Hace pocas semanas reflexionamos sobre algunas contingencias que nos preocupan a los uruguayos, indicando desde el título del trabajo que la polémica verificada en el mundo, en donde la inseguridad es también una realidad, se vuelca a favor de la sanción penal de quienes transgreden las normas penales y lesionan a la sociedad.

Por supuesto que no esperábamos aplausos de nadie, como no lo hacemos cada vez que encaramos una reflexión, pues ese no es el objetivo de un comentarista preocupado por el devenir de un país en que, según lo que dicen las encuestas, el tema de la violencia ciudadana, es el que está en el primer lugar de las inquietudes de la gente.

Sin embargo, recibimos por supuesto opiniones negativas de muchos que se manejan todavía con prejuicios que, dentro de la izquierda, están provocando la actual parálisis que determina que se haga poco o nada en torno a la situación, más allá de los esfuerzos del ministro Bonomi y su equipo, el que están logrando implementar algunos programas de recuperación de presos y, en materia carcelaria, efectivamente, de aumentar el número de plazas para albergar a la creciente población de procesados y penados, intentando sortear el hacinamiento.

Se nos dijo que nuestra tesis mostraba que nos volcarnos a favor del sistema norteamericano de penas, el que ha fracasado. Realmente no conocemos lo que ocurre con el derecho penal en EEUU, más allá de ilustrarnos con algunas exhibiciones televisivas que muestran como son las cárceles en el país del norte.

Las que se exhiben, obviamente, no inquietan por el hacinamiento ni la sistemática violación de los derechos humanos de las nuestras, en las que (veamos por ejemplo lo que ocurre en el establecimiento de Santiago Vázquez), no existen ni siquiera programas que traten de combatir la adicción a las drogas. Y ni hablar de planes, ni siquiera mínimos,  para la recuperación integración del detenido.

Pero, volviendo, al tema anterior, decimos, que tenemos claro que en nuestra justicia penal existen dos criterios diferentes. En el caso de los mayores las penas de prisión si bien acotadas y menores en relación a otras realidades tienen relación con la entidad del delito que se comete. Por su parte la sanción penal a los menores es benigna, Es que se diluye la responsabilidad individual de quién rapiña, roba, viola o asesina, porque se entiende que la  su vida cotidiana del infractor se sobrelleva en un marco de frustración, carencias y pretendida pobreza. Ese es el pensamiento imperante en muchos sectores del partido de gobierno y, por lo tanto, el que marca su inacción en torno al punto.

Nosotros pensamos que esa visión es errada, ya que afecta directamente al derecho de la sociedad a defenderse de la ola delictiva que, según el Observatorio de Criminalidad, determina que en las rapiñas exista una participación de casi un 45% de menores. Esa visión determina que nuestro código, que tiene relación con la niñez y la adolescencia, (Código de la Niñez y la Adolescencia) sea benigno, contrario en colaborar con el objetivo de poner fin a la delincuencia, ya que no determina una sanción medianamente pesada `para quién comete algunos de los delitos más graves y provoca que, todavía, se produzcan polémicas tan poco conducentes como la del descenso de la imputabilidad a menores de 18 años o, el casi dislate, de destruir las anotaciones de un delincuente menor de edad cuando este cumpla los 18 años o en un plazo establecido, como si borrando el pasado se haga algo por el futuro del individuo. El absurdo trepa a lo inconmensurable cuando vemos que según el proyecto que se votaría en el Parlamento antes de fines de mayo se pone un plazo para el mantenimiento de los antecedentes de quienes delinquieron siendo menores. Pero quienes lo hagan pasando los 18 años se les mantienen en el régimen de mayores en que los antecedentes juegan de otra forma.

Anotaciones de menores que, por lo demás, nunca se han implementado.

Pero para peor (y esto si lo conocemos), el fin de la internación no se produce cuando el trasgresor a culminado los programas de rehabilitación, sino al voleo, cuando el legislador sentado en su sillón del Palacio Legislativo lo fije. Dos años para El Pelón, por su triple asesinato, y este muchacho quedará en libertad cuando expire el plazo fijado por el legislador, no cuando los organismos técnicos lo habiliten, tal como ocurre por ejemplo en Inglaterra, en donde psiquiatras, psicólogos, técnicos de las más diversas materias, miden la actitud que el sujeto tiene hacia la sociedad y allí deciden levantarle o no las restricciones, brindándole – en caso de establecerse la libertad -  una salida laboral.

