El Salvador

Sí, soy víctima de la Amnistía

David Ernesto Pérez

10/03/2013

Opinión

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A casi 20 años de que se decretara la Ley de Amnistía, los testigos de la impunidad no olvidan sus tormentos

El olvido es piadoso y también nauseabundo por eso en los vulgares despeñaderos de la historia patria siempre hay algún barranco clandestino donde los vencedores vomitan sus olvidos. Mario Benedetti

SAN SALVADOR – José Laínez estaba escondido entre las hierbas y los reflejos del sol de la tarde. A lo lejos escuchó lamentos, llantos y gritos desesperados. Permaneció quieto mientras poco a poco se acercó a él el tropel de una mujer que en sus brazos cargaba a su hija, de unos cuantos meses de nacida. Atrás de la huidiza, el charol de las botas brilló al tiempo que el crujido de las balas en la espalda la hicieron caer. El fusil también remató al bebé.

El testigo pausó su respiración para que no lo oyera el hombre de verde olivo. Al mismo tiempo un escalofrío subió por su espina dorsal y desembocó en sus sienes. El sujeto del fusil se retiró en la más completa calma. Sólo entonces José tuvo valor de acercase a los cadáveres y enterrarlos. Ya anochecía.

José continuó la eterna huida con su comitiva de exiliados en su propio país. Él comenzó su peregrinaje en 1980, cuando al cantón Azacualpa, en La Paz, lo asaltaron varios comandos de la Fuerza Armada y asesinaron indiscriminadamente a quien se pusiera enfrente, detrás y a un costado.

El papá de José fue masacrado. Quienes sobrevivieron, corrieron hacia los montes para convertirse en aquel grupo de personas que buscan la tierra prometida vagando por el desierto.

Después de aquella tarde, el escenario de crímenes que erizan la espina dorsal continuó de rutina traumatizante.

El éxodo siguió tierra adentro, cada vez más escapando de balas, granadas y de todo lo que fuera plomo. Pero siempre, como en aquel atardecer, hubo muertos que llorar.

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Hubo mucho ruido. Días antes de las revelaciones de Informe de la Comisión de la Verdad las frases ensordecedoras y los machetes con el filo en público se volcaron sobre Belisario Betancourt, Reinaldo Figueredo Planchart y Thomas Buergenthal.

El jueves 11 de marzo de 1993 –cuatro días antes que Betancourt leyera en su discurso ante la ONU el Informe– la prensa nacional hizo eco y magnificó el caso de un supuesto mal manejo de fondos en que habría incurrido el miembro de la Comisión de la Verdad, el venezolano Figueredo Planchart.

El caso del suramericano fue exaltado hasta el paroxismo, de tal forma que “analistas” de la época trasladaron el caso de la presunta malversación hasta la credibilidad del Informe de la Comisión.

Y del plano mediático se desplazó al político: la Asamblea Legislativa se enfiló contra “la moralidad” de uno de los miembros de la Comisión.

El entonces diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), Rafael Morán Orellana, dijo: “un corrupto no puede juzgar a otro corrupto. ¿En manos de quién estamos?”.

Un día después, el ministro de la defensa, René Emilio Ponce – señalado en el Informe como uno de los responsables en el asesinato de los sacerdotes Jesuitas de la UCA – puso su cargo a disposición del presidente Félix Alfredo Cristiani, al mando del primer gobierno de ARENA.

Ponce en su momento aseguró que dimitió por “presiones internas y externas”, entre estas la retención de 11 millones de dólares de un préstamo que hizo Estados Unidos a El Salvador.

Esa misma semana, Cristiani cabildeó intensamente en el Poder Legislativo para evitar “desestabilización en el país”, con la divulgación del Informe de la Comisión.

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Otra vez los cercó el ruido de la muerte pilotando un helicóptero, en un carro, en tanquetas

Nadie dio la señal para evadir a los hombres del sistema y cada quien, como pudo, salvó su pellejo. José y su familia se guarecieron.

Horas después, José se asomó a las orillas del Río Lempa para hacer recuento de la muerte y encontró, en las calmadas aguas, a una niña de pocos meses de nacida que iba flotando con un pañuelo amarrado a la cintura.

Al ver a la pequeña víctima entró a las aguas, sacó el cuerpecito y lo llevó al margen para enterrarlo. Estaba en esa faena cuando el río vomitó el cadáver de otro niño, de mayor edad, con su espalda llena de agujeros por las balas de un fusil.

Primero sepultó al bebé, después cavó la tumba para el niño.

Pronto llegó el momento en que José derramó lágrimas por su sangre.

En 1984, en un operativo relámpago de batallones élite, fueron ubicados en Usulután, y poco a poco la tenaza se cerró.

De un lado, de otro, desde el aire, de cualquier esquina salieron los hombres del sistema disparando sin piedad, para no dejar ni siquiera el mínimo rastro de vida.

