Ecuador

¿Son los medios sipianos los jueces supremos?

Alberto Maldonado S.

28/04/2011

Opinión

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Hace años, la Corte Suprema de Justicia de Francia (nada menos y nada más) expidió una resolución expresando dos preocupaciones: que los medios de comunicación de Francia habían asumido la función de jueces inapelables; y que aquella práctica influía negativamente en una equilibrada y eficiente acción de la justicia-justicia.

En palabras más nuestras, la Corte francesa ponía el dedo en la llaga de una tendencia que es muy nuestra y que se la practica desde hace décadas: que los medios de comunicación (especialmente impresos) han asumido, por si y para si, la capacidad de “sentenciar” o por lo menos tomar partido por una u otra tesis, hasta declararlo culpable o inocente a un encausado. Y vaya que aquello afecta, sin lugar a la duda, a una acción judicial que se acerque por lo menos a algo justo, equitativo, aceptable.

Si a ello agregamos una función judicial desquiciada, proterva, descompuesta, pues tenemos un escenario más o menos claro de lo que nos está pasando; y de lo que le está pasando a una sociedad. El problema es que, de una u otra manera, el problema judicial incide directamente en una sociedad para que esta sea más equitativa, más justa, más solidaria, más democrática.

Para muestras, bastan unos cuantos botones:

- Para muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas, lo del 30 de septiembre/2010 (30-S) fue un golpe de estado abortado. Los indicios: mientras en el Regimiento Quito (cuartel policial) se iniciaba la revuelta, tropa y oficiales de la FAE se tomaban el aeropuerto Simón Bolívar de Quito y suspendían, por horas, toda navegación civil; oficiales y tropa, a cargo de la seguridad de la Asamblea Nacional impedían el ingreso de unos diputados y de otros no; situaciones más que “difíciles” en el Ministerio de la Defensa Nacional. Ese día, en Guayaquil, la policía no salía a su patrullaje habitual y comenzaban a darse saqueos y asaltos. El intento pone en alerta a los cancilleres de América Latina que se vienen a Quito, a respaldar la institucionalidad del Gobierno Correa. Sin embargo de estas evidencias, desde ese mismo día, medios comunicacionales privados comienzan a hablar de que el suceso no pasó de ser un “alboroto policial” agravado porque el “imprudente del Presidente” va meterse en la boca del lobo y, por poco, le cuesta la vida. Y el propio Presidente Correa no puede salir del hospital policial sin riesgo de vida, al punto que fuerzas militares y policiales tienen que rescatarlo, pero en horas de la noche. Para el “supremo juez” (la prensa sipiana) sin embargo, el 30-S no hubo tal intento de golpe de estado y, por lo tanto, ese día no fue más que un “reclamo policial” agravado por la imprudencia del Jefe de Estado.

- En este mismo episodio, el mayor de ejército retirado Araujo es sorprendido en el lugar de los hechos, celular en mano, “viendo lo que pasaba” Un Tribunal Penal lo declaró inocente de toda inocencia a pesar de que la fiscalía le había sindicado como coautor civil del intento golpista. ¿Pesó en ese tribunal la tesis que había sido exhibida y reiterada en algunos medios impresos de comunicación?

- El Director del Hospital de la Policía, coronel Carrión, es acusado, con testimonios y videos, de haber pretendido, primero, impedir que el Presidente de la República fuera llevado en hombros por su escolta presidencial a que reciba atención de emergencia, luego de que había sido agredido y “bombardeado” por la tropa policial; de haber proferido amenazas contra el Jefe de Estado, cuando estaba recluido en una pieza del hospital a su cargo; y de haber declarado a la CNN en español que el Presidente gozaba de buena salud y que podía salir del hospital cuando lo quisiera. Para la prensa llorona, este oficial policial es una “víctima” del autoritarismo político y un inocente que debe salir libre cuanto antes. ¿Influirá esa versión en el Tribunal Penal que debe juzgarle en estos días?

- Ante las denuncias fundamentadas de que el hermano mayor del Presidente, de nombre Fabricio, había conseguido contratos de construcción por 80 millones de dólares, el Presidente Correa no solo que declaró que no conocía de tales contratos sino que ordenó que se cree una comisión auditora que investigue semejante tráfico de influencias y que si se había perjudicado al Estado. Pasaron las semanas y, de pronto, apareció el auditor Chambers a afirmar que se había descubierto que el Presidente Correa SI CONOCÍA de tales maniobras y que el monto de lo contratado por Fabricio subía a setecientos millones de dólares. La gran prensa sipiana tomó como suyo el informe de Chambers a pesar de que otros miembros de la comisión especial no solo que no respaldaron a Chambers y su informe sino que renunciaron a la comisión. La gran prensa sipiana, ni corta ni perezosa, ha dado como un “hecho comprobado” que el Presidente Correa SI CONOCÍA DE TALES MANIOBRAS de su hermano Fabricio. Es decir, a pesar del discurso anticorrupción, el Jefe de Estado hace lo mismo que hicieron otros gobiernos y que él dice no solo criticar sino combatir.

