Guatemala

El terrorismo de Estado rinde cuentas

Elsa M. Bruzzone, José Luis García

20/03/2013

Opinión

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En estos días se está realizando en Guatemala un juicio para juzgar a militares de ese país acusados de violar los derechos humanos. El CEMIDA está colaborando en esa tarea y para que la opinión pública tenga un somero conocimiento de las circunstancias que rodearon la realización de los crímenes por los que son acusados algunos miembros del Ejército Guatemalteco, puede resultar imprescindible un ligero resumen de los antecedentes que desembocaron en la ejecución de actos criminales que llegaron hasta comprometer la naturaleza de la condición humana. De ahí la siguiente relación.

Guatemala (náhuatl: Quauhtlemallan: lugar de muchos árboles) es un país con una cultura resultante de la herencia maya y de la influencia colonial española. Su superficie es de 108.889 kilómetros cuadrados y la capital es la Ciudad de Guatemala. La población supera los 14.000.000 de habitantes y está compuesta por los mestizos, a los cuales se denomina ladinos, que alcanzan al 40%, los indígenas, mayas y garífunas que representan el 45%; y los blancos, que conforman el 15% restante. Su territorio fue el centro del Imperio Maya - Quiché, de avanzada cultura, destruido por la brutal conquista española en la primera mitad del siglo XVI.

El 75% de su población es rural y el 24% restante vive en el medio urbano. La población campesina, casi totalmente indígena, fue históricamente marginada política, económica y socialmente. La estructura agraria determinó una alta concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y, como consecuencia, una inmensa mayoría de campesinos desposeídos y explotados por los terratenientes como arrendatarios, aparceros o medieros.

Prosperaron las producciones del banano, el cacao, el café y la caña de azúcar y para establecer relaciones comerciales con otras naciones, la burguesía criolla decidió declarar su independencia el 15 de septiembre de 1819. Ello no ocasionó una mejoría de las condiciones de vida del pueblo y, para evitar reacciones, resultó necesario organizar una fuerza militar afín con esos intereses que nunca luchó contra un enemigo exterior, pero si mantuvo el control del pueblo empobrecido. Para 1901 la United Fruit Company de EE UU constituía la fuerza económica y política principal del país y para consolidar su llamado “imperio bananero”, obtuvo el manejo del transporte ferroviario (IRCA), sumando así a sus explotaciones el control de ese sistema. A ello agregó la propiedad de los muelles de Puerto Barrios y San José además de grandes extensiones de tierras ociosas. El gobierno y la clase dirigente servían a los intereses de esa Compañía, la que, con apoyo de miembros de empresas y del gobierno de EE UU, tenía poder hasta para cambiar gobiernos democráticos.

En 1944, un grupo de militares disidentes, estudiantes, y profesionales liberales, llamados los "Revolucionarios de Octubre", derrocaron al entonces gobernante, Federico Ponce Vaides, sustituyéndolo por una Junta compuesta por el Mayor Francisco Javier Arana, el Capitán Jacobo Árbenz y el Dr. Jorge Toriello Garrido. Esa Junta convocó a elecciones libres que fueron ganadas por el Dr. Juan José Arévalo Bermejo, que acababa de regresar de su exilio de 14 años en la Argentina.

Su objetivo fue:”liquidar el semi feudalismo, organizar un capitalismo moderno y democrático y defender los intereses públicos con criterio nacionalista”. Para ello inició un período de grandes progresos planificando una reforma agraria, protegiendo a las comunidades indígenas, y limitando los poderes de las grandes corporaciones. Éstas y los latifundistas guatemaltecos lo calificaron de “izquierdista” apoyados por los intereses geopolíticos de EE UU.

Las reformas iniciadas por Arévalo fueron continuadas por Jacobo Árbenz Guzmán. El proyecto de este gobierno se basó en la profundización de la reforma agraria iniciada con el fin de incrementar la productividad de las tierras y el nivel de vida de la población. Para ello propuso la expropiación de las tierras improductivas y su cesión en usufructo a campesinos. Esta medida lesionó intereses de la United Fruit y de las clases sociales dominantes los que, en1954 y apoyados por la CIA, organizaron una fuerza de efectivos mercenarios que, ingresando por Honduras, dieron un Golpe de Estado derrocando a Árbenz. Al mismo tiempo aviones estadounidenses bombardeaban las principales ciudades guatemaltecas y la OEA guardaba silencio.

Asumió la dictadura Carlos Castillo Armas quien revirtió los cambios realizados por Arévalo y por Árbenz. Fue asesinado en 1957 y asumió el General Miguel Ydígoras Fuentes, anterior Ministro de Obras Públicas de la dictadura y detractor de las políticas de Arévalo y Árbenz. Cabe recordar que Ydígoras facilitó la organización en Guatemala de los mercenarios que, impulsados por EE UU, realizaron en 1961 la fallida Invasión de Playa Girón para derrocar al régimen cubano de Fidel Castro.

