Problemas en el Informe de Bolivia

Bartolomé Clavero

28/10/2010

Opinión

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Con vistas al examen que ha de pasar ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial dentro de unos cuatro meses, Bolivia ha presentado el debido Informe. Resulta realmente impresionante la simple relación desde el año 2006, desde la ascensión de Evo Morales a la Presidencia de la República, hoy Estado Plurinacional, de todo lo que el constituyente, el legislativo y el ejecutivo han emprendido en Bolivia contra los efectos discriminatorios del racismo y contra el racismo mismo. A lo que hay que añadir, pues el Informe se cerró con anterioridad, la reciente Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Mas hay problemas y alguno tan sensible como el de la postura de dejación de cara al asunto más urgente sin duda entre todos los implicados, el de la abolición de la esclavitud y prácticas análogas de signo netamente racista en Bolivia.

El Informe por supuesto reconoce la existencia de comunidades cautivas y de servidumbre por trabajo forzoso, afectando particularmente a guaraníes en la región del Chaco, como el problema más grave y más urgente de discriminación racial en Bolivia. El Informe resalta la serie de medidas que se han adoptado para afrontar el problema sobre todo a partir de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006, pues contempla mecanismos apropiados para la expropiación de tierras por la causal de servidumbre y para la emancipación de comunidades con la dotación territorial correspondiente. Son medidas que, tras un primer impulso que pronto decayó, se han quedado mayormente en el papel por lo que interesa a dicho objetivo perentorio de saneamiento de títulos para la emancipación de personas y comunidades indígenas. El propio Informe reconoce que tal es la situación. Y ofrece unas explicaciones que no resultan no muy convincentes:

· Parágrafo 116: Si bien el Estado se ha encargado en los últimos años de dotarse de legislación normativa para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, todavía se encuentra en proceso la implementación de la misma; el trabajo es más lento de lo esperado, sobre todo debido a los obstáculos que ponen los grandes terratenientes del oriente.

· Parágrafo 159: Es importante señalar que la vulneración a los derechos humanos de las familias cautivas no ha sido restablecida en su totalidad, como consecuencia de la reacción del grupo de hacendados afectados, lo cual ha amenazado en diversas ocasiones la continuidad del proceso de reconstitución territorial, llegando también a amenazar la integridad física de las autoridades que intentaban cumplir con la ley.

Cierto es lo que se alega de la violenta resistencia de los intereses hacendarios, pero esto no justifica la dejación sobrevenida que dichas mismas expresiones reflejan, sobre todo si se tiene en cuenta la fortaleza democrática actual de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del propio Gobierno. ¿Cómo se puede entonces alegar resistencia sociales a efectos no sólo explicativos, sino también justificativos del incumplimiento de la obligación internacional de abolición de la esclavitud y prácticas análogas? Mas el caso es que en la explicación y en la justificación se abunda en términos todavía más difícilmente comprensibles:

· Parágrafo 161: Por lo expuesto, se hace evidente la voluntad del actual gobierno de erradicar la presencia de la esclavitud moderna en algunas zonas del Chaco boliviano (Santa Cruz y Chuquisaca), se reconoce la enorme responsabilidad de resolver los casos más dramáticos de trabajo forzoso y discriminación étnica que subsisten en el país; sin embargo, puesto que la solución a este problema depende de un trabajo integral, hace falta la voluntad de aquellos que detentan un interés particular sobre las tierras en ese territorio.

Si he leído bien y no entiendo mal, se está diciendo que, para poner término a la cautividad de comunidades y a la servidumbre por trabajo forzoso, hay que contar con la voluntad de quienes se han apropiado de las tierras y explotan a las personas, los mismos que han utilizado la violencia para oponerse y, según todos los visos, no están dispuestos a ceder. ¿No es esto una actitud de entreguismo ante los hacendados que tienenun interés particular en que no se produzca la abolición de la esclavitud y prácticas análogas en Bolivia? Si esto es así, ¿cómo puede manifestarse de forma tan franca y confiada ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial? Tengo para mí una explicación que no quiero reservarme.

En Bolivia, ante la violencia desatada por los intereses contrarios al saneamiento de títulos incluso para la emancipación de personas y comunidades, fueron agencias de las propias Naciones Unidas, muy en particular su Programa para el Desarrollo (PNUD), quienes adoptaron y fomentaron la actitud entreguista con el pretexto de la recuperación de la paz social. Por parte del PNUD se pretendió incluso que se había alcanzado un acuerdo con los hacendados para la promoción de los derechos humanos ofreciéndoles la coartada para mantener su posición hasta hoy. Gentes expertas en gobernanza o en resolución de conflictos tienen por ejemplar la operación.

Como el entreguismo procede de las mismas Naciones Unidas, el Informe de Bolivia puede producirse con tal franqueza y tal confianza. Al fin y al cabo, el eufemismo de “la voluntad de aquellos que detentan un interés particular sobre las tierras” resulta transparente. En fin, Bolivia va a ser ahora examinada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, pero ¿quién examina al PNUD y sus agentes? He ahí uno de los puntos oscuros de la actual organización internacional, el de la responsabilidad de las propias agencias de las Naciones Unidas por políticas y acciones contrarias a los derechos humanos.

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas envió hace algo más de año y medio una misión al Chaco boliviano para estudiar el caso de las comunidades cautivas y la servidumbre por trabajo forzoso de población guaraní. Presentó a continuación, a los pocos meses, el respetivo Informe resaltando que la situación aqueja no sólo a personas y comunidades guaraníes, sino también al pueblo guaraní, cuyo territorio debe reconstituirse mediante la política de saneamiento de títulos a los efectos de que el mismo recupere su capacidad de libre determinación en beneficio de las personas y comunidades guaraníes así, en dicho contexto, plenamente emancipadas.

El Informe del Foro sintonizaba plenamente con la flamante Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Sobre esta base en común se desarrolló un diálogo en profundidad entre el Gobierno de Bolivia, la Asamblea del Pueblo Guaraní y el propio Foro, diálogo que también está documentado. El Informe de Bolivia al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial guarda absoluto silencio sobre todo esto. No contiene ni una sola referencia al Informe del Foro ni a sus recomendaciones, algunas bien concretas para afrontarse en términos jurídicos la resistencia de los hacendados, ni a la documentación subsiguiente.

El Estado Plurinacional de Bolivia, en un asunto tan sensible, es obvio que de momento prefiere a las agencias internacionales que ofrecen cobertura cómplice a sus maniobras coyunturales sobre algo que, como bien se entiende y sienta por la propia Constitución boliviana, debiera siempre estar por encima de la política: los derechos humanos.

- Bartolomé Clavero es Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=7929

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