Lo sucedido en El Salvador en las recientes elecciones presidenciales nos proporciona el más claro ejemplo de los atentados a la legalidad de un proceso electoral y, por lo mismo, de la ilegalidad e ilegitimidad de sus resultados. A lo largo de la campaña, en la medida que el grupo hegemónico del gran capital y los dirigentes de ARENA entendieron que la probabilidad de perder las elecciones iba en aumento, entraron en pánico y desesperación, y decidieron romper el marco legal establecido para regular las campañas electorales y la votación. Es así como recurrieron a las más impresionantes e inéditas formas de terror psicológico y chantaje, para crear, por un lado, una idea falsa y engañosa de lo que serían las consecuencias de una victoria electoral del FMLN para diversos grupos de ciudadanos, y con lo mismo presionarlos a votar por ARENA, mientras por otro, forzaban a miles y miles de trabajadores y empleados a votar por ese partido, bajo la abierta y directa amenaza de ser despedidos si el Frente se alzaba con el triunfo el 21 de marzo. El grupo de la población más bombardeado con la propaganda sucia y engañosa fue sin lugar a dudas el de los salvadoreños que envían y reciben remesas. Las razones para semejante ofensiva propagandística por parte de la derecha saltan a la vista. Se estima que el 28% de los salvadoreños dependen en buena medida de las remesas. Se considera que hay unas 337 mil familias que viven esperando que cada mes llegue el dinero de las remesas, con el cual logran a duras penas paliar sus necesidades de alimento, salud, techo y educación. Si se corta el flujo de remesas, se asfixia la posibilidad de que estas personas sobrevivan. Un cálculo conservador indica que con 2 votantes por familia, en promedio, la población votante sometida a la campaña sucia de ARENA en torno al tema remesas pudo haber llegado a unos 674 mil personas. La presión psicológica fue alimentada por la perversa, incesante e ilegal campaña publicitaria y los mensajes y noticias de los grandes medios de comunicación aquí en El Salvador, mientras en los Estados Unidos funcionarios del gobierno salvadoreño, encabezados por su Embajador en Washington y los funcionarios consulares, se dedicaban a propagar el terror entre los inmigrantes salvadoreños, mediante llamadas telefónicas a los hogares diciéndoles que el gobierno de Estados Unidos prohibiría el envío de remesas a El Salvador y hasta podría deportar a los salvadoreños residentes en aquel país, si el FMLN ganaba las elecciones, y poniéndoles a disposición llamadas telefónicas gratuitas a sus parientes en nuestro país para que les pidieran votar por ARENA, como único recurso para salvar las remesas y su permanencia en suelo estadounidense. También se difundió allá mensajes publicitarios de similar contenido en los medios de comunicación de habla hispana. Se produjeron así más de 80 mil llamadas gratuitas desde Estados Unidos a sus familiares en El Salvador indicándoles que votaran por ARENA. ¿Esas llamadas las pagó el gobierno de Flores con nuestro impuestos? De no ser así, quien las pagó? La supuesta amenaza de que el gobierno de Estados Unidos impediría el envío de remesas y deportaría a los salvadoreños, era una total mentira, como pudo verse por el categórico desmentido público del Embajador de ese país en El Salvador... dos días después de las elecciones. Así pues, se cooperó con ARENA manteniendo silencio sobre sus mentiras hasta que pasó la votación. Es cierto que no todos los salvadoreños que reciben remesas cedieron ante el terror. Pero considerar una cifra de 350 mil votantes a favor de ARENA inducidos por el miedo a perder las remesas es perfectamente razonable. El ingrediente del chantaje y la coacción sobre los trabajadores y empleados no puede minimizarse tampoco. Amenazar a un trabajador o trabajadora con cerrarle la fuente de empleo si se produce un resultado político adverso a la patronal es una de las formas más despreciables de extorsión. ¿Cuántos fueron los amenazados? Será difícil establecer una cifra exacta, aunque sólo sea por el hecho que las víctimas del chantaje se muestren renuentes a dar su testimonio en público, por las mismas razones que votaron por ARENA: tienen un miedo insuperable a ser despedidos inmediatamente por sus patronos. Pero se puede intentar un ejercicio de aproximación cuantitativa, a partir de la cantidad de empleados y trabajadores que laboran para esos empresarios areneros. En los bancos y aseguradoras laboran unos 20 mil empleados. Mas de 90 mil personas trabajan en las maquilas. Las