El "pase a retiro" del Juez Jorge Imas puede significar la reactivación de las investigaciones en el caso del crimen de Susana Manzur, la funcionaria de la Presidencia de la República asesinada en 1996. La mujer, que tenía 38 años de edad al momento de su muerte, combinaba sus funciones en el Servicio de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República con el gerenciamiento de una Agencia de Modelos y la conducción de un programa radial nocturno. Había llegado hasta Casa de Gobierno desde la Dirección Nacional de Aduanas mediante sucesivos pases en Comisión; pasando por el Tribunal de Cuentas, la Prosecretaría de la Presidencia (primera administración Sanguinetti), y la Contaduría de la Presidencia, hasta anclar en dicho Servicio de Prensa y Difusión. El 23 de mayo de 1996 (segunda administración Sanguinetti) fue encontrada en su apartamento del barrio de Pocitos, con una de sus piernas atada a la pata de un sofá, varias heridas de arma blanca en su tórax, y degollada... Al contrario de lo que se suele ver en la televisión, en lugar de aislar y preservar la escena del crimen hasta la llegada de los "detectives médicos," los policías pusieron "patas arriba" el apartamento "buscando pistas." En primera instancia descartaron el robo como móvil del asesinato, ya que no constataron la falta de valores pecuniarios. Sin embargo, investigaciones posteriores comprobaron que se había "vaciado" la computadora de Manzur y faltaban su agenda personal y una cantidad indeterminada de fotografías. Allegados a la ejecutada declararon ante la Justicia que la mujer les había dicho que en caso de que "le sucediera algo" revisaran en su computadora, ya que allí "guardaba información muy importante de cosas que había descubierto." En esos días se rumoreaba que la Agencia de Modelos de Manzur era en realidad un servicio oficioso de prostitutas de alto rango que tenía como clientes a importantes figuras políticas, policiales, empresariales y diplomáticas. La desaparición de todos los elementos en los que podría estar registrada esta actividad impidió confirmar dicha presunción. En la época del crimen también se manejaba la hipótesis de que Manzur podría estar chantajeando a alguno de sus "clientes," pero las investigaciones han sido tan lentas, tan ineficientes, y tan secretas, que lo único cierto es la incertidumbre. Los investigadores policiales encontraron restos de ADN en el cadáver de Manzur y en diversos lugares del apartamento. En su momento se comparó ese ADN con el de un oficial de policía sospechado de haber participado en el asesinato, pero el resultado fue negativo. Desde ese entonces hasta que se jubiló, el juez Jorge Imas no ordenó ningún otro análisis comparativo. El relacionamiento entre el juez Imas y la fiscal actuante, Mirta Guianze fue dificultoso desde el inicio de la indagatoria. Ello llevó a que la Fiscalía de Corte elevara a la Suprema Corte de Justicia un informe cuestionando la actuación del Juez en el caso. La curiosa respuesta de la Corte fue archivar el informe y trasladar a Imas a la Justicia Laboral. El magistrado no aceptó la "degradación" y optó entonces por jubilarse. En su queja, Guianze informaba a la Fiscalía de Corte que el juez Imas entregó el expediente a la Policía, algo no sólo prohibido por el secreto de presumario, sino bastante inconveniente desde el momento en que varios funcionarios policiales están siendo investigados por su eventual responsabilidad en el asesinato. En su descargo, el juez Imas dijo que él, el expediente no se lo dió a los policías presuntamente involucrados, sino a los que estaban investigando el caso. Luego de más de cinco años de "congelamiento" de las investigaciones judiciales, a comienzos de 2001 Imas tomó licencia y su suplente, la jueza Marta Alvez, reactivó el expediente, aunque bajo un gran hermetismo. Alvez junto con Guianze tomaron entonces declaración a diferentes testigos, pero al retornar Imas a sus funciones informó a la fiscalía su intención de archivar el caso. Fue entonces que la fiscal presentó la queja que terminó con el retiro definitivo de Imas. Las fuentes judiciales consultadas por la