José salió ileso pero su hija Vilma Elizabeth estaba muerta y su otra descendiente, Ismelda, gravemente herida, con varios impactos de bala en la pierna.

Los dos cuerpos estaban tirados junto a varios cadáveres que formaban una pirámide.

No pensó mucho: lloró a Vilma pocos segundos y buscó ayuda con quien pudo. Corrió desesperado, gritando, hasta que unos médicos de la guerrilla se encargaron de la niña y la llevaron a una clínica ambulante. Inmediatamente Ismelda fue atendida.

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El 15 de enero, en la ONU recibieron el informe el secretario general de esa entidad, Butros Ghali; el ministro del interior, Juan Martínez Varela; el embajador en Naciones Unidas, Ricardo Castaneda; y los personeros del FMLN.

Ese mismo día, Cristiani pidió en un discurso en radio y televisión nacional, una “inmediata amnistía, general y absoluta, que cierre los espacios al revanchismo o represalia”.

Según el ex mandatario, el conocimiento del Informe significa en sí mismo “una lección”. “Vamos a darle vuelta a una página dolorosa de nuestra historia. Por nuestra parte, queremos contribuir a que el Informe, y en general todo el proceso, produzca los frutos de reunificación para los que fue concebido, apoyando una amnistía inmediata, general y absoluta, que cierre todas las tentaciones de revanchismo o de la represalia”, dijo Cristiani.

Los partidos conservadores le dieron el espaldarazo al gobernante por ARENA. El resto de partidos apoyó la amnistía, pero después que se cumplieran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

El 15 de marzo el Informe apenas llegaba a las manos de la opinión pública salvadoreña. Dos días después, los resultados ya fueron vistos con claridad.

Los altos mandos de las Fuerzas Armadas estaban señalados en las masacres de El Mozote, de los sacerdotes jesuitas de la UCA, Sumpul, El Calabozo, Las Hojas, El Junquillo, San Sebastián, crimen de cuatro religiosas norteamericanas, desapariciones forzadas, asesinatos políticos, participación activa y encubierta en los escuadrones de la muerte… por lo menos el 95 por ciento de los crímenes son atribuidos a la institución castrense.

Cinco días después de la divulgación del Informe, el Poder Legislativo aprobó la “amnistía total” con los votos de ARENA, PCN y Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) – 47 en total –. El PDC se abstuvo de votar y la Convergencia Nacional votó en contra, trece y nueve votos, respectivamente. El decreto fue aprobado en sesión extraordinaria el sábado 20 de marzo, a las 12.00 p.m.

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No hubo tiempo para pensar en Vilma con su cuerpo machacado por la violencia del Estado. Siguieron huyendo, escondiéndose porque los hombres con fusiles largos y ganas de matar, nomás escuchaban un halo de respiración acelerada, accionaban sus gatillos con sus índices.

El alto mando de la Fuerza Armada, reaccionando ante los señalamientos del informe de la Comisión de la Verdad.

Escabulléndose, por aquí o por allá, José regresó a la clínica guerrillera para buscar a Ismelda. Pero se llevó una gran sorpresa al descubrir, en lugar de un hospital improvisado, una estancia quemada, arrasada, destruida y el cadáver de un hombre que recibió tratamientos médicos.

La vida se le escapó como tantas otras veces. Pensó en lo peor: mataron a la niña, la degollaron, la tiraron al río… ¿O no? ¿Dónde está? ¿Por qué no está el cuerpo como el del otro paciente que fue apuñalado?

Se fue a buscarla a todos lados, a todo lugar.

Terminó la Guerra Civil y en 1993 fue a todas las instancias que fueron creadas bajo los Acuerdos de Paz para ubicar a su hija, hasta que un día llegó a la oenegé Pro-Búsqueda.

Tres años después, Ismelda fue ubicada en Ohio, Estados Unidos. Sus recuerdos del Conflicto eran borrosos y el idioma español ya no estaba en su memoria.

Por la muerte de Vilma nadie fue llevado a los tribunales, no existe ningún registro sobre un seguimiento judicial. Su vida fue como una pluma que el viento se llevó. Similar es la situación con los centenares de personas que José vio morir.

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El presidente Mauricio Funes asumió el poder, junto al FMLN, en el año 2009. Su asunción al Ejecutivo generó grandes expectativas sobre quien se arropó en su campaña con el traje del “primer gobierno de izquierdas” en la historia salvadoreña.

En sus eventos públicos Funes se asomó a la sombra del obispo asesinado, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y se acercó a otras figuras que fueron víctimas, tanto de los escuadrones de la muerte como de las Fuerzas Armadas estatales.

Es por eso que Funes, en marzo del 2010, develó un mural en el Aeropuerto de Comalapa en homenaje al prelado católico en cuyo magnicidio participó el fundador de ARENA, Roberto d´Aubuisson Arrieta.

