En las últimas semanas los chilenos nuevamente hemos sido sorprendidos por las políticas de hechos consumados del Ministerio de Economía: la propuesta de masificar la producción transgénica y subsidiar con recursos públicos un desarrollo tecnológico en esa dirección. La propuesta de la Comisión para el Desarrollo de la Biotecnología, montada por el subsecretario de economía Álvaro Díaz, con financiamiento del BID, plantea en el corto plazo, (junio de 2004) cambiar el actual marco regulatorio sobre transgénicos, hoy restringidos a la reproducción de semillas para re-exportación, hacia la autorización y promoción masiva de cultivos transgénicos para consumo y distribución en el país. La excusa del Ministerio de Economía para subsidiar la investigación y producción transgénica es agregar valor a la economía nacional y mejorar la competitividad del sector exportador. Para ello, sin ningún proceso de participación, ni de consulta sobre las prioridades científicas y tecnológicas del país, ha establecido alianzas con empresas de biotecnología, norteamericanas y canadienses, y algunas cámaras empresariales chilenas y además ha elaborado un informe y plan de acción para ser aprobado por el Presidente de la Republica, aunque en las líneas programáticas para el Chile Transgénico ya aparecen asignadas y los planes de ejecución establecidos para los 3 próximos años. ¿Será que el Ministro Rodríguez Grossi y el Subsecretario Díaz están enterados que Chile trata de transitar hacia la democracia y que establecer políticas, leyes y reglamentos entre cuatro paredes ya no debiera usarse? El informe del Ministerio de Economía al presidente señala que los montos públicos invertidos en investigación sobre transgénicos en Chile los últimos diez años equivalen a 73,4 millones de dólares; cifra elevadísima si la comparamos con el financiamiento que reciben otras áreas de ciencia y tecnología de mayor urgencia y prioridad nacional. La mayor parte de esta inversión vinculada a transgenia en especies forestales como pino y eucaliptos y especies agrícolas, como papas, maíz, tomates, vides y nectarines. Ello a pesar de que es justamente este último sector, el de los alimentos transgénicos, el que presenta mayor rechazo, no sólo en la población chilena, sino especialmente entre los consumidores de los países receptores de nuestras exportaciones. Este hecho, evidencia el camino errado que ha tomado el gobierno en relación con el desarrollo biotecnológico. El signo más evidente del camino equivocado del Ministerio de Economía al pretender imponer esta política biotecnológica para la producción y la exhortación transgénica, es la moratoria de la Unión Europea desde 1998, para evitar el ingreso de productos transgénicos. A lo anterior se suma la reciente prohibición de las importaciones de miel y canola orgánica desde Canadá, ya que los productores de dicho país no han podido garantizar que sus productos están libres de contaminación a raíz del polen de los cultivos transgénicos. Estos antecedentes implican el cierre de mercados a productos que potencialmente pudieran ser contaminados por la cercanía de cultivos transgénicos. Al respecto, hay que recordar que nuestro país acaba de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea y que por ello el Ministerio de Agricultura ha señalado que basará su política sobre transgénicos en la cautela, en la posición de menor costo, frente a la confrontación entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre el tema y con consulta a todos los sectores. La entrada en escena del Ministerio de Economía, con su insólita propuesta de desarrollo biotecnológico, totalmente ajena a las tendencias políticas y económicas en curso, ponen en alto riesgo los actuales nichos de mercado de los productos chilenos. En efecto, frutas, vinos, productos hortofrutícolas y alimenticios en general, podrían verse gravemente afectados de optarse por una política biotecnológica que incremente la presencia de transgénicos en el país. Al respecto, el director de Comercio de la Unión Europea ha señalado recientemente que la UE exige un completo plan de trazabilidad para cada Organismo Modificado Genéticamente, además de su etiquetado; y que la masificación de transgénicos en Chile puede generar consecuencias comerciales. Hoy día el escenario internacional es muy claro al respecto. Debido al rechazo de los consumidores hacia los productos transgénicos, incluso al interior de Estados Unidos, la mitad de las empresas biotecnológicas de ese país, creadas en la década de los 70, han debido cerrar o fusionarse y la mayoría de las pequeñas ha quebrado. En un intento por revertir esta crisis el Departamento de Agricultura de Estados Unidos invitó el mes pasado a los Ministros de Agricultura de los países en desarrollo, para presentarles la agricultura transgénica como "la revolución verde del siglo 21". Paralelamente, el presidente Bush, inauguraba en Washington la Asamblea de la Industria Biotecnológica norteamericana con un encendido discurso contra la Unión Europea por cerrar sus mercados a los productos transgénicos; amenazándola con presentar el caso ante la Organización Mundial de Comercio. En este contexto internacional, la propuesta de desarrollo biotecnológico para Chile que lidera el Ministerio de Economía no sólo constituye una amenaza de contaminación genética de nuestra biodiversidad y una opción científica y tecnológica inconsulta, sino que además constituye una decisión irresponsable de un grave impacto para la economía nacional. Esperamos que el Presidente Lagos y el parlamento implementen procedimientos democráticos en esta decisión sobre las prioridades científicas, la protección del patrimonio natural y el resguardo del nicho de producción limpia y sana que Chile pretende instalar a nivel internacional. * Sara Larraín. Directora Programa Chile Sustentable