empresas de seguridad privada emplean a mas de 20 mil agentes. El conjunto de otras grandes empresas que amenazaron a su personal, dentro de las que se figuran una línea aérea, cadenas de almacenes y supermercados, compañías de construcción, fábricas de alimentos y otras industrias, más ciertos medios de comunicación, representa el empleo de unas 100 mil personas. En fin, puede afirmarse que no menos de 230 mil personas que laboran para empresas privadas fueron sometidas a la amenaza de perder su empleo. Similares presiones se ejercieron en dependencias del gobierno. Entre familiares de emigrantes y trabajadores chantajeados se llega a la nada despreciable cifra de 580 mil votos, forzados por el miedo a perder su fuente de subsistencia si ARENA perdía la elección. Alguien podría señalar que esta es una cifra muy abultada y que la campaña de miedo y extorsión no puede haber calado tanto. Los dueños de ARENA habían contemplado previsoramente esta posibilidad y por ello montaron, paralelamente, un variado sistema de fraude, que incluyó la compra de votos, la suplantación de votantes y la falsificación de DUIs. A todo esto hay que agregar la votación de miles de ciudadanos extranjeros, inscritos en el padrón a través de un minucioso, pero fraudulento proceso de obtención de partidas de nacimiento salvadoreñas falsas y su posterior aval por el RNPN. Un dato curioso que la ciudadanía debe de conocer: el TSE le adjudicó a una desconocida empresa de impresiones, propiedad nada menos que del mayor empresario de televisión y radio de este país y declarado enemigo del FMLN, el contrato para imprimir las papeletas de votación, tras una extraña licitación que se adjudicó sin que la empresa favorecida cumpliera con los requisitos establecidos. ¡Eso equivale al dicho popular de poner al ladrón a cuidar la casa! ¿Cuántas papeletas se imprimieron finalmente? ¿Cuántas papeletas fueron duplicadas en esa imprenta? Hagamos cálculos: ARENA alcanzó 1,314,436 votos. Si le restamos los 580,000 votos sin libre decisión, bajo miedo y presión, le quedan 734,436. Esta sería aproximadamente su votación legítima. El FMLN obtuvo 812,519 votos, que pasaron el filtro del miedo y la presión, expresión de un elevado nivel de conciencia ciudadana, votos totalmente legítimos. Estos números indican que puntos más, puntos menos, el resultado legítimo habría con mucha probabilidad conducido a una segunda vuelta. El Tribunal Supremo Electoral faltó a su misión de asegurar elecciones transparentes y limpias. ARENA y su candidato necesitaban cobertura para su guerra sucia y el fraude contra el FMLN, y sus dos Magistrados dentro de ese órgano se prestaron para instrumentalizarlo y bloquearlo a conveniencia. No hubo juez electoral que hiciera respetar la ley durante la campaña, ni durante el período de 3 días de veda a la propaganda electoral, ni durante el mismo día de la votación. Nuestras 26 demandas contra las persistentes violaciones al Código Electoral por ARENA y sus prestanombres fueron totalmente ignoradas. En realidad no hubo Tribunal durante todo el proceso de las elecciones presidenciales. Y si todo lo anterior no bastara, la derecha arenera y los señores del gran capital, se dedicaron a construir una serie de miedos hacia sectores específicos del electorado, como lo son algunos grupos de evangélicos, que fueron directamente influenciados y presionados por algunos de sus llamados pastores, que pactaron con ARENA su apoyo electoral a cambio de oscuros ofrecimientos. Se lanzaron campañas enfocadas hacia los ancianos, los padres de familia, los propietarios de casas, ganado y fincas, y otros grupos de la población, en las cuales se anunciaban terribles consecuencias en caso de que el FMLN ganase las elecciones: serían despojados de sus propiedades, de sus hijos, de sus Biblias, etc. El terrorismo electoral desatado por ARENA y su candidato alcanzó tales proporciones que incluso partidos de larga tradición en la vida política del país, como el PCN y el PDC, fueron abandonados por sus tradicionales electores. Este es un hecho clave para entender lo que pasó. En su desesperación por mantenerse en el Gobierno, ARENA propició y aplaudió la violación descarada de nuestra soberanía nacional y del derecho a la autodeterminación del pueblo salvadoreño, consagrados en nuestra Constitución. Recurrió a sus padrinos ideológicos de la extrema derecha norteamericana para apuntalar su campaña de terror. Las acciones y declaraciones de algunos altos funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, así