prensa en diferentes etapas de la instrucción siempre respondieron que la reserva con que se tomaron muchos testimonios se debió a lo delicado del caso y a la importancia de las personas que pueden estar implicadas. Esta circunstancia -afirmaron- genera temor en los testigos, por lo que algunos niegan saber algo del asunto y otros piden que sus nombres no trasciendan públicamente pues tienen mucho temor a eventuales represalias. Tal fue el caso del ex oficial de policía y guardaespaldas del presidente Julio Sanguinetti durante su primera presidencia (1985/90), Washington De María, quien años atrás se presentó ante el senador José Korzeniak (Encuentro Progresista) y dijo saber todo sobre este homicidio, pero luego no ratificó sus dichos ante la justicia ni volvió a hablar más del tema con persona alguna. De María está preso sin condena desde hace más de diez años, acusado por el asesinato del empresario y contrabandista Luis Ernesto González en 1992. Según recuerda el escritor Enrique Ortega Salinas en su reciente libro "El pozo de Pandora," De María "lleva más de diez años en prisión, han pasado siete jueces por la causa y sigue sin condena." El investigador de este otro caso no resuelto opina que al ex guardaespaldas de Sanguinetti "le conviene que lo declaren culpable," ya que si fuera así, saldría en libertad por haber cumplido más de la mitad de la pena que se le podría aplicar. De todas maneras, Ortega opina que para tener la certeza de que De María fue el asesino de González: "Faltan el arma, el móvil, la oportunidad, testigos confiables y acuerdo entre los mismos, y lo que es peor: acuerdo entre los mismos peritos, ya que un grupo lo salva y otro lo hunde. Ni siquiera ha habido acuerdo entre los mismos jueces; recordemos que la Dra. Schroeder lo liberó y encarceló a los policías actuantes. Sin embargo, hay tantas dudas sobre su inocencia como sobre su culpabilidad; de lo único que no hay dudas en este caso es de que hay dudas, y esto lo sabe cada integrante del Poder Judicial que actuó en el caso." Según parece, Luis Ernesto González, dueño de un Free Shop de la ciudad de Rivera en la frontera con Brasil, se habría quedado con dineros de la mafia del contrabando, y al no poder devolverlos, fue ejecutado. Tras permanecer secuestrado varios días (presuntamente presionándolo para que devolviera lo hurtado), fue asesinado y su cuerpo depositado en un aljibe abandonado ubicado en la zona rural del departamento de Canelones en 1992. Según Enrique Ortega Salinas, de todas maneras lo más importante ahora "ya no es quién mató a González, sino quién ocupa su lugar en la cadena mafiosa de la cual era un eslabón importante." Sobre esta cuestión, el escritor se remite a su libro anterior, "Las reglas de la mafia," donde explica claramente como funcionan las cosas en ese ambiente: "Cuando uno de los miembros se halla acorralado por la Justicia, la prensa o la parte honesta de la Policía, hay que sacarlo del medio; si ha hecho bien los deberes, se le hace desaparecer dejando un cadáver irreconocible en su lugar. Mas si ha traicionado el código de la "omertá" o ­caso del narcotraficante Omar Clavijo- actuado de manera desprolija, o ­caso de Luis Ernesto González- se ha quedado con lo que no debía, ya no se toman la molestia de buscar un cuerpo sustituto." En lo que atañe a la situación de Washington De María, tras insistir en recordar que fue guardaespaldas del ex presidente Julio Sanguinetti, Ortega señala que "lleva más de 10 años en la cárcel, procesado sin condena; y esto es alarmante. Estamos hablando del sistema judicial del Uruguay, no es un Estado perdido en Africa o Asia. Uruguay es un país civilizado. Diez años y siete jueces. Como ha dicho alguien recientemente: la justicia tarda, pero... tarda. Y esto está por encima de De María; tiene que ver con que nuestro sistema jurídico necesita un cambio urgente, porque la justicia cuando es lenta, es injusticia." Finalmente, el escritor explica: "Para la mafia el caso González es sólo un episodio. La mafia sigue, los negocios siguen. Se entregan peones y alfiles para salvar al rey..." * Andrés Capelán (Comcosur/Montevideo)