Así se fue desarrollando una violencia sin límites al amparo de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” impuesta en la Región por EE UU en el marco de la “Guerra Fría” sostenida contra la Unión Soviética y que definió como objetivo estratégico para la represión de la “amenaza marxista” el aniquilamiento del enemigo interno.

El Ejército identificó al indígena como ese ”enemigo interno”, apreciando que la guerrilla se había apropiado de las reivindicaciones históricas de demanda por la tierra y la lucha contra la pobreza, el racismo y la exclusión. Y así los mayas fueron considerados la base natural de la guerrilla. Para eliminar esa amenaza utilizaron el genocidio contra estos grupos étnicos invocando razones políticas y militares. Para colaborar con tan alucinantes conceptos los Boinas Verdes (United States Army Special Forces) se instalaron en el país, entrenaron tropas especiales del Ejército (los KAIBILES) hasta convertirlos en la fuerza ilegal contrainsurgente más poderosa de América Central y facilitaron la organización de fuerzas paramilitares como la Mano Blanca y el Ejército Secreto Anticomunista. Esta actividad oficial encontró su pronta contrapartida en las realizadas por El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

En respuesta a gobiernos cada vez más autocráticos y represores un grupo de militares de menor rango, entre los que estaba Alejandro Yon Sosa, se rebeló en 1960 y al fracasar, varios de sus integrantes huyeron y establecieron lazos con Cuba. Este grupo se convertiría en el núcleo de las fuerzas insurgentes que lucharían contra los gobiernos “de facto” durante los 36 años siguientes. Organizaron cuatro grupos guerrilleros que realizaron sabotajes económicos y ataques a las instalaciones del gobierno y a miembros de las fuerzas de seguridad estatal. Todos ellos se reunieron finalmente en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

En octubre de 1981 las dictaduras militares de Argentina y Guatemala acordaron el envío de una misión militar argentina compuesta por Oficiales del Ejército y de la Armada, la que, con la colaboración de militares de Israel y de Chile, instruyeron a efectivos locales y a los paramilitares, llamados “Escuadrones de la Muerte”, en técnicas de “inteligencia avanzada” aplicando la doctrina enseñada por la Escuela de las Américas. En 1982 los argentinos se replegaron como consecuencia del apoyo de EE UU a la agresión armada inglesa a las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur.

El 9 de marzo de 1982 el Ejército fue encargado de velar por el “buen desarrollo” de las elecciones y vigilar su transparencia. Al comprobar el fraude que se cometía, el 23 de marzo de 1982 varios de sus componentes dieron un Golpe de Estado e instalaron una Junta Militar de tres miembros (uno de ellos el General José Efraín Ríos Montt) que anuló la Constitución de 1965, disolvió el Congreso, suspendió los partidos políticos y dejó sin efecto la Ley Electoral. Luego de pocos meses Ríos Montt despidió a sus colegas de la Junta y asumió la dictadura de la República, adoptando las acciones terroristas de sus antecesores. Más aún, el gobierno de Ríos Montt marcó probablemente el período más violento del conflicto. Se calcula que produjo más de 60.000 muertes, en su mayoría indígenas desarmados. Las violaciones a los derechos humanos fueron toleradas y realizadas por miembros del Ejército y los paramilitares. Por ello hoy se los juzga con el cargo de haber cometido “GENOCIDIO CONTRA LA HUMANIDAD.”

Reproducimos algunos conceptos emitidos en el actual Juicio, por el Fiscal:

“Una vez, durante 16 meses, el General de Brigada, José Efraín Ríos Montt, se autoproclamó Jefe de Estado, deshizo la Junta Militar que lo había llevado al poder y nombró a Héctor Mario López Fuentes como Jefe del Estado Mayor Presidencial y a José Mauricio Rodríguez Sánchez al frente de la inteligencia. En 1982 cuando Ríos Montt llegó al poder el Congreso de Guatemala fue disuelto, se invalidó la Constitución de la República y se desconocieron las elecciones populares realizadas apenas dos semanas antes del golpe de Estado. Se redactó una proclama que constituyó el Estatuto Fundamental de Gobierno y se dictaron decretos - leyes para imponer un orden dictatorial al país, implementándose un sistema de justicia con Tribunales de Fuero Especial, con jueces que no tenían rostro y dictaban resoluciones desde el anonimato”.

