Guatemala

Flor de piel

Rigoberta Menchú Tum

09/04/2013

Opinión

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Es inobjetable que el juicio contra dos altos mandos del Ejército, sindicados por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, es particularmente relevante. Porque es una prueba de fuego para la justicia nacional, y porque la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala durante el conflicto armado interno pasa a ser parte de nuestra historia oficial. De la verdad se ha hablado en los más altos organismos mundiales, así como en el Remhi y en el Informe Memoria del Silencio. Este juicio permite, de manera pública, escuchar en la propia voz de las víctimas y de sus familiares, las atrocidades a las que fue sometido el pueblo Ixil. Esto constituye un esfuerzo de dignificación a las víctimas.

Nunca como ahora la versión guardada en la memoria de los testigos había lucido con toda su crudeza. Y nunca como ahora a ello se le puede denominar invención de la izquierda, o de los defensores de derechos humanos, o del terrorismo internacional o de mentirosos, como me señalaron a mí durante más de treinta años. Más bien aquí lo que se expresó fue la manifestación más abominable del terrorismo de Estado, del racismo y la discriminación. Ya solo con ello el juicio se hace trascendente porque la verdad de las víctimas, puesta delante de un tribunal, a estas alturas no puede ser ya más tergiversada, y menos aún, ocultada. Sin embargo, esta es apenas una parte de la verdad, pues de ella también son parte muchos ancianos, niños, mujeres y hombres víctimas de soldados y patrulleros. Pero la verdad de quiénes fueron los responsables mediatos de esa crueldad, es la que se está dilucidando.

Luego de las declaraciones del testigo Leonardo Reyes, en las cuales implica al actual Presidente de la República, algunas personas no dejaron de poner el grito en el cielo. De entrada, las mismas fueron calificadas de confabulaciones y complots contra la institucionalidad y la paz. Argumentaron que estas constituían un elemento más para la confrontación y contra la unidad nacional. En ese sentido, corresponde, en primera instancia, colocar las declaraciones en su justa dimensión. No es al Presidente al que se está juzgando, por lo cual resulta ilógico que el gobierno, y en particular el mandatario, accione públicamente para desmentir tales declaraciones. Eso solo se hace, justamente delante de un tribunal. La pregunta que surge es: ¿Por qué el apresuramiento? Seguramente es para cortar las cosas de tajo y despejar el escenario con relación al Presidente. Lo cierto es que en un contexto, como en el que se perpetraron los hechos, todo llama a duda respecto a quién participó y quién no, ya hubiera sido operando o bien dando órdenes.

Como ya se ha dicho, no es el Presidente el sindicado, y de lo que se trata de fondo con el juicio, es probar si hubo o no genocidio. Por supuesto que en esto ya hay una verdad que queda a flor de piel: la de las víctimas. Sin embargo, nadie debe quedarse tranquilo sino hasta que la verdad total se conozca.

- Rigoberta Menchú Tum

Premio Nobel de la Paz

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