El Salvador

Sánchez Cerén: Amnistía, responsabilidad de Sala Constitucional

David Ernesto Pérez

12/03/2013

Opinión

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Destacó medidas de reparación impulsadas por gobierno de Funes

SAN SALVADOR – El candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén, dijo que la vigencia de la Ley de Amnistía es responsabilidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ), y que por tanto, la promoción de la derogatoria no depende del Órgano Ejecutivo ni de la Asamblea Legislativa.

Sobre la pregunta del por qué el gobierno de Mauricio Funes y los efemelenistas no promueven la eliminación de la Ley que impidió la investigación de crímenes perpetrados durante la Guerra Civil, el ex ministro de Educación desvió la atención al Poder Judicial, aduciendo que “se amparan” en que ya hubo “derogatoria”.

“No depende del gobierno, depende de la CSJ; creo que esa es la pregunta de la CSJ porque ellos se amparan que ya hubo derogatoria de la Amnistía (…) Es la Sala de lo Constitucional la que tiene que dar respuesta y esa pregunta se la tienen que hacer a ellos”, declaró el vicepresidente.

Según el artículo 131, ordinal 5° de la Constitución, corresponde a la Asamblea “decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias”.

En lo referente al Judicial, la disposición 174 de la Carta Magna establece que, la Sala Constitucional conocerá y resolverá demandas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos y reglamentos.

En dicho sentido, en el año 2000, la Sala Constitucional resolvió, luego de estudiar un acumulado de demandas, que la Amnistía es constitucional, salvo en casos de crímenes de lesa humanidad y otros.

La Amnistía de 1993 fue promovida por el ex presidente Alfredo Cristiani, para posteriormente ser votada en la Asamblea con los apoyos de ARENA, PCN y el MAC. La normativa fue aprobada cinco días después de conocerse públicamente el Informe de la Comisión de la Verdad, que revelaba información de los más importantes hechos de violencia política durante la guerra civil (1980-1992).

Desde entonces, la derogatoria no ha sido puesta en la agenda, pese a las presiones de organismos internacionales de derechos humanos y de críticos internos.

Sin embargo, con la llegada al poder de Funes, fueron puestas en movimiento varias medidas de reparación para las víctimas y sobrevivientes del conflicto de doce años, entre estos los pedidos de perdón.

De esa forma, Funes pidió perdón en nombre del Estado por el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la masacre de seis jesuitas y dos mujeres de la Universidad Centroamericana (UCA), así como la Masacre de El Mozote y sus alrededores.

En otros casos, como la Masacre del Sumpul, la Secretaría de Cultura declaró “bien cultural protegido”, al caserío Las Aradas, lugar donde fueron asesinadas casi un millar de personas.

“Este gobierno por primera vez hizo lo que no se había hecho después de los Acuerdos de Paz; a todo lo relacionado con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, los gobiernos anteriores pusieron obstáculos, reformaron leyes para que no se hicieran realidad”, señaló Sánchez Cerén.

No obstante, el vicepresidente anunció que el 28 de este mes iniciarán un proceso de divulgación del Informe de la Verdad, porque “creemos que la población debe conocer la verdad”.

“Anulación, no derogatoria”

Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal del Arzobispado aclaró que la “impunidad” que avala la Ley de Amnistía en los asesinatos cometidos en la Guerra Civil no es responsabilidad de un Órgano, sino del Estado en su totalidad.

En consecuencia, cualquier representante de los Poderes puede, en calidad de funcionario o ciudadano, presentar ante la Sala Constitucional un “proceso de inconstitucionalidad”.

Por lo tanto, en el presente caso, argumentó, lo único que procede es la invalidación o anulación de la normativa que cumple 20 años de vigencia.

La derogatoria impediría que, algunos de los crímenes cometidos durante el enfrentamiento armado contra civiles, no puedan ser juzgados.

“La derogatoria es quitarle la vigencia a partir de su derogación, es decir, que no se pueden juzgar crímenes del conflicto. La derogación le quita efectos desde el momento en que se deroga”, explicó el activista social.

Mauricio indicó además que es viable, jurídicamente, un nuevo proceso de inconstitucionalidad con “nuevos argumentos”, para impedir que el Tribunal Constitucional alegue la existencia de la sentencia del año 2000.

Dicha resolución dejó en manos de los juzgados inferiores el criterio de la aplicabilidad de la Ley.

“Es como un gallo – gallina dejárselo a un juez inferior para decir que la aplica o no. Un juez inferior no la va aplicar porque en su imaginario tendrá que es constitucional”, criticó.

Tutela Legal es una de las oenegés que presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema presidida por Agustín García Calderón.

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