La mano golpista de los guardianes de la información

Santiago Masetti

11/10/2010

Opinión

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El intento de golpe contra Rafael Correa dejó al descubierto el alcance de los grandes grupos económicos, entre ellos los de la información, cuando son puestos en cuestión sus intereses. Al igual que en Argentina, el gobierno ecuatoriano elaboró una ley de medios y como respuesta a ésta, sufre los embates de la derecha.

El intento de golpe contra Correa dejó al descubierto el alcance de los grandes grupos económicos

Días atrás, la cadena Telesur y la televisión pública de Ecuador colmaron su programación de imágenes de violencia y golpismo. Lo que trasmitieron al mundo por más de 12 horas fue la rebelión de un sector de la Policía Nacional que tomó por la fuerza el regimiento número 1 de la ciudad de Quito y encabezó una embestida furibunda contra el presidente de la Nación.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se presentó en el cuartel para intentar dialogar con los alzados, pero quedó secuestrado en el hospital policial después de que tuvo que abandonar el destacamento entre palos y gases lacrimógenos que le dirigieron los agentes.

La protesta, según declararon los sublevados en esas horas, la realizaron en contra de Ley de Servicio Público que regula el desmedido sistema de bonificaciones y privilegios salariales vigente hasta el momento.

Pero a pocas horas de quedar retenido, y a sabiendas de que su vida corría serio peligro, Correa denunció que las violentas protestas policiales formaban parte de un intento de golpe de Estado “que se ha estado preparando durante meses” por parte de la oposición y los medios hegemónicos de comunicación, y llamó a las fuerzas policiales a subordinarse a sus cuarteles.

Aseguró que la oposición política liderada por el ex presidente Lucio Gutiérrez estaba detrás del levantamiento y que los medios de comunicación fueron cómplices por tergiversar la información respecto de la ley recientemente aprobada por la Asamblea Nacional (AN).

Desde la asunción de Correa en 2007, Ecuador ingresó al grupo de países latinoamericanos que pusieron en cuestión el proyecto neoliberal, y dio un giro en las políticas de Estado. Se privilegiaron una serie de políticas de desarrollo nacional y cambios relevantes, se ha duplicado el gasto en salud, aumentó significativamente la inversión social y se ha llevado adelante un plan de desendeudamiento y de desenmascaramiento de millones de dólares que fueron contraídos como deuda ilegítimamente.

Además, Ecuador logró terminar el año del 2009 sin encontrarse en recesión económica, y se proyecta un crecimiento de más del 2 por ciento durante 2010. Al igual que los demás gobiernos populares que entraron en la escena regional en la última década, Correa debió implementar métodos heterodoxos y creativos para asegurar que la economía se expandiera, y a la vez enfrentó los desafíos externos que supone la no tenencia de una moneda propia.

Pero en los datos económicos no se termina el análisis de lo que desde el sector político del presidente Correa denominan la “revolución ciudadana”. Desde julio de este año, en Ecuador se discute una propuesta oficial para regular la actividad de los medios de comunicación. Se trata de un proyecto de de ley de similares características y espíritu antimonopólico que ostenta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aprobada en Argentina; y que tantas primeras planas en contra y embates judiciales le valió -y le vale- a la presidenta Cristina Fernández.

El proyecto de ley, reformado y aprobado en comisión, plantea crear un ente regulador autónomo con capacidad de multar económicamente a los medios, estipula el reparto equitativo del espectro radioeléctrico entre los tres sectores reconocidos en la Constitución: el privado, el público y el comunitario. También prohíbe a un mismo grupo económico tener más de un canal de televisión y obliga a los medios privados a ocupar el 40 por ciento de su pantalla diaria con programas de producción nacionales, exceptuando los noticieros y las publicidades.

Además, amplía las posibilidades de inserción en las grillas de programación ya que, de las producciones nacionales, al menos el 10 por ciento deberá ser de proyectos independientes. Es decir, de empresas que no pertenezcan a la misma empresa mediática ni a sus dueños.

La Ley Orgánica de Comunicación, al igual que la LSCA, deberá sustituir una norma elaborada por la dictadura militar (1972-1979), bajo las órdenes de Guillermo Rodríguez Lara y firmada el 18 de abril de 1975. Aquella ley permitió la concentración de los canales de televisión, las radios y los diarios en muy pocas manos.

Por supuesto, el proyecto del gobierno constitucional de Correa cuenta con el rechazo unánime y explícito de todos los grandes medios de comunicación del país y de la corporación de dueños de medios del continente, la Sociedad Interamericana de Prensa, siempre aliada del golpismo.

Además de los numerosos detractores que tiene el oficialismo en la Asamblea Nacional, la verdadera oposición a la ley de comunicación son los grandes grupos económicos. En ejercicio pleno de la regla propagandística denominada “simplificación”, los medios hegemónicos reducen el proyecto de ley que consta de 105 artículos a una frase muy conocida por todos los latinoamericanos: es una Ley mordaza.

Los puntos de la ley propuesta por la bancada de Correa que más irritaron a la oposición fueron la creación del Consejo de Comunicación e Información, un ente autónomo que estaría compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, de las carreras universitarias de Comunicación y de organismos autónomos de participación ciudadana, organismos creados y avalados por la Constitución ecuatoriana.

De aprobarse la ley, como en Argentina, el Estado recuperaría la capacidad de regular el uso del espacio radioeléctrico, que es un bien finito de toda la sociedad. El Consejo de Comunicación e Información tendría la potestad de multar con hasta un máximo del 10 por ciento del ingreso trimestral de la empresa a todo medio que no cumpla con el porcentaje previsto de programas de producción nacional.

También podría intervenir en casos de denuncias de censura de los periodistas o de negativas de terceros a su derecho a réplica. La ley incluso intenta reglamentar áreas grises como la distinción tajante en los programas periodísticos entre información y opinión.

En entrevista con Telesur, el asambleísta ecuatoriano Eduardo Zambrano afirmó que en el intento de golpe de Estado que sufrió Ecuador el 30 de setiembre pasado "los medios comerciales y privados jugaron un papel importante; desde los días anteriores ya estaban dando espacio a los factores de oposición para calentar el terreno".

Zambrano, de la gobernante Alianza País, añadió que ``estaban seguros con toda su planificación que el golpe se iba a dar, pero debido al fracaso aplicaron un plan que no estaba preparado, lo que es ahora un ataque mediático, indicando que esto es un montaje, pero todo se derrumba cuando uno mira las pruebas”.

Dice un viejo dicho que “no hay nada nuevo bajo el sol”. Las conspiraciones contra las democracias populares en América Latina se repiten y se seguirán repitiendo en tanto y en cuanto esas administraciones prioricen los intereses de la sociedad por sobre los de los sectores económicos concentrados. Los mismos que se acostumbraron, durante los años de apogeo del modelo neoliberal, a que en la casa de gobierno trabajaba un gerente más de sus empresas.

Leyes antimonopólicas, medidas tendientes a la redistribución de ingresos y límites a las principales empresas del poder comunicacional del mundo son motivos suficientes para provocar respuestas destituyentes de la derecha. O dicho de otro modo, reacción de lo que en Ecuador llaman monos, y en Argentina gorilas.

- Santiago Masetti | Desde Buenos Aires

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

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