El caso Buenos Aires
Crisis capitalista e “inseguridad”
14/07/2012
- Opinión
El actual gobernador de la principal provincia argentina, y exvicepresidente durante la gestión de Néstor Kirchner, navega desde la ambigüedad hacia la mentira. (*)
En medio de su decisión de desdoblar el pago de los aguinaldos a los estatales de la provincia, Daniel Scioli se habría comunicado con la presidenta. Hasta ahí todo parece cierto, pero el semanario Miradas al Sur aseguró en su última edición, y ninguna voz de La Plata salió a desmentirlo, que el gobernador no le comentó a Cristina cuáles serían las medidas que estaba dispuesto a tomar. En tanto, el sábado 7 de julio, minutos después de su conferencia de prensa, escribí para la agencia pública de noticias de la provincia de Buenos Aires -www.agepeba.org- que el motonauta navega desde la ambigüedad hacia la mentira: que el gobernador intentó evadir responsabilidades y trató de instalar la idea de que el gobierno nacional lo avala ante el no pago en regla de la primera mitad del sueldo anual complementario que por ley les corresponde a miles de trabajadores; y que es lícito suponer que, detrás del problema financiero, el titular del Ejecutivo provincial esconde una maniobra para sembrar en su territorio las condiciones sociopolíticas para la contraofensiva neoliberal.
“Ayer conversé con la señora presidente de la Nación y he encontrado en ella la predisposición para seguir trabajando juntos (…)”, decía Scioli el sábado. Otra vez lo mismo, un extraño `ni` del gobernador, porque fuese el caso de Buenos Aires o de cualquier otra provincia, es impensable que el gobierno nacional no vaya a tener “predisposición para seguir trabajando juntos”. El titular del Ejecutivo bonaerense pretendió transformar un hecho que surge de la propia Constitución Nacional, de las leyes y de las prácticas de la gestión de Cristina Fernández, la que mayores inversiones de Nación hizo en todos los territorios del país -provinciales y municipales- en las últimas décadas, en algo así como un espaldarazo a su desbarajuste administrativo.
De las palabras de Scioli, como siempre, no surgen más que vaguedades, pero esa vez, las mismas ocultaron la verdad. Debió haber reconocido ante los bonaerenses y el resto del país que su proyecto original de ley de emergencia económica fue rechazado por la mayoría de los diputados y senadores oficialistas, de todos los matices; y no por diferencias técnicas o de detalles, sino porque el mismo fue redactado con todos los contenidos y previsiones formales de aquellas leyes y disposiciones oficiales que, emanadas del Consenso de Washington, propiciaron el más feroz programa de privatizaciones y desmantelamiento del aparato productivo nacional, el programa de la continuidad menemismo–Alianza, que estalló con los muertos en Plaza de Mayo (en 2001).
El gobernador da vueltas y vueltas, pero debió recular. Su ministra de Economía, Silvina Batakis, recurrió temprano a Radio Mitre –del grupo monopólico Clarín- para asegurar que la vapuleada “emergencia económica” no será instalada hasta ser acordada con la Legislatura, lo cual no les será tarea fácil porque el viernes pasado por la noche, desde las más altas instancias del Senado y de la Cámara de Diputados, como así también desde los respectivos bloques oficialistas, el mensaje que recibió Scioli fue claro: que se olvide de todo intento de rematar los activos de la provincia. Apenas un par de horas después de las declaraciones radiales de Batakis, el jefe del Ejecutivo provincial dio otra muestra de su recule -¿se habrá acordado de que la única verdad es la realidad?-: “la ley de emergencia económica es el último recurso”, dijo al momento de disponerse a participar en unas jornadas organizadas por la Unión Industrial Argentina (UIA).
El estado crítico de las finanzas provinciales obedece a una sumatoria de decisiones administrativas erróneas, o mal intencionadas. Y, aunque de apariencias suicidas, a menos que como los conspiradores siempre lo afirman -y lo hacen, pues esa es la médula del manual de acciones encubiertas que ponen en juego en cada proyecto desestabilizador-, “cuanto peor, mejor”, detrás del desbarajuste de la provincia podría esconderse la estrategia de crear un escenario –no cualquiera, sino en el distrito más poderoso del país– de debacle económica, la misma que viene tratando de instalar en el humor social, a contramano de los datos de la realidad, el aparato mediático concentrado, con tantos amigos próximos al despecho del gobernador.
