocios y en la alta rentabilidad que ahora ofrece la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, de la redes y del uso del espectro radioeléctrico.
El reto principal, claramente definido por el Constituyente del 91, por el Congreso a través de la ley 182 de 1995 y reiterado en innumerables fallos por la Corte Constitucional, es entonces el de afinar la intervención estatal para evitar las prácticas monopólicas y con ellas el uso de un bien público, el espectro radioeléctrico, al servicio del enriquecimiento de empresas que han encontrado en las telecomunicaciones un renglón de inversiones altamente rentables y durables, en algunos países casi perpetuas.
Para combatir los monopolios en el manejo de la televisión y la manipulación de la opinión a partir de la concentración de la propiedad de los medios y de la información al servicio de las mayorías políticas y los gobiernos de turno, fue que el Constituyente de 1991 consagró la autonomía del ente encargado de dirigir y ejecutar la política de televisión que defina el Congreso de la Republica.
Resulta entonces palmariamente contradictorio que el actual gobierno, con una mayoría aplastante en el Congreso, le diga al país que va a acabar con la Comisión Nacional de Televisión porque el régimen autonómico resulta desueto frente a los cambios tecnológicos y la convergencia. Decir que se le va a entregar al legislativo la posibilidad de legislar sobre la materia sin que exista una limitante constitucional es un despropósito que ofende la inteligencia pues lo cierto es que el Congreso hoy tiene esa posibilidad y quien se la quiere limitar y delinear es justamente el Ejecutivo con esta iniciativa.
El Congreso desde hace 15 años, de manera visionaria, resolvió el tema de la convergencia con una norma, el artículo 44 de la ley 182 de 1995, permitiendo que quienes prestan servicios de telecomunicaciones puedan operar en concurrencia el servicio de televisión pero respetando las competencias y funciones de las distintas entidades reguladoras y de inspección y vigilancia en atención a la naturaleza del servicio.
Lo que no se le cuenta a los colombianos es que lo que se pretende con el Proyecto de Acto Legislativo que elimina la CNTV es pasarle al Gobierno Nacional todas las competencias y funciones en materia de televisión que es como poner al diablo a hacer ostias o, lo que es lo mismo, entregarle al gobierno y a su mayoría del Congreso el control sobre el medio de comunicación que, ahora más y mejor que antes, tiene mayor penetración e incidencia en los procesos de consolidación o debilitamiento de las democracias contemporáneas debido a que a su vez es el que tiene mayor impacto en la formación de opinión y en la generación de hábitos de consumo: La Televisión.
La otra verdad es que detrás del propósito de acabar la CNTV y de la unificación de los regímenes de regulación y control de los servicios de telecomunicaciones están, con un gigantesco poder de lobby, los señores operadores de televisión por suscripción, los operadores de servicios telemáticos o de internet y los de telefonía celular que están muy interesados en que, so pretexto de la convergencia, se les aplique el mismo régimen de contraprestaciones.
En efecto ya hemos enfrentado varios intentos para que los operadores de televisión por suscripción que hoy deberían pagar el 10% de sus ingresos brutos como tarifa de compensación al Estado, pasen a pagar sólo el 2% de sus ingresos, para equipararse por lo bajo con los operadores de telecomunicaciones en su aporte al Fondo de Telecomunicaciones. En un país con las falencias en cobertura de servicios de internet y los serios problemas de financiamiento de la televisión pública para los próximos 10 años, resulta absurdo que se rebajen las contraprestaciones a los operadores privados a cambio de nada. Se le olvida o no le importa al gobierno el carácter público del servicio de telecomunicaciones.
Se le olvida también al actual gobierno y a los miembros de la CNTV que su obligación es la de garantizar la cobertura universal de estos servicios, la gratuidad de la televisión abierta pública y privada y la posibilidad de que todos los colombianos tengan acceso al uso y disfrute de servicios para cuya prestación se usa el espectro que es de todos y que debe estar al servicio de la democracia y no de los intereses empresariales. Ojalá no sea esta la extensión de la política de Confianza Inversionista a nombre de la cual se han venido regalando bienes y servicios estratégicos para nuestra economía.
Claro que el país, el Congreso a través del Control Político y los organismos de fiscalización deben poner en cintura a la Comisión Nacional de Televisión y a los comisionados, que por estos días tienen afán de regalarle el Tercer Canal de Televisión al Grupo Planeta, de generarle beneficios económicos a los empresarios de televisión por suscripción y enviar a sus amigos a disfrutar de millonarias becas de estudio en el exterior, pero no se puede embolatar esta tarea urgente con la propuesta de acabar la CNTV echándole la culpa a YouTube.
- Eduardo Noriega de la Hoz es Ex comisionado Nacional de Televisión
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 222, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org
https://www.alainet.org/es/active/40655
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