El mandatario jugó con los pies en dos canchas: por un lado dignificando la memoria de Romero y por el otro, evadiendo promover la derogación de la Ley de Amnistía, idénticas posiciones con los ex presidentes Armando Calderón Sol y Francisco Flores Pérez.

La anulación de la “ley de reconciliación” no es porque sí. En el año 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado salvadoreño la derogatoria de la normativa, juzgar a los responsables y reparar moralmente a las víctimas.

Las mismas sugerencias hizo la Comisión, con sede en Washington, EUA, con respecto a los casos de los sacerdotes jesuitas masacrados en la UCA, en 1989; la desaparición de las hermanas Serrano Cruz, en un operativo militar en 1982; y la tortura de Lucio Parada Cea, en 1989.

Funes, en sus cuatro años de mandato, se ha enfocado en no fustigar a los señalados por el Informe de la Comisión y a pregonar sobre medidas de reparaciones en favor de los afectados por los genocidios.

Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) no dudó en denunciar una “confabulación estatal” para proteger a los altos mandos militares involucrados en crímenes de guerra, específicamente en el caso Jesuitas, del cual la gestión de Funes no se salva.

El defensor de derechos humanos recordó cuando, en agosto de 2011, la casi veintena de militares requeridos por la Audiencia Nacional de España, se guarecieron en la Brigada Especial de Seguridad Militar, sin que Funes haya “movido un dedo” para garantizar que los indiciados respondieran ante la justicia.

“Funes ha pedido perdón en general pero ha perdonado a los generales por la masacre de la UCA, los escondió en la ex Guardia. Esos actos son contradictorios”, expresó.

Sin embargo, Cuellar sostiene que existe un “alineamiento de los astros”, provocado por los enjuiciamientos, en Estados Unidos, contra los militares salvadoreños José Guillermo García, Eugenio Vides e Inocente Montano. A esto se suma la sentencia de la Corte Interamericana, que “en la práctica invalida la Amnistía”.

“Las víctimas siguen estando excluidas, por mucho discurso que se echen, por mucha acusaciones que se hagan, a 20 años de ARENA y a cinco de Funes y del otro que se venga. Es un Estado que es fuerte con el débil y débil con el fuerte”, criticó.

En el fondo, comentó María Silvia Guillén de la oenegé FESPAD, lo que existe es un estado incapacitado para atender a las víctimas, para hacer justicia, que terminó de amordazarse con el referido cuerpo legal. Aparte de esto, en el centro están las inercias de la Fiscalía General, Policía y Poder Judicial para actuar en casos de crímenes de lesa humanidad.

“Es una gran tranquilidad, porque el sistema no está preparado para perseguir a criminales que tengan poder político o económico, es no meterse en problemas, porque abordar este tema supone tener una enorme valentía y una convicción absoluta de buscar justicia y eso no existe en El Salvador”, censuró la activista social.

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En un mes de 1981 nublado en la memoria, Petronilo de los Ángeles Ayala conoció la muerte gracias a una clase práctica de las Fuerzas Armadas. Por tierra y por aire cayeron balas contra las comunidades del norte de San Vicente, por el simple hecho de vivir en zonas “sospechosas de tener vínculos con los comunistas”.

Como pudieron, los habitantes tomaron sus pocas pertenencias, sus animales y se lanzaron a correr. Huyeron durante varias semanas hasta que fueron emboscados por los uniformados.

Entonces, la muerte se hizo realidad: decenas de personas cayeron heridas de muerte, incluida la hermana de Petronilo, Rosa Isidra quien al ver el peligro intentó proteger a sus hijas sin lograr salvar a ninguna de las tres.

Minutos antes, el sobreviviente le pidió a su hermana que no se alejara mucho, que era posible encontrarse con los soldados. Pero no escuchó.

Pese al luto, Petronilo, y el grupo de supervivientes, continuaron tratando de no encontrarse con los castrenses. Un año después del asesinato de su hermana y sobrinos, la caminata llegó hasta Santa Catarina, en el mismo departamento: más de dos personas asesinadas “a sangre fría”.

Entre estas víctimas, estaba colgado de un árbol Otoniel Bolaños, tío de Petronilo. El cadáver fue mutilado de sus genitales e introducidos en la boca del asesinado.

-Petronilo ¿alguna vez escuchó que una de estas muertes haya sido llevada ante la justicia?

-Nunca.

-¿Qué opina de la Ley de Amnistía de 1993?

-Eso para mí no es correcto, es que con eso los altos oficiales salieron con ese perdón y olvido, y en verdad que eso no tiene sentido, es que les están encubriendo las injusticias que hicieron.

-No es correcto entonces…

-No, para mí no.

-¿Qué opina del discurso que habla de reconciliación con la Amnistía?

-Eso no es cierto.

-¿Por qué?

-Porque siempre hay desigualdad e injusticia.

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