Las acusaciones de la Fiscalía, intentan explicar cómo se manejó el país durante los años en que los militares fueron gobierno. Ríos Montt también ha escuchado las acusaciones en contra de su Jefe de Inteligencia Rodríguez Sánchez, todas muy parecidas a las que se tienen en su expediente y que expresan: “Eran personas que gobernaban arbitrariamente desde el Ejército, Señor Juez”. Se ha presentado un listado interminable de masacres y asesinatos ocurridos en más de 57 comunidades ubicadas en la Región Ixil, Departamento de Quiché, al noroeste de Guatemala. El Fiscal López fundamentó su acusación con 128 testimonios recopilados en el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. De uno de los documentos presentados, la Fiscalía también citó un párrafo que establecía que era necesario “realizar el mayor esfuerzo para lograr la misión encomendada a su Sección de Asuntos Civiles, que debía intensificar la ladinización de los ixiles, de manera que desaparezcan como subgrupo cultural ajeno a nuestra manera nacional de ser”.

Habrá que ver cómo termina este Juicio, aunque resulta increíblemente incompleto al juzgar sólo a un dictador y a su Jefe de Inteligencia. La pregunta es ¿no tienen responsabilidades todos los integrantes de la Cadena de Comando restante y no cometieron los mismos delitos sus antecesores y sus predecesores? Por algo se empieza… Así lo dice la experiencia argentina en pleno y eficaz desarrollo.

El 8 de agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por su Ministro de Defensa, General Óscar Mejía (Ríos Montt sobreviviría para fundar un partido político, el FRG). Mejía permitió un regreso controlado de la democracia en Guatemala, comenzando con una elección en julio de 1984 para que una Asamblea Constituyente redactara una Constitución Democrática que se presentó el 30 de mayo de 1985.

El Licenciado Vinicio Cerezo, ganó la primera elección sostenida bajo la nueva Constitución con casi el 70% de los votos, y tomó posesión del cargo el 14 de enero de 1986. Sin embargo la violencia de la represión militar continuó como si nada hubiera ocurrido. Recién a fines de 1996, luego de que Álvaro Arzú ganara la Presidencia y efectuara una primera purga en el Ejército, pudo firmarse un Acuerdo de Paz con la guerrilla con lo que se dio fin a 36 años de guerra

Cabe la reflexión de que si al término del conflicto E/O la Doctrina de la Seguridad Nacional había perdido vigencia y su razón de ser, sus consecuencias militares en el conflicto debieron cesar, pero el racismo continuó al servicio de una sociedad que aceptaba la imagen del indio como un salvaje, y continuó haciendo uso de la violencia contra las comunidades aborígenes. En lugar de hacer como México, que incorporó a este grupo más amplio a la idea de nación, Guatemala se definió como un estado de blancos y éstos, se consideraron superiores. Sin embargo, durante el breve periodo democrático de 1944 a 1954, los indígenas habían consolidado su posición como campesinos y demostraron que podían ser los autores de su propia historia, comenzando a incorporarse a la vida política y económica del país. Pero en la imaginación de los blancos había un permanente miedo de que si los “indios” obtenían poder, se levantarían contra ellos

Esta situación había logrado que a partir de los años 70, los aborígenes comenzaran a incorporarse al conflicto armado. La respuesta del Estado fue la llamada Masacre de Panzós en 1978.

Más tarde, en 1980, cuando un grupo de aborígenes ocuparon la embajada española como un acto pacífico de protesta, la masacre resultante, donde fueron asesinados entre otros el embajador español y el padre de Rigoberta Menchú (Premio NOBEL DE LA PAZ), fue un punto de quiebre. Las élites locales culparon al embajador español Cajal de ponerse del lado de la gente equivocada considerándolo un traidor a su raza. Era la única manera en la que podían explicar lo que pasó sin entrar en conflicto con su imagen. Cuando perdieron prestigio internacional ya no tenían más que perder y continuaron la matanza. Las actitudes criminalmente racistas de los mandos del Ejército contribuyeron a la ejecución del genocidio. ¿Por qué aún cuando la amenaza de la guerrilla desapareció el gobierno continuó masacrando a los indígenas? Fue porque la élite política y militar quería darles una lección a los aborígenes para que nunca más se les ocurriera pensar en sublevarse contra el inicuo régimen de explotación impuesto. La estructura del estado racista continuó intacta y no hubo ningún cambio legislativo real, ni en el sistema de justicia, ni en la estructura económica, que continuaron funcionando con la misma lógica de exclusión y discriminación hasta hace poco tiempo. Se verá que logra el presente Juicio.

RECOPILACION DE INFORMACION ELABORADA POR LA PROF. ELSA BRUZZONE Y EL CNL (R) JOSÉ LUIS GARCÍA - CEMIDA

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