Aquellas fotos de fulbitos del gobernador con Mauricio Macri y con el jefe camionero Hugo Moyano, el mismo que acusa a Cristina de ser “autoritaria” y de gobernar “en contra de los trabajadores”, a contramano de todas las estadísticas, incluso de las más denostadas por la oposición, y coincide con el Grupo Clarín a la hora de frivolizar en torno a la estabilidad de las instituciones establecidas por el voto de la ciudadanía -es desde el aparto mediático concentrado que se habla de “golpe” contra Scioli-; esas fotos, decía, deben ser interpretadas en sus respectivos contextos, sobre todo las que aluden a los efluvios de simpatías de Scioli con Moyano: cuando éste decidió que el programa encabezado por la presidenta no era viable desde su mirada corporativa y de fuertes lazos con un sector de la patronal, entonces se lanzó al ataque; y, rápidamente, concitó los más diversos apoyos de quienes encabezan las maniobras de todo tipo contra el gobierno nacional y contra todo lo que sea afín con esa mirada en el resto de la región.
Todo ello explica las reuniones que semanas atrás mantuvieron emisarios de Moyano y empresarios camioneros, sojeros y de medios concentrados argentinos y paraguayos con el “consultor” Jaime Duran Barba, asesor ahora de los golpistas de Asunción y siempre protegido por la “diplomacia secreta” de los Estados Unidos.
Para el sistema de poderes de la economía concentrada y corporativa, como también para los arquitectos de la “salida de la crisis internacional”, entre ellos Washington, las máximas direcciones políticas de la UE y la trama banquera global, es inaceptable la existencia de gobiernos como el argentino, que controlan sus reservas y los movimientos de divisas, que tienden a recuperar la gestión soberana de sus recursos naturales y que, encima de todo, avanzan en la transformación del aparato de sentidos y de consensos sociales.
A ese proyecto de los poderes corporativos se le hace imprescindible la creación de escenarios de crisis y de disensos sociales, y ni qué hablar si los mismos, en la Argentina, se registran en un territorio como el de la provincia de Buenos Aires, y desde “dentro mismo del espacio de gobierno”. Para ello apelarán a todo, todo en el que tampoco está ausente la exacerbación de los ánimos como respuesta a los hechos de “inseguridad”.
¿Por qué Ricardo Casal sigue en su puesto? ¿Quiénes lo sustentan? ¿Serían acaso posibles hechos como los acontecidos en Cañuelas y Moreno, que con justa razón indignan a la sociedad, sin la perseverancia del gobernador en mantener en sus cargos a los principales actores de las tantas veces denunciada trama de complicidades entre crimen, política y funcionarios de gobierno, fiscales y judiciales?
“Ayer conversé con la señora presidente de la Nación y he encontrado en ella la predisposición para seguir trabajando juntos (…)”, decía Scioli el sábado. Otra vez lo mismo, un extraño `ni` del gobernador, porque fuese el caso de Buenos Aires o de cualquier otra provincia, es impensable que el gobierno nacional no vaya a tener “predisposición para seguir trabajando juntos”. El titular del Ejecutivo bonaerense pretendió transformar un hecho que surge de la propia Constitución Nacional, de las leyes y de las prácticas de la gestión de Cristina Fernández, la que mayores inversiones de Nación hizo en todos los territorios del país -provinciales y municipales- en las últimas décadas, en algo así como un espaldarazo a su desbarajuste administrativo.
De las palabras de Scioli, como siempre, no surgen más que vaguedades, pero esa vez, las mismas ocultaron la verdad. Debió haber reconocido ante los bonaerenses y el resto del país que su proyecto original de ley de emergencia económica fue rechazado por la mayoría de los diputados y senadores oficialistas, de todos los matices; y no por diferencias técnicas o de detalles, sino porque el mismo fue redactado con todos los contenidos y previsiones formales de aquellas leyes y disposiciones oficiales que, emanadas del Consenso de Washington, propiciaron el más feroz programa de privatizaciones y desmantelamiento del aparato productivo nacional, el programa de la continuidad menemismo–Alianza, que estalló con los muertos en Plaza de Mayo (en 2001).