como de algunos de los más viscerales Congresistas de la ultra-derecha republicana, realizadas a solicitud de ARENA, configuraron la más abierta y descarada intervención en los asuntos que sólo a los salvadoreños y salvadoreñas nos corresponde decidir. A solicitud también de ARENA, peregrinaron por nuestro país representantes de la mafia de origen cubano asentada en Miami y empresarios golpistas venezolanos, a fin de alimentar el terror. El crecimiento espectacular de la asistencia a las urnas fue el resultado de algo más parecido a una estampida que a un progreso cualitativo en la confianza ciudadana en los partidos y en el sistema electoral. Yo no quiero decir con todo esto que al interior del FMLN todo fue perfecto en nuestra campaña. Claro que hubo deficiencias y desaciertos. Nuestra XVIII Convención Nacional, celebrada el pasado 16 de mayo aprobó un documento evaluativo de nuestros aciertos y desaciertos. Pero sostengo que los factores fundamentales que determinaron el crecimiento de la asistencia a las urnas y los resultados electorales, fueron los que aquí expongo. Lo ocurrido en El Salvador en las pasadas elecciones no es ni poco, ni irrelevante, ni superficial para los destinos de nuestro país. Al contrario, representa la más grave amenaza a las conquistas democráticas alcanzadas por nuestro pueblo a lo largo de su historia, particularmente con los Acuerdos de Paz. La transición hacia la democracia que se abrió con esos acuerdos, ha sido frenada y puesta en retroceso peligrosamente. La Constitución y las leyes se han violado de la manera más abierta e impune. Instituciones como el TSE, que en algún momento representaron la esperanza de que los grotescos fraudes del pasado no volverían a repetirse, han sido, en la práctica, anuladas. La Fiscalía General de la República se cruzó de brazos ante las denuncias por los delitos relacionados al proceso electoral que le fueron interpuestas. ¿Existe en nuestro país alguna autoridad que garantice el Estado de Derecho, la seguridad jurídica? Como ciudadanos que queremos una sociedad en democracia, en paz, segura y justa, donde prive la ley por encima de la arbitrariedad y el abuso, no podemos aceptar sin inmutarnos que todo esto haya pasado. Nada bueno puede salir de un proceso electoral distorsionado por las calumnias, las violaciones a la ley, el terror y la coacción hacia los ciudadanos. ¿Qué clase de país estaríamos edificando si aceptamos como normal que las instituciones no funcionen, que la Constitución y las leyes se violen descaradamente, que se amenace abiertamente a las personas, que se violente la soberanía nacional, que el fraude determine los resultados de las elecciones? ¿Existe en nuestro país alguna autoridad que garantice la vigencia del Estado de Derecho? ¡Sin Estado de Derecho no hay democracia, hay marcha hacia la dictadura! Cuando el FMLN recurre en demanda de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que declare violados los derechos constitucionales, es precisamente para que se siente un precedente en este país, y no permitamos que se consolide una dictadura de nuevo tipo, en la que desaparece el Estado de Derecho y prevalecen la impunidad y la desvergüenza, producto del consentimiento o de la inacción de las instituciones públicas encargadas de aplicar y hacer respetar las leyes y perseguir el delito. Luchando contra la dictadura y por la democracia ofrendaron sus vidas muchos miles de salvadoreños y salvadoreñas. Muchísimos resultaron lisiados. No podemos olvidarlos ni permitir que su sacrificio haya sido en vano,-aunque haya quienes argumenten que "las irregularidades fraudulentas ocurren en muchos países durante las elecciones, sin dejar éstas de ser aceptadas". Tampoco aceptamos que "en las elecciones como en cualquier guerra todo se vale"! Los resultados de las elecciones del 21 de marzo son ilegales e ilegítimos, porque surgieron de un proceso plagado de ilegalidades y violación masiva al precepto constitucional de que el voto debe ser libre. La presidencia de Elías Antonio Saca es, por consecuencia, ilegal e ilegítima también. El 21 de marzo no hubo victoria para ARENA, lo que hubo fue la más grande imposición sobre el pueblo salvadoreño en su historia reciente. Si a su ilegitimidad va a unirse su negativa como gobernante a concertar soluciones a los cada vez más graves problemas económicos, sociales, fiscales y políticos que sufre el pueblo salvadoreño y se dedicara a sustituir el diálogo por la asfixia de las libertades y el garrote, estará consumando el regreso a la dictadura.