Río Grande en el uso del derecho a la resistencia
24/10/2011
- Opinión
Las comunidades de Río Grande oficialmente no fueron informadas acerca del Proyecto Múltiple de Chone, la SENAGUA se negó a proporcionarles la información y menos en cumplimiento de la Constitución a consultarles, por lo cual los pobladores debieron acudir a una acción de acceso a la información pública para obtener parte de la información y así enterarse que la obra se ejecutará en sus propiedades, por lo cual iniciaron acciones de resistencia frente a un proyecto que nos les fue consultado y atenta contra sus derechos garantizados en la Constitución. Después de varias acciones legales inconclusas y amenazas durante las sabatinas presidenciales de militarizar la zona, en la madrugada del pasado 18 de octubre, la fuerza élite de la Policía Nacional ingresó al predio “clave” para el inicio de la obra, el terreno del Sr. Alfredo Zambrano, donde también se encontraban en permanente vigilancia los pobladores del sector en franca solidaridad a su compañero y en resistencia pacífica, fueron desalojados violentamente.
Desde esa mañana se recibieron noticias acerca de personas heridas y con señales de asfixia, no existe registro audiovisual de la violencia porque los miembros de la Policía se encargaron de requisar cámaras de fotos y videograbadoras, desde entonces tampoco ha sido encontrado el niño Ronny Loor Manzaba, de seis años de edad.
Durante esa misma semana se dieron dos desalojos más, el 19 de octubre la gente que hacía vigilia a algunos metros del anterior campamento al ver la llegada de la policía, ante el temor de ser agredidos como ocurrió días atrás salieron del lugar y el 21 de octubre, cuando habían retomado el campamento, la Policía arremetió contra la población, esta vez además de gases lacrimógenos y toletazos, dispararon balas de goma, siendo herido en el pecho de Eduardo Cedeño y provocaron una lesión en la cabeza a Javier Manzaba; así mismo invadieron las propiedades de Ítalo Zambrano y Colón Muñoz, lanzando bombas de gas e intentaron detener a sus propietarios. De esta incursión existen heridos y varias personas con señales de asfixia y al momento la zona se encuentra bajo control militar.
En esta ocasión también llevaron detenidos a seis personas, una de ellas, la Sra. Quinche Loor ese mismo día fue rescatada del UCV de Chone, pero los otros cinco fueron llevados hasta los calabozos de la Policía Judicial de Bahía de Caráquez, según afirma Carlos Espinoza, quien ahora se encuentra en el área de cirugía del Hospital “Miguel H. Alcívar” con trauma abdominal cerrado y trauma pancreático1, durante el trayecto fue vejado, humillado y torturado junto a los otros cuatro detenidos, que responden a los nombres de: Luis Alberto Arteaga Castro, Fausto Lenin Bravo Alcívar, Líder Antonio Manzaba Cuzme y Jean Carlos Moreira Zambrano. En su contra se ha dictado prisión preventiva bajo los cargos de Rebelión e Intento de Asesinato. Además bajo el riesgo de que continúen los malos tratos, permanecen en la Policía Judicial, en lugar de enviarlos al Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez, como se ordena en la boleta judicial.
Por su parte el Abogado Pablo Cornejo ha puesto la denuncia ante la Fiscalía por las torturas de las que presuntamente fueron objeto los detenidos y se espera que se inicie a la brevedad posible los peritajes correspondientes, sin embargo, Cornejo afirma que los fiscales parecen temer iniciar las investigaciones por represalias desde el gobierno central.
La publicidad del PPM Chone continúa inundando radios y prensa, sin embargo el Gobierno no dice a la ciudadanía que el proyecto tiene diez componentes. Con el actual desplazamiento de personas, se inició la construcción del Desaguadero de San Antonio, con un plazo de construcción de tres años en que se invertirán 51 millones de dólares. En la página web de la Senagua, que patrocina el proyecto, no consta el plan cuatrianual para la ejecución de los demás componentes que requerirán un gasto de 300 millones y muchos años más para su conclusión y que conforme avance la obra se seguirá declarando de utilidad pública más predios y por ende habrá más desplazamientos forzados. Hasta entonces Chone seguirá inundándose, seguirá careciendo de agua potable, y de canales de riego y lo más grave, no se dice que hay estudios que dicen que dicho proyecto tampoco terminará con las inundaciones de Chone.
La actual posición del gobierno denigra y agrede la dignidad de los y las montubias, ya que niega rotundamente los hechos, los heridos, el desaparecido y la criminalización de cinco personas que en ejercicio del derecho constitucional a la resistencia se oponen a dicho proyecto. Ahora que han sido atacados en su propio territorio, respaldados por un decreto ejecutivo, resultan ser agresores y deben cargar con un proceso penal.
Este tipo de acciones entran en franca contradicción con las normas constitucionales y el sumak kawsay que este gobierno ha dicho incluir como política, más evidente ha resultado la política extractivista a costa de la riqueza natural del Ecuador y en base a la criminalización de aquellos que defienden sus derechos y los derechos de la naturaleza.
Desde la Cedhu rechazamos rotundamente la actitud del gobierno frente a la situación en Chone, ya que emula a anteriores regímenes donde la negación y el silencio fueron el pilar principal de flagrantes violaciones de derechos humanos y rechaza los procedimientos judiciales criminalizando la protesta social que tienen como finalidad perseguir a quienes hacen uso de un derecho constitucional.
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(1) Informe médico de ingreso al Hospital Miguel H. Alcívar, de Carlos Alberto Espinoza Loor, el 22 de octubre de 2011.
Otras noticias:
Hna. Elsie Monge es directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
https://www.alainet.org/es/active/50422
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