- Otro caso: el hoy llamado Consejo de Participación Ciudadana (el quinto poder) crea una Comisión Especial para que esta tramité el nombramiento, por méritos y oposición, del nuevo Fiscal General de la Nación, un cargo muy importante en el actual esquema de la llamada función judicial. Por arte de magia, aparece una lista “técnica” según la cual, los perdedores aparecen como ganadores del concurso; y, lo más grave, que lo que se trata es de “favorecer” al candidato del gobierno (un ex ministro de estado) Para muchos, es una evidencia que no admite discusión.

- Ni qué decir, respecto de la versión de que a través de esta consulta popular, lo que se trata es de controlar la autollamada “democracia y libertad de expresión” y que lo que se quiere es evitar que los medios y sus periodistas, puedan denunciar, opinar, solicitar, libremente y sin responsabilidades posteriores ni anteriores. Esta tesis viene desde hace rato; y, lo que no pueden admitir, es que en Ecuador haya ni la sombra de un control especialmente de lo que los mismos medios han calificado de “televisión basura”.

Podríamos seguir “ad infinitum” los casos en que la gran prensa ecuatoriana “da por sentado” tal o cual versión, respecto de la temática diaria de un país. Sin embargo, de un análisis somero de tal tendencia, llegamos, necesariamente, a las siguientes conclusiones:

Para los medios sipianos, vale nada o muy poco lo que piense o lo que decida una mayoría, en un organismo colegiado. Cuando les conviene, ellos le dan mucho más crédito al criterio o la opinión de una minoría (a veces, es uno solo) que a la mayoría. Esta mayoría tiene, además, un delito “imperdonable”: que es progubernamental. Solo por ello, ya no tiene razón

Para la prensa sipiana, tiene pleno valor la anécdota del “tigre amarrado” Ellos pretenden ser los únicos dueños de la palabra y de la expresión; ellos si pueden decir todo lo que les parezca en un medio de comunicación; pero, cuando el tigre pretende contestar, pretende defenderse, eso es un ataque , “un riesgo”, dicen ellos, de la “sagrada libertad de expresión” entendida por tal lo que ellos la consideran como tal. Y para advertir a los y las ciudadanas, están asambleistas como Montúfar y Páez u organismos como FUNDAMEDIOS, que para eso están.

En todos estos episodios, queda claro que los actores, especialmente de un lado, no las tienen todo consigo. Siempre hay una chapucería, algo que no está bien, que no cuadra. Y de eso se valen los sipianos para sus lucubraciones. Porque lo que está a la vista es que no hay, en el nivel gobierno y peor en la revolución ciudadana, un simple análisis, un simple cálculo político, algo que en el periodismo llamamos “olfato periodístico” para advertir una situación o curarse en salud de algún desaguisado. En palabras más concretas, no hay en el gobierno de la revolución ciudadana, alguien que piense mal; y pensando mal, uno a veces (casi siempre) puede acertar.

Queda a la luz también que la prensa sipiana sabe y acierta respecto de qué teclas tocar, cuando se trata de defender o atacar a alguien. Y en ello, no se andan por las ramas ni evitando contradicciones evidentes. Dicen, por ejemplo, que comparten que la función judicial es, por decirlo suave, una porquería de la que todos los ciudadanos tenemos una queja; pero, frente a la consulta popular, no dudan en defenderla a pretexto de que no quieren que el ejecutivo “monopolice” todas las funciones. Como que si alguna vez, en la corta historia de este y otros países, se hubiera dado tal respecto entre funciones. Y también, si aparecen defendiendo a la función judicial, pueden esperar que esta sea, por lo menos y hasta cuando sea reorganizada, consecuente con esa defensa; y “dicte sentencia” a favor de sus tesis.

¿Siguen los pueblos de América Latina estas orientaciones? Felizmente y al parecer no. Como que la credibilidad que otrora lograron estos medios, sus asesores y sus intereses, ya no les funciona a plenitud. Así como las estadísticas sociales (las buenas) determinan que hay una especie de despertar mundial respecto de seguir siendo sumisos a lo que dicen y hacen los medios sipianos (en especial la televisión) como que está despertándose un sexto sentido; ese sexto sentido que ha hecho de Venezuela la revolución bolivariana; y de Bolivia, Ecuador (y más pronto que tarde Perú) países en donde, por lo menos, ya los grandes medios de comunicación privada, ya no tienen el ciento por ciento de credibilidad. Así traten de “victimizarse” que es el último objetivo que persiguen.

¿Será que la preocupación de la Corte Suprema de Justicia de Francia comienza a tener vigencia en nuestros países tercer mundistas? Porque me parece que los interesados siguen la costumbre sin preocuparse del qué dirán. Y una última pregunta: ¿Será capaz la Comisión de Control de medios –esto SI, como anticipan las encuestas y unos cuantos noistas, gana el SI- de desterrar para siempre esta tendencia a pretender legislar “mediáticamente” antes que los jueces debidamente restructurados?

Quito, abril 29/2011

- Alberto Maldonado S. es periodista – Ecuador

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