“[Frente a los argumentos de la oposición] es urgente, prioritario y patriótico votar este plan fiscal”. Fabio Molina, Diputado PLN.

 

Nuevas tensiones han surgido a raíz de la construcción de la carretera “Soberanía”, una vía de 120 kilómetros al margen del Río San Juan (de Nicaragua) destinada a conectar a las diferentes poblaciones de la zona, hasta entonces marginadas, y a facilitar la defensa del país frente a una eventual invasión de nuestros vecinos del Norte. El mega-proyecto ha costado al gobierno 7,000 millones de colones.

 

Esta vez no ha sido Pastora el responsable del enojo costarricense, sino ONGs que reclaman por los daños ocasionados por la construcción de la vía paralela al río. La argumentación de Camilo Lara, líder de Fonare (una de las organizaciones demandantes), se basa en que la construcción de la carretera ha ocasionado un incremento en la sedimentación del río, un problema de gravedad ya existente.

 

El mismo canciller Enrique Castillo ha admitido que “puede que haya caído un poquillo de sedimento al río”. Es lógico que este tipo de cosas ocurran cuando el gobierno no hizo ningún estudio sobre impacto ambiental, amparándose en la emergencia nacional decretada para construirla. El grave problema viene cuando áreas de la carretera, que según el diseño del gobierno costarricense, debían estar a 50 metros de la ribera, están aún más cerca. Esto significa que el cambio en el uso de la tierra (afectando su conformación física y por ende su estabilidad, junto con su proximidad a la ribera), a largo plazo puede terminar en deslizamientos que incrementen aún más la sedimentación. Para entender esto no se necesita ser geólogo. De hecho ya han habido desbordes del río que han afectado a la carretera, y habrá que ver cuales serán los efectos a futuro.

 

Más allá de dichas consideraciones, las legalidades del caso son muy riesgosas. El gobierno no cesa de levantar su derecho a construir lo que le dé la gana en territorio nacional (su soberanía), y en ello se ampara al no responder a Nicaragua. Pero ese argumento demagógico no refleja la realidad del Derecho Internacional: en la Declaración de Río (1992) se estableció claramente la necesidad de consulta entre Estados, en situaciones en las cuales una acción dentro de territorio soberano pudiese afectar el medio ambiente de terceros. Es por ello que Nicaragua no prosiguió con el dragado del San Juan sino hasta que nuestro ex-canciller René Castro le diera luz verde. También basado en ello, se predecía que una eventual apertura de la mina Crucitas generaría una reacción por parte del gobierno nicaragüense, al ser una actividad que podría contaminar con tóxicos el río fronterizo.

 

A la luz del derecho, la retórica del gobierno puede ser vista como una estrategia de relaciones  públicas. No hace falta recordar que, frente a la demanda de varios ambientalistas en huelga de hambre, la Presidenta logró evadir hasta el final comprometerse con retirar la declaratoria de interés nacional otorgada por el gobierno Arias a la mina de Infinito Gold, después de haber decretado una moratoria minera al inicio de su gestión.

 

Al igual que en el caso de Crucitas, el gobierno y varios medios hacían grandes esfuerzos por presentarnos el ‘progreso’ que llevaba la empresa a esa marginada zona del país. Caminos asfaltados y trabajo, grandes beneficios que prometían dividir a la comunidad entre quienes apoyaban a la empresa y al gobierno, y quienes preferían ‘no jugársela’. Hoy, la carretera “Soberanía”, que a todas luces cumple con una importante tarea pendiente, parece ser un proyecto loable que beneficia a la comunidad. Cableado eléctrico, telefonía y otros beneficios revuelven las emociones de las poblaciones fronterizas. Pero detrás de todo esto podrían estar fraguándose otros intereses.

 

 

En agosto del año pasado, la Presidenta Chinchilla declaró, vía decreto, una moratoria petrolera frente a las presiones de la compañía Mallon Oil, que exigía la firma de un contrato de explotación. Varias personalidades y ambientalistas del país advirtieron la falsedad detrás de la moratoria. De forma elocuente, el profesor Alvaro Sagot resaltó las diferentes imprecisiones y errores de redacción del documento, concluyendo que “es como si quisieran darle todas las armas jurídicas a la empresa para que la Sala Constitucional lo declare nulo, a falta de razonabilidad y por el uso de una pésima técnica jurídica con la cual se elaboró este extraño texto”.

 

Efectivamente y como predijo Sagot, la moratoria fue declarada nula por la Sala VI. La zona fronteriza donde se construye la carretera “Soberanía” coincide con el área concesionada a la empresa (bloques 5 al 10). A su vez, uno de dichos bloques está localizado justo en la zona de Isla Calero, mientras que varios bloques marinos identificados por la empresa cubren la totalidad de nuestra costa Caribe.

 

Organizaciones y universidades han intentado en diferentes ocasiones reunir a representantes de la empresa y del gobierno con representantes del sector ambientalista, pero ni el abogado de la empresa, Pedro Oller, ni el ministro de ambiente, René Castro, se han hecho presentes a dichos encuentros.

 

Así como aprendimos los ticos durante el gobierno Arias, una moratoria que se haga por decreto puede ser derogada por gobiernos próximos. Y así mismo los ambientalistas han alertado sobre el plazo tan corto de la moratoria petrolera (tres años). Pareciera que la administración Chinchilla no quiere sumar una nueva batalla en el terreno de la opinión pública, y deja “la mesa servida” para quien venga.

 

A diferencia de Crucitas, el gobierno se ha movido con cautela y, con nubes de polvo. Desde el oficialismo, parece que mantener esta pequeña guerra fría es lo mejor a sus intereses; se puede invocar el patriotismo para enfrentar a la población frente a los nicaragüenses o a cualquier otro actor disidente, y así incidir sustancialmente la opinión pública sobre el tema. Ya lo hizo frente a las consideraciones de la Corte Centroamericana de Justicia, nuestro más nuevo ‘enemigo oficial’.

 

¿Es tan descabellado pensar que se puede hacer algo contra quienes rechacen la extracción de petróleo o gas natural en nuestro suelo? Razones para el escepticismo sobran.