Los acuerdos políticos para la elección de los integrantes del TC y de la Defensoría
18/07/2013
- Opinión
La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de la Defensora del Pueblo ha sido catalogada por diversos sectores como “Vergüenza Nacional”, y lo es. El pacto entre las principales fuerzas políticas del parlamento: el nacionalismo, Perú Posible, Alianza por el Gran Cambio y el fujimorismo terminó por concretar una situación que, en días previos, parecía podría evitarse debido a los cuestionamientos sobre los candidatos y la candidata. En una elección cuestionable, con gritos, retiro de bancadas del hemiciclo, las principales fuerzas políticas defendieron el denominado consenso o, más bien, la repartija previa a la elección.
Muchas preguntas por resolver ha dejado la sesión del pleno. ¿Por qué se realizó la elección por bloque? Aunque la legalidad de este proceso aún tiene serios cuestionamientos, lo cierto es que se intentó evitar que los ciudadanos y los medios de comunicación conocieran cuáles son los congresistas que eligieron a los magistrados más cuestionados y a la nueva defensora del pueblo. ¿Se imaginan al ex vicepresidente Omar Chehade eligiendo al abogado de Fujimori como magistrado del TC? Diversas situaciones como esa, que por la trayectoria política de los congresistas podrían considerarse inverosímiles o absurdas, buscaron esconderse detrás de la elección en bloque. Los congresistas eran conscientes que para concretar las candidaturas más cuestionadas la única forma era evitar la elección individual pues, a pesar de la excusa del consenso político el voto consensuado peligraba. Asumir la responsabilidad de sus actos es un tema pendiente en la clase política peruana y ayer no fue la excepción, esta vez se escondieron detrás del anonimato que les daba el pacto.
¿Por qué la tozudez de los parlamentarios para sacar adelante la elección? Lo que se sabe hasta ahora es que detrás de la coartada del consenso político existen otros acuerdos. El primero, el nacionalismo no iba a permitir tener minoría en el pleno del TC con casos tan cuestionados como la ley del servicio civil, el conflicto de Conga o el servicio militar obligatorio. Por eso si solo se elegía a algunos magistrados, peligraba el poder del gobierno en el nuevo TC. El segundo, la reelección del nacionalismo en la mesa directiva del Congreso. Toda la negociación política ha sido fruto del incesante trabajo del actual presidente del congreso, Víctor Isla, el cual aseguró, según diversas voces parlamentarias, la elección de los magistrados y la defensora a pesar de sus cuestionamientos, con tal de asegurar la reelección del partido de gobierno en la mesa directiva que tiene como principal candidato al propio Isla. El tercer acuerdo involucró a Perú Posible y sobre todo a Alejandro Toledo. En el momento más complicado de su trayectoria política, una comisión investigadora para indagar sobre la compra de los inmuebles sería poner el tema en agenda pública durante varios meses, la votación de los congresistas de Perú Posible ayer zanjaría una investigación ad hoc en el parlamento. En cuarto lugar, la bancada Alianza por el Gran Cambio, especialmente el Partido Popular Cristiano, se aseguró en la práctica una mayoría en el directorio del Banco Central de Reserva, aunque el tema de la política macroeconómica pareció importar poco a los legisladores y a casi todos los sectores políticos indignados con la votación de ayer.
Por otro lado esta elección demuestra el poder fujimorista. Con una cúpula enfrentada y con Kenji seriamente vinculado al narcotráfico, la bancada de Fuerza Popular se muestra cohesionada y casi sin fisuras. Los fujimoristas apostaron alto al presentar como candidato al socio principal del estudio de abogados que defiende no solo al ex presidente Alberto Fujimori sino a los principales procesados por delitos de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos perpetrados en la década los años noventa. Conscientes de los cuestionamientos que existían sobre su candidato decidieron seguir adelante y de paso incomodar a Perú Posible, vetando a Fausto Alvarado, tanto para el TC y luego a la defensoría. Los fujimoristas lograron salir airosos de su apuesta y se ven fortalecidos, especialmente porque tienen diversos casos que tienen pendientes en el Tribunal Constitucional.
Entre los reclamos airados de los parlamentarios que decidieron retirarse del pleno, como con sus militantes en las calles, se encontraban los integrantes del partido aprista. Envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción por los“narcoindultos”, el partido de la estrella enfiló sus críticas contra la designación de los magistrados y la nueva defensora, buscando sacar provecho y lavarse, un poco por lo menos, la cara. Por años lograron tener una presencia considerable dentro del Tribunal Constitucional con magistrados que no ocultaron abiertamente su militancia aprista y si considerando que este organismo habla a través de sus sentencias, estas casi siempre fueron favorables al partido de la estrella, como caso emblemático figura la sentencia sobre la matanza de los penales del primer lustro de Alan García. La desilusión aprista se hace evidente cuando un amigo del ex presidente señala en su columna diario que solo el TC podría impedir la persecución del Congreso contra García[1] Así como fue durante las protestas contra el gobierno en el gobierno de Toledo, el Apra buscará sacar el mayor provecho a la indignación ciudadana.
Con los serios cuestionamientos a los nuevos integrantes del TC (ver: A los congresistas que se respeten), queda la reflexión ¿el Tribunal Constitucional que se despide es mejor o merece quedarse? La encrucijada es trágica. Lo cierto es que los magistrados salientes no dejan la valla muy alta y merecen ser investigados por la prensa, el Congreso y el Ministerio Público. Lo que terminó por dinamitar la salida de los magistrados fue la sentencia sobre los bonos agrarios, haciendo caso omiso a los pedidos del parlamento y el presidente de la República. El saliente TC, donde 5 de sus miembros tienen el periodo vencido y hay un puesto vacante, se pronunció, con criterios legales antes que legítimos, sobre uno de los hechos más controvertidos de la historia peruana. El presidente del Tribunal Constitucional, quien fue por 21 años funcionario de uno de las instituciones acreedoras de los bonos[2] y todavía seguirá en este órgano, no se inhibió, adelantó opinión y usó su voto en calidad de presidente del Tribunal para emitir la sentencia. Entonces los bonos tendrán que pagarse, como ha señalado el más conspicuo representante de la derecha peruana, “aunque algunos buitres se den un festín”.
Finalmente, hay que ver si esta elección, realizadas de espaldas al sentimiento popular y las leyes, se puede concretar. Desde sociedad civil se alistan acciones legales y se empieza a convocar a marchas. La indignación es grande, y con razón. Ahora, lamentablemente, tenemos nada más y nada menos que a Rolando Sousa de integrante del TC.
Notas:
[2] En el curriculm de Urviola señala que se desempeñó por 21 años, de 1983 a 2004, como funcionario del Banco de Crédito, institución acopiadora y tendera de los bonos agrarios. Ver CV: http://www.tc.gob.pe/imagen/mag_cv/ourviola_cv.pdf
https://www.alainet.org/es/active/65822?language=en