Claro, es otra sociedad, es el primer mundo, dirán. Aquí en cambio cuando se transita el segundo gobierno de la izquierda la sociedad uruguaya está mostrando, contrariando las bondades de un desarrollo económico incomparable, su peor cara. La más deshumanizada e hipócrita.

Es bueno aclarar que en general, en los países del mundo desarrollado o primer mundo no existen los criterios de benignidad.

Quienes han cometido delitos o faltas y son un eventual peligro para la sociedad, son erradicados de la misma, tanto en cárceles como en institutos especializados, hasta que los elementos más salientes de esas conductas desaparezcan. Allí no se maneja nunca el concepto de venganza, pero si el concepto de que quienes transgreden la Ley, simplemente tienen dificultades de integración en la sociedad o enfermedades mentales, las que deben ser tratadas a fondo y revertidas. Además se maneja el derecho positivo y los delitos que se comete tienen una correlación de penas.

Pero volviendo a nuestro país la situación es más que preocupante. A vuelo de pájaro nos podríamos preguntar: ¿Qué planes de recuperación tienen los organismos especializados para las personas que aparecen durmiendo, cada mañana, bajo cualquier reparo, tapadas con papel o envueltas con nylon? Generalmente adictos a la maldita pasta base qué fuman su pipa en la madrugada y luego duermen, en una situación humana aterradora. ¿No existe algún organismo u organización que se pueda ocupar de esta gente que de a poco se está encaminado a la muerte, en una marginalidad aterradora que muestra que nuestra sociedad tiene problemas que todavía no hemos ni estudiado?

¿No hay sensibilidad para esos uruguayos marginados que noche a noche se acercan a la muerte? Por ello decimos también que estamos asistiendo a la insólita contradicción que ante delitos, que son de acción personal de delincuentes, sean estos tanto menores como mayores, se tiene la primera reacción a nivel del gobierno en particular y de la izquierda en general, de culpar de la situación a las condiciones sociales en que vive el país. ¿Esto es así? Pero, ¿qué se hace al respecto? ¿Que se hace por la marginación más aterradora como la de todos esos drogadictos en situación de calle que en cada barrio, en cada ochava, aparecen cada mañana, mostrando las deficiencias de una sociedad que, por supuesto, los segrega aún más? ¿Qué se hace por las familias y bandas ciudadanas de ocupas que se han introducido en edificios y casas abandonadas, haciendo imposible la convivencia normal en diversas zonas,  creando problemas de seguridad que nunca se resuelven a fondo? ¿Qué se hace en las zonas guetizadas de los “cantegriles”, en las cuales la Policía solo puede entrar acompañada de los grupos de choque?

Por supuesto que es totalmente injusto estigmatizar la pobreza, muchos hemos sido pobres y muchos lo siguen siendo y por ello no han recurrido a lesionar a la sociedad, agrediéndola de mil maneras. Como tampoco debemos hacerlo con quienes han caído en la droga, pero debemos tener en claro que la maldita pasta base provoca tal dependencia que hace que muchas personas, para conseguir una dosis, caigan en la delincuencia. Claro, el tema está en castigar a los proveedores del veneno, legislar para que quienes trafiquen con esa basura, paguen muy caro y para eso es bueno, establecer que todo el peso del derecho positivo se encamine a sancionar a estos traficantes, porque no es de izquierda ni de derecha su acción en contra la sociedad.

Los parlamentarios deberían ponerse de acuerdo para adoptar las medidas adecuadas a la contingencia. Los uruguayos lo reclamamos y la izquierda tiene el deber de establecer el mecanismo más justo de no permitir qué nuestra sociedad se siga degradando, lo que hoy ocurre a pasos agigantados. Y lo debe hacer porque son necesarias soluciones adecuadas a la situación de la gente, para restablecer la paz. De lo contrario seguramente el camino se buscará en las peores soluciones de derecha que siempre provocan más dolor y solo determina la paz de los cementerios.

- Carlos Santiago es periodista.