La lucha por la reivindicación

Victoria Castiglia

25/11/2011

Opinión

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Tras el asesinato de militante campesino Ferreyra quedó al descubierto el macabro juego de empresarios sojeros apoyados por autoridades de la provincia.

El miércoles 16 de noviembre fue asesinado Cristian Ferreyra. Pertenecía a al Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MOCASE- VC). Fue baleado junto a su cuñado César Godoy por Javier y Arturo Juárez, sicario del empresario sojero Mario Ciccioli.

Ferreyra murió desangrado porque la salita más próxima se encontraba a kilómetros de distancia. La razón del crimen se debió a que Ferreyra, como todos los miembros del MOCASE, se oponía a desalojar las tierras para entregárselas al empresario.

Al igual que las represiones acontecidas contra la Comunidad QOM La Primavera, Formosa, el hecho deja planteada la crueldad del conflicto territorial que acontece en Argentina entre empresarios y campesinos y aborígenes. En este tipo de conflictos los gobiernos provinciales juegan un papel de apoyo a los sectores que pretenden quedarse con la tierra a costa de la vida de sus habitantes.

El desmonte en zonas habitadas se produce por la carencia de una legislación clara y efectiva. En ese sentido vale recordar que en mayo de éste año la presidenta Cristina Fernández presentó en el Congreso un proyecto sobre Ley de Tierras para poner un tope a la venta de tierras a extranjeros.

El proyecto también propone que se reconozca la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria de las tierras en las que habitan. Sin embargo el texto llevado a discusión por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aún no ha sido tratado por el Congreso Nacional, a pesar de los pedidos reiterados de la presidenta Cristina Fernández.

En junio pasado, Domínguez dio detalles sobre el proyecto en la comisión de Legislación General, pero al plenario no asistieron las comisiones de Agricultura, que presidida al momento por el radical Juan Casañas; y la de Asuntos Constitucionales, entonces a cargo de la duhaldista Graciela Camaño.

Ambas comisiones tienen competencia secundaria para tratar la iniciativa y legislarla. Casañas expresó que “no obstaculizaría el tratamiento del proyecto”, pero no se presentó en el momento de la explicación del ministro.

Por otro lado, Graciela Camaño, en declaraciones a la prensa, se expresó en contra de la iniciativa: "es una iniciativa inconstitucional porque la Carta Magna establece que los extranjeros gozan en el territorio de los derechos civiles de los ciudadanos, como comprar y vender tierra", señaló en relación con el punto que establece poner un tope del 20 por ciento a la compra de tierras a empresas y compradores extranjeros.

El MOCASE había logrado que en septiembre el ministro Domínguez se reuniera con representantes del Foro Provincial de la Agricultura Familiar (FOPAF), el MOCASE-VC, y técnicos de la Delegación local de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, para participaron del Primer Seminario Nacional del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016.

En la oportunidad, el ministro Domínguez se mostró sorprendido por las exposiciones de los militantes agrarios y afirmó que “la tierra tiene que ser de quien la trabaja y de quien la ocupa”.

Domínguez también planteó que “hay que hacer rápidamente un plan de regularización dominial” para lo cual se comprometió a iniciar gestiones con las escribanías de gobierno de las provincias. Allí destacó también la importancia de completar el Registro Nacional de la Agricultura Familiar “porque no contar con datos precisos es funcional para quienes no desean que existan políticas públicas para el sector”, y dijo: “las políticas públicas, para que sean visibles, tienen que tener claramente identificado el destinatario”.

En cuanto al asesinato de Ferreyra, las responsabilidades están centradas en el Gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Si bien el gobernador se autoproclama “ultra-kirchnerista”, sus políticas al respecto del tema no se observan en la misma sintonía con el Gobierno Nacional ya que se definió en defensa del empresario Ciccioli y de su grupo armado, mientras que la presidenta pugna por reivindicar a los movimientos campesinos y aborígenes que habitan todos los territorios del país.

El Mocase-VC emitió un comunicado en donde sostuvo: “esto ocurre (en referencia al asesinato) con complicidad y alevosía de parte de las autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables del asesinato de Cristian”.

Adolfo Farías, integrante del Mocase-VC, apuntó al gobernador Zamora por su vinculación con los terratenientes más concentrados de esa provincia al referirse al crimen. “Zamora tiene muy buen discurso hacia afuera. Habla muy bien de las políticas del gobierno nacional. Pero hacia adentro tiene acuerdos con la Sociedad Rural. Tiene que quedar claro que no es que con Zamora se potencian las políticas del gobierno nacional”, sostuvo.

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Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

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