El gobernador da vueltas y vueltas, pero debió recular. Su ministra de Economía, Silvina Batakis, recurrió temprano a Radio Mitre –del grupo monopólico Clarín- para asegurar que la vapuleada “emergencia económica” no será instalada hasta ser acordada con la Legislatura, lo cual no les será tarea fácil porque el viernes pasado por la noche, desde las más altas instancias del Senado y de la Cámara de Diputados, como así también desde los respectivos bloques oficialistas, el mensaje que recibió Scioli fue claro: que se olvide de todo intento de rematar los activos de la provincia. Apenas un par de horas después de las declaraciones radiales de Batakis, el jefe del Ejecutivo provincial dio otra muestra de su recule -¿se habrá acordado de que la única verdad es la realidad?-: “la ley de emergencia económica es el último recurso”, dijo al momento de disponerse a participar en unas jornadas organizadas por la Unión Industrial Argentina (UIA).
El estado crítico de las finanzas provinciales obedece a una sumatoria de decisiones administrativas erróneas, o mal intencionadas. Y, aunque de apariencias suicidas, a menos que como los conspiradores siempre lo afirman -y lo hacen, pues esa es la médula del manual de acciones encubiertas que ponen en juego en cada proyecto desestabilizador-, “cuanto peor, mejor”, detrás del desbarajuste de la provincia podría esconderse la estrategia de crear un escenario –no cualquiera, sino en el distrito más poderoso del país– de debacle económica, la misma que viene tratando de instalar en el humor social, a contramano de los datos de la realidad, el aparato mediático concentrado, con tantos amigos próximos al despecho del gobernador.
Aquellas fotos de fulbitos del gobernador con Mauricio Macri y con el jefe camionero Hugo Moyano, el mismo que acusa a Cristina de ser “autoritaria” y de gobernar “en contra de los trabajadores”, a contramano de todas las estadísticas, incluso de las más denostadas por la oposición, y coincide con el Grupo Clarín a la hora de frivolizar en torno a la estabilidad de las instituciones establecidas por el voto de la ciudadanía -es desde el aparto mediático concentrado que se habla de “golpe” contra Scioli-; esas fotos, decía, deben ser interpretadas en sus respectivos contextos, sobre todo las que aluden a los efluvios de simpatías de Scioli con Moyano: cuando éste decidió que el programa encabezado por la presidenta no era viable desde su mirada corporativa y de fuertes lazos con un sector de la patronal, entonces se lanzó al ataque; y, rápidamente, concitó los más diversos apoyos de quienes encabezan las maniobras de todo tipo contra el gobierno nacional y contra todo lo que sea afín con esa mirada en el resto de la región.
Todo ello explica las reuniones que semanas atrás mantuvieron emisarios de Moyano y empresarios camioneros, sojeros y de medios concentrados argentinos y paraguayos con el “consultor” Jaime Duran Barba, asesor ahora de los golpistas de Asunción y siempre protegido por la “diplomacia secreta” de los Estados Unidos.
Para el sistema de poderes de la economía concentrada y corporativa, como también para los arquitectos de la “salida de la crisis internacional”, entre ellos Washington, las máximas direcciones políticas de la UE y la trama banquera global, es inaceptable la existencia de gobiernos como el argentino, que controlan sus reservas y los movimientos de divisas, que tienden a recuperar la gestión soberana de sus recursos naturales y que, encima de todo, avanzan en la transformación del aparato de sentidos y de consensos sociales.
A ese proyecto de los poderes corporativos se le hace imprescindible la creación de escenarios de crisis y de disensos sociales, y ni qué hablar si los mismos, en la Argentina, se registran en un territorio como el de la provincia de Buenos Aires, y desde “dentro mismo del espacio de gobierno”. Para ello apelarán a todo, todo en el que tampoco está ausente la exacerbación de los ánimos como respuesta a los hechos de “inseguridad”.
¿Por qué Ricardo Casal sigue en su puesto? ¿Quiénes lo sustentan? ¿Serían acaso posibles hechos como los acontecidos en Cañuelas y Moreno, que con justa razón indignan a la sociedad, sin la perseverancia del gobernador en mantener en sus cargos a los principales actores de las tantas veces denunciada trama de complicidades entre crimen, política y funcionarios de gobierno, fiscales y judiciales?
APAS | Agencia Periodística